viernes. 29.03.2024
LA DERECHA INCIDE EN LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD

El programa del PP no menciona ni el impuesto para ricos ni la tasa para las transacciones financieras

Así se desprende del análisis realizado por el colectivo de Técnicos de Hacienda (GESTHA) sobre las propuestas eonomicas que figuran en los programas electorales de los principales partidos que concurren a los comicios.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) han elaborado un informe en el que analizan de forma transversal las medidas económicas que proyecta aplicar cada partido político tras las elecciones generales del próximo 20 de noviembre. 

Este análisis se ha realizado a partir de los programas hechos públicos hasta la fecha por los principales partidos que concurren a los comicios, ordenados en función del número de votos obtenidos en las últimas elecciones generales, es decir: Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Partido Popular (PP); Izquierda Unida (IU); Convergència i Unió (CiU); Unión, Progreso y Democracia (UPyD); Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (PNV); Esquerra Republicana de Catalunya-Reagrupament (ERC); Bloque Nacionalista Galego (BNG); Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC); Geroa Bai -antigua Nafarroa Bai- (GeBa) y Coalición Compromís.

Para ello, se ha establecido una división de las medidas en diversas materias económicas y políticas, incluyendo varios bloques principales -como políticas fiscales, ordenación financiera o austeridad y eficiencia- y múltiples políticas de ámbito más concreto -modificación del IRPF, postura sobre las diputaciones, recortes a aplicar, etc.-. A continuación se detallan algunas de las conclusiones obtenidas:

La mayoría coincide en la necesidad de mejorar la equidad entre la fiscalidad que se aplica a las rentas del trabajo y las procedentes del capital

Coincidencias en políticas tributarias

Las propuestas de los partidos sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) giran en torno a una idea clave: mejorar la equidad entre la fiscalidad que se aplica a las rentas del trabajo y las procedentes del capital. Más allá de esta idea general, son pocas las formaciones que se aventuran a mostrar medidas concretas, a excepción de IU, CiU y Compromís, que cuentan con amplios planes sobre este aspecto.

También respecto al Impuesto de Sociedades los diferentes partidos que concurrirán a las elecciones del 20-N parecen mostrar cierto consenso, que en este caso se centra en la necesidad de reducir las diferencias entre los tipos aplicables a grandes y pequeñas empresas, aunque cada formación cuenta con su propia fórmula. Así PP, CiU y ERC apuestan por bajar la tributación a las pequeñas empresas, mientras que IU y BNG proponen aumentar la tributación a las grandes empresas.

Un consenso general se aprecia en la idea de posponer el devengo del IVA hasta el momento en que se cobre la factura. Junto a este, otro de los caballos de batalla de los partidos es la modificación del IVA en el sector de la vivienda, aunque cada formación apuesta por una fórmula y un ámbito de aplicación diferente (compra, alquiler o rehabilitación).

Adicionalmente, los partidos de izquierdas -como IU o el BNG- proponen reducir el impuesto aplicable a ciertos bienes de primera necesidad, especialmente alimentos. Por su parte, PP y ERC coinciden en extender el IVA más reducido a todas las viviendas, que CIU limita a todas las viviendas de protección oficial -independientemente del tipo de modalidad-, además de defender la aplicación de un menor IVA al sector turístico (el denominado IVA turístico).

En líneas generales, parece existir también cierta coincidencia en la necesidad de crear un nuevo Impuesto para las grandes fortunas que tenga un carácter permanente y más recaudatorio, únicamente los programas del PP y CC no se han pronunciado al respecto. Por otro lado, la gran mayoría de las formaciones consideran necesario evitar que se utilicen las "vías de escape" que existen actualmente, señalando una nueva regulación contra los abusos de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV).

También las instituciones financieras son objeto de diversas medidas, ya sea mediante la creación de un impuesto a sus beneficios, como reclama el PSOE, o con la aplicación de una tasa a las transacciones financieras, defendida por los programas de todos los partidos, salvo el PP que no lo menciona. Por otro lado, la mayoría de formaciones quieren aplicar medidas para agilizar el pago de las deudas de la administración a pymes y autónomos, y algunas -como el PP, IU y CiU- proponen crear una cuenta de compensación de tributos con importes adeudados por las Administraciones públicas.

En materia de austeridad y eficiencia el PP es la formación que más propuestas plantea

Fraude fiscal, austeridad y Estado del Bienestar

Absolutamente todos los partidos coinciden en la necesidad de mejorar la eficacia en la lucha contra la economía sumergida, aunque el detalle de las propuestas varían en función de cada programa. Entre las medidas más habituales se encuentra la creación de un plan integral antifraude, la mejora de los métodos de inspección, la erradicación de los paraísos fiscales, la colaboración entre administraciones, el aumento de los recursos de que dispone actualmente la Agencia Tributaria estatal, e incluso IU propone la creación de un Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda.

En materia de austeridad y eficiencia el PP es la formación que más propuestas plantea, apostando por un control exhaustivo del déficit público. El PNV también se pronuncia en este sentido, aunque sin detallar el método a seguir, mientras que UPyD se centra en defender la unidad del mercado interno, y el BNG pone el acento en el mantenimiento de las políticas sociales.

En general, la mayoría de partidos considera necesario lograr una mayor eficiencia en el gasto público evitando duplicidades y solapamientos entre las diferentes Administraciones públicas, así como un mayor control del gasto público, aunque no han abordado la materia con demasiado detalle. En este sentido, PP e IU hacen referencia a la modificación o potenciación del Tribunal de Cuentas, a lo que se suman diversas menciones a cambios normativos que consideran necesarios.

