En concreto, la declaración contempla que, mediante un análisis previo de la necesidad y destino de esos fondos y siempre que las comunidades autónomas beneficiadas por la medida estén al corriente del cumplimiento de sus objetivos de estabilidad presupuestaria, el Estado pueda avalar sus emisiones de deuda.
Además, piden al Gobierno de España que lleve a cabo otras dos actuaciones "inmediatas" con las que afrontar el "problema de liquidez que él mismo generó", en aplicación del "principio de lealtad institucional". En concreto, tal y como anunció por la mañana el líder del PP, Mariano Rajoy, piden el aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009. Esta medida, consideran, no implicaría "incremento alguno de deuda pública", pero sí "supondría unas menores necesidades de financiación de las comunidades autónomas".
En este sentido, Rajoy explicó que las comunidades autónomas están "obligados" a devolver al Gobierno "sumas importantes de recursos públicos" porque el Ejecutivo "en su día les dio más dinero que el que les correspondía porque se equivocó en su diagnóstico" económico y previó que iba a recaudar más dinero en ingresos públicos, dijo.
En segundo lugar, exigen estabilidad de los flujos de tesorería, estableciendo un procedimiento de pago a cuenta de los fondos adicionales del modelo de financiación, incluidos los fondos de convergencia, para todos los años. Es decir, "se entregará a cuenta un alto porcentaje de la cuantía prevista en el año en curso y se liquida después", indica el documento, que considera que "no tiene sentido que el 100% del fondo se perciba dos años más tarde en la liquidación".
A cambio, las comunidades autónomas del PP se comprometen a actuar "de forma coordinada" en la mejora de la eficiencia del gasto público y en la consecución de una mayor unidad de mercado, así como a apoyar las reformas legislativas necesarias de carácter nacional que garanticen la estabilidad presupuestaria y aseguran que aprobarán normas de desarrollo a nivel autonómico de dicho marco nacional.
A juicio de los presidentes 'populares' la "única manera" de llevar a cabo un ajuste de "tanta envergadura" como el que se necesita en el sector público para hacer frente a la crisis fiscal es "una reforma institucional del sector público". La solución, dicen, pasa además por reducir los niveles de gasto, ya que la opción de subir los impuestos limitaría la capacidad de crecimiento.
Para comenzar, la declaración reitera el compromiso con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, ya que consideran que sólo así "es posible garantizar los servicios públicos esenciales", y afirman su compromiso con la transparencia para conocer la situación y aportar las soluciones oportunas que generen credibilidad y confianza.
A juicio de los presidentes autonómicos 'populares', en estos momentos de "incertidumbre" económica, un ejercicio de rigor y credibilidad "ayudará a mejorar la imagen de España y servirá de punto de partida para las políticas de austeridad y reformas de los actuales gobiernos autonómicos y el futuro Gobierno de España".
Además, piden acabar con los atrasos en los pagos de la deuda comercial, "una forma muy ineficiente e injusta de financiarse" que "hace recaer el esfuerzo de financiación de las administraciones en los más débiles, las pymes y los autónomos".
En el marco de este compromiso con la transparencia, defienden la verificación de la situación de tesorería en el momento de cambio de gobierno; la comprobación de la realidad de estimación de ingresos del presupuesto 2011; un mapa real del entramado de organismos, empresas con participación pública, fundaciones, consorcios y otros mecanismos, determinando su nivel exacto de endeudamiento; y el desarrollo de un 'portal' de la transparencia' que dé acceso a los ciudadanos de manera permanente a todos los procedimientos y políticas de las administraciones.
Además, avanzan que propondrán una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establezca la obligatoriedad para el conjunto del sector público el "escenario de austeridad" definido en este documento y que contemple la reducción del déficit público al 3% para 2013 como "primer paso" aunque "no suficiente".
También consideran que deberá establecer "techos de gasto y endeudamiento" para las Administraciones públicas, incluir la obligación de aprobar el volumen máximo de beneficios fiscales y una previsión indicativa del gasto financiero del presupuesto, eliminando así la posibilidad de establecer nuevas necesidades de gasto por encima del techo de gasto aprobado.
Asimismo, quieren que contemple el endurecimiento de la responsabilidad contable de los gestores públicos que incumplan las normas de disciplina y especialmente de transparencia, para "penalizar conductas irresponsables, como por ejemplo la acumulación de 'facturas en el cajón'".
Pero además de este catálogo de propuestas, exigen responsabilidades al Gobierno por el "incumplimiento de sus obligaciones, especialmente por sus efectos sobre la liquidez". En concreto, defienden que los niveles actuales de deuda son "responsabilidad del Gobierno", porque "la gran mayoría del endeudamiento autonómico y local ha sido autorizado por el Consejo de Ministros".
Para poder dotar de sostenibilidad a los servicios públicos esenciales, exigen al Ejecutivo que ejerza sus "facultades competenciales" y, entre otras cosas, reforme en profundidad el conjunto del sector público mediante una modificación de la Ley de Bases de las Haciendas Locales que evite solapamientos y garantice los recursos necesarios.
También piden una normativa sobre unidad de mercado para eliminar organismos redundantes y una reforma de la normativa básica estatal que permita mejorar la eficiencia de los servicios públicos esenciales, así como el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno en la financiación de la Ley de Dependencia y un programa de reequilibrio financiero para el Sistema Nacional de Salud que "evite morosidad inasumible".
Por su parte, las comunidades autonómicas del PP aprobarán un plan estratégico de racionalización del gasto corriente a cuatro años que contemple una política integral de gestión del patrimonio inmobiliario y de los alquileres de las Administraciones públicas; la creación de centrales de compra para conseguir mejores precios; acuerdos entre comunidades autónomas para la contratación conjunta de determinados bienes y servicios; reducción del gasto de presentación y publicidad; reducción del parqué móvil, desarrollando el uso compartido; racionalización del uso de teléfonos móviles y plan de ahorro energético basado en el concepto de eficiencia.
