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NUEVATRIBUNA.ES- 02.02.2010

El Gobierno jamás logrará aprobar su reforma de las pensiones en el Pacto de Toledo. Al menos si pretende seguir con la tradición de consenso en esta materia, el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero tendrá que rebajar sus aspiraciones de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años. En caso contrario, hallará a izquierda y derecha una franca oposición a una reforma que, en cualquier caso, tiene pocos visos de ser aprobada antes de 2011.

La oposición considera que el Gobierno lanza “fuegos artificiales” con el documento donde el Ejecutivo ha plasmado su intención de reformar el sistema de pensiones español, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes. Desde entonces, el Gobierno ha ido matizando sus intenciones de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años, y opta ahora por diferenciar entre los distintos sectores profesionales para admitir excepciones.

Reunidos por la Asociación de la Prensa de Madrid (APP), los portavoces de los grupos políticos cargaron hoy contra un Gobierno que “intenta enmascarar la mala situación de nuestra economía” con su propuesta sobre las pensiones, según informó el diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, la formación que está integrada en la Comisión del Pacto de Toledo.

Fuentes parlamentarias afirmaron hoy a Europa Press que la reforma impulsada por el Gobierno no se aprobará previsiblemente hasta el año que viene.

Aparte del contenido, los grupos parlamentarios reprocharon hoy “la forma” elegida por el Gobierno para lanzar el debate sobre la viabilidad del sistema de pensiones. “Hemos transitado del Pacto de Toledo hasta el ‘pensionazo’ de Davos”, resumió el diputado de IU, Gaspar Llamazares.

En este sentido, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO confirmaron hoy su rechazo a los planes del Gobierno y anunciaron el inicio de sendas campañas para explicar su oposición a la reforma a sus afiliados. Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) animó al Gobierno a seguir por un camino que calificó de “positivo” en la misma línea que la patronal CEOE, cuyo presidente, Gerardo Díaz Ferrán, abogó hace días por prolongar hasta los 70 años la edad de jubilación.

EL GOBIERNO PROPONE

Reunidos por la APP, los grupos políticos con representación en la Comisión del Pacto de Toledo cargaron contra la propuesta del Gobierno y presentaron alternativas para una reforma que consideran necesaria, en líneas generales, según expresaron hoy los portavoces del Grupo Socialista, Isabel López i Chamosa, del Grupo Popular, Tomás Burgos, de IU, Gaspar Llamazares y de CiU, Josep Sánchez Llibre.

El diputado de CiU, Josep Sánchez Llibre, explicó las propuestas que su grupo trasladará a la Comisión del Congreso. “De entrada no estamos de acuerdo con obligar a todos los trabajadores a jubilarse a los 67 años”, explicó, tras tildar de “frívola, precipitada, improvisada y, a la vez, contradictoria” la propuesta del Gobierno, a la que el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se opuso hace apenas quince días, aseguró.

En cambio, para la portavoz del Grupo Socialista, Isabel López i Chamosa, el Gobierno sólo “propone un debate” con la intención de que “al final” se alcance “un consenso” entre todos los grupos políticos.

“Habrá acuerdo en el Pacto de Toledo, pero no con esta propuesta”, contestó el portavoz del Grupo Popular, Tomás Burgos, quien acusó al Gobierno de provocar alarma entre la población. En su lugar, los ‘populares’ defienden incentivar la prolongación “voluntaria” de la vida laboral.

PREJUBILACIONES Y LAS PENSIONES DE LOS DIPUTADOS

Los diputados sólo expresaron unanimidad respecto a sus propias pensiones. Según explicaron, el Congreso complementa las pensiones de aquellos diputados que no han logrado cotizar lo suficiente a lo largo de su vida laboral como para alcanzar la pensión máxima –que ronda los 2.400 euros-, un hecho raro, por otro lado, y que sólo se ha producido en el caso de dos diputados en los último 30 años, aseguró Chamosa.

Respecto a las prejubilaciones, todos los grupos se mostraron dispuestos a restringir este sistema al que ahora pueden acogerse las empresas para deshacerse de los servicios de trabajadores mayores de 52 años. Sin embargo, los socialistas abogaron por buscar una fórmula que permita “prohibir en lo posible” su uso por parte de las grandes empresas, aunque se mantenga en las pequeñas.

Chamosa apostó por mantener la figura de las prejubilaciones para las microempresas. De este modo se beneficiarán los empleados de los pequeños establecimientos que cierran y cuyos trabajadores de 50 años encontrarían grandes dificultades para hallar un empleo.

Por su parte, el portavoz de CiU se mostró a favor de retrasar la edad de jubilación más allá de los actuales 52 años. “Tampoco estamos de acuerdo con subirlo a los 58 años”, añadió, tras apostar por que, “si van a existir prejubilaciones” en la banca –afectada por la crisis-, deberían hacerse “de otra manera”.

En general, los grupos políticos pidieron que se libere a la Seguridad Social de financiar asuntos que no le competen, que deberían pasar a financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, el ex ministro socialista Jordi Sevilla pidió hoy la creación de un nuevo impuesto que cumpla estos mismos fines.

CiU pidió orientar el modelo de pensiones hacia un sistema que prime las cotizaciones en lugar de la edad de jubilación. En este sentido, la socialista Chamosa ilustró las disfunciones del sistema actual con el ejemplo de un trabajador de 50 años que no habría generado derecho a pensión, pese a haber cotizado durante treinta años, al no haber alcanzado los 52 años de edad. Por su parte, el PP pidió incentivos para la jubilación parcial y ayudas a la prolongación voluntaria de la vida laboral.

Mientras tanto, IU recordó que el importe de las pensiones contributivas españolas supone un 65 por ciento de la media europea, y un 50 por ciento, en el caso de las no contributivas. Además, recordó que la inversión española en pensiones alcanza un 9 por ciento del PIB, frente al 12 por ciento de media europeo, y pidió mejorar la “contributividad y la solidaridad” del sistema.

El ‘pensionazo’ de Davos rompe el consenso del Pacto de Toledo