En cuanto al futuro del Estado del Bienestar, todos los partidos repasan en sus programas, con mayor o menor intensidad, los servicios básicos, como educación, sanidad, acceso a la vivienda, igualdad, dependencia, pensiones o cultura. El PSOE apuesta por mejorar la calidad de los servicios, al igual que hace el PP, aunque en su caso la medida pasa por el fomento de la colaboración público-privada. El PNV alude a la necesidad de evitar que los recortes afecten a las políticas sociales básicas.

Los dos grandes partidos apuestan por dotar de mayor protagonismo a los ayuntamientos

Administración local y autonómica

Los dos grandes partidos apuestan por dotar de mayor protagonismo a los ayuntamientos; así, el PSOE quiere modificar la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local para crear entes de coordinación, mientras que el PP articula sus objetivos en varias propuestas -nueva ley, fusión de municipios, institucionalización de la FEMP, etc-.

Además, todos los partidos coinciden en que es necesario aprobar un nuevo modelo de financiación para garantizar la suficiencia económica de los ayuntamientos. Para evitar el descontrol de la cuentas de muchos municipios, los populares proponen condicionar la concesión de ayudas y subvenciones a aquellos consistorios que rindan cuentas, mientras que para las corporaciones locales de más de 5.000 habitantes exigirán la elaboración de auditorías financieras y operativas.

Los técnicos de Hacienda entienden que todos los partidos proponen que se generalicen las auditorías operativas, que expresamente señala el PP, cuyo fin es comprobar si se han utilizado los recursos puestos a disposición del ente auditado de forma eficaz y económica y si los objetivos pretendidos se han alcanzado; de manera que dicha información sirva, en el futuro, para mejorar la gestión (reduciendo gastos, si es posible; modificando la política seguida, si no se han alcanzado los objetivos perseguidos o volviendo a definir los objetivos, en su caso).

Por su parte, la conservación o no de las diputaciones separa al PP del resto de partidos. Así, este partido quiere mantenerlas, aunque introduciría cambios para modernizar su marco legal y adaptarlas a los tiempos actuales. Mientras que el PSOE apuesta por eliminarlas y transformarlas en Consejos de Alcaldes, con el objetivo de reforzar la estructura local. IU, CiU, ERC, BNG y Compromís abogan por su supresión a favor de las Comunidades autónomas, al igual que UpyD que incluye también la supresión de las Diputaciones Forales. Obviamente, CC, GeBa y PNV no se pronuncian sobre las Diputaciones provinciales porque no afecta directamente a sus territorios, aunque el PNV advierte que se opondrá a cualquier tentación recentralizadora que afecte a Euskadi.

Todos los partidos, y sobre todo PSOE y PP, quieren que se delimiten las competencias del Estado respecto a las autonomías para evitar solapamientos y reducir el gasto evitando estructuras burocráticas duplicadas. Pero las posturas de los grupos están enfrentadas. Así, PP y PSOE son opuestos a los partidos regionalistas como CiU, ERC, CC, BNG y Comprimís que reclaman la supresión de algunos Ministerios cuyas competencias corresponden en exclusiva a las CCAA, e incluso piden hacerse con la administración territorial del Estado.

Otra polémica se vislumbra con la financiación autonómica, CiU condiciona su apoyo al próximo Gobierno al cumplimiento del Pacto Fiscal, al que se opone ERC que reclama el Concierto económico en Cataluña, mientras que UPyD pide la desaparición de los conciertos económicos vasco y navarro, así como las cláusulas de algunos estatutos autonómicos de compromiso de inversiones estatales. También hay partidos (PP, UPyD) que abogan por liberar al mercado interior español de las normativas comerciales de las CC AA y de restringir la transferencia de competencias desde el Estado.

Las formaciones consideran imprescindible la culminación de los procesos de integración entre entidades financieras

Sistema financiero

La mayor prudencia y los controles del sector financiero son dos premisas en las que coinciden todos los partidos. En este sentido destacan las propuestas de dotar de mayor independencia y competencias al Banco Central Europeo, al Banco de España o a la CNMV, como proponen PP, UPyD y Geroa Bai. Por su parte, los partidos más a la izquierda, como IU, el BNG y Compromís, promueven el fortalecimiento de una banca pública aprovechando la estructura actual del ICO.

De modo generalizado, las formaciones también consideran imprescindible la culminación de los procesos de integración entre entidades financieras españolas para que el crédito fluya a empresas y familias. Las propuestas en el ámbito financiero van en varias direcciones: limitar los sueldos y bonus de los directivos, nacionalizar parcialmente entidades para impulsar los préstamos, introducir la dación en pago o quitarle a las autonomías sus competencias sobre la cajas de ahorros.

En cuanto a la mejora del empleo, son varios los partidos que estiman necesario llegar a un pacto por el empleo para acabar con la grave situación de desempleo que afecta a España. Además de esta petición, muchas de las propuestas electorales van encaminadas a estimular la actividad emprendedora mediante incentivos fiscales y cambios de distinto signo en la negociación colectiva.

También existe una demanda de PSOE, PP y CiU dirigida a profundizar en la reforma laboral aprobada por el Gobierno socialista, mientras que otros partidos apuestan por una modificación contraria. Existe consenso en que para aumentar la contratación, se propone la simplificación de la tipología de contratos y la reducción de jornada o la extensión del teletrabajo.

Finalmente, y de cara al colectivo de autónomos, los partidos apuestan por la aprobación de una ley que fomente la actividad empresarial, además de incentivos fiscales o bonificaciones. Los partidos creen que, además de mejorar la contratación, es necesario simplificar los trámites administrativos para la creación de una empresa e impulsar nuevas fórmulas (‘capital riesgo', ‘capital semilla' o ‘business angels').

El programa del PP no menciona ni el impuesto para ricos ni la tasa para las...