El Grupo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) en el Congreso propone una reforma "profunda" del sistema financiero que tenga como eje central la creación de un polo de banca pública a través de la nacionalización de las cajas de ahorros, de sus bancos participados y de los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) constituidos, y que incluya también al Instituto de Crédito Oficial (ICO).
En su proposición no de ley (PNL), el grupo parlamentario precisa que aunque en las nuevas cajas nacionalizadas se respetarían las actuales participaciones privadas de capital, "desprovistas de derechos políticos y sin que puedan aumentar", si bien el riesgo "estaría mutualizado mediante una institución tipo SIP".
Para que su gestión sea democrática, participarían en ella electos locales y autonómicos, representantes de los trabajadores y de los impositores; mientras que el control sería independiente para poder exigir "responsabilidades administrativas y penales, en su caso, a los gestores". Por su parte, el control económico de las entidades nacionalizadas debería ser incluido dentro de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
Además, las decisiones de las nuevas cajas deberían estar "territorializadas, garantizándose un porcentaje mínimo de crédito en función de los depósitos en cada territorio" y respetando las competencias autonómicas en materia de control y regulación de estas entidades.
En la misma línea, esta banca pública deberá "reducir y racionalizar" los salarios de los directivos y eliminar los incentivos vinculados a las operaciones de riesgo, así como limitar y controlar las inversiones en actividades especulativas, especialmente en el sector inmobiliario, y las operativas bancarias hacia y desde paraísos fiscales.
FACILITAR EL CRÉDITO
El principal objetivo de este nuevo sistema debe ser facilitar "con eficiencia y a costes competitivos" las necesidades de crédito de empresas y familias, a la vez que actúa para "limitar el sobreendeudamiento familiar".
Para conseguirlo, se propone "vincular las ayudas públicas directas o indirectas al flujo de crédito hacia las empresas y familias, con una especial atención a las pymes y autónomos", especialmente en proyectos vinculados a la creación de empleo.
Con respecto al parque inmobiliario con el que actualmente cuentan estas entidades, debería traspasarse a una Agencia Gestora de Vivienda Pública en Alquiler, dependiente del SIP, para crear una oferta pública de vivienda en alquiler moderado.
Las cajas también tendrían como objetivo "proteger a las personas con créditos hipotecarios" mediante un cambio en el mercado hipotecario para que "sólo se responda de los créditos con el bien hipotecado" y para impedir "actuaciones concertadas entre entidades financieras y sociedades de tasación y cuyo resultado es el incremento de precio desorbitado en suelo e inmuebles". Para defender a los usuarios bancarios en general, estas cajas no cobrarían "comisiones injustificadas" ni tendrían "cláusulas abusivas".
Por otra parte, la Izquierda Plural subraya en su iniciativa que las cajas nacionalizadas deben seguir contando con su obra social y deben garantizar el empleo existente.
ENTIDADES INTERVENIDAS
Por otra parte, la reforma debería buscar el fortalecimiento de la solvencia del Fondo de Garantía de Depósitos para "garantizar los ahorros de la ciudadanía y reforzar la solvencia de las entidades de crédito, dado que las nuevas funciones que se le han asignado exceden en mucho la capacidad financiera que el organismo tiene".
Asimismo, IU-ICV-CHA exige que se garantice "la plena operatividad en la dirección y la gestión de las instituciones que reciban cualquier tipo de ayuda pública" y que se modifiquen las competencias y funciones del gobernador del Banco de España para "asegurar su supervisión e intervención en el sistema financiero".
"El desarrollo simultáneo de un polo complementario de banca pública que, junto a las cajas nacionalizadas, cuente con el despliegue funcional y territorial del ICO; la recuperación de las fichas de bancos públicos hoy no operativos -Banco de Crédito Local, Banco Hipotecario, etc.-, la renacionalización de la Banca Postal y el despliegue de las Agencias de Inversión de las Comunidades Autónomas" son el último punto incluido en la propuesta.
La Izquierda Plural plantea esta iniciativa apenas unas semanas después de la convalidación en la Cámara baja del decreto ley de saneamiento del sistema financiero que "profundiza" en medidas ya conocidas como "estimular los procesos de fusión y adquisición" para garantizar la solvencia de las entidades, medida que "ha mostrado reiteradamente su ineficacia" y que además requiere de transferencias de recursos públicos mientras se "recorta el gasto social, se reducen plantillas y se empeoran las condiciones de trabajo".
