En junio de 2012, el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), sacó a concurso dos contratos para la gestión del servicio denominado "Actuaciones de Gestión sobre el Patrimonio de Viviendas y Garajes del IVIMA", uno para los ubicados en la ciudad de Madrid, y otro para los ubicados en el resto de la Comunidad. Las dotaciones económicas son de 465.907,99 y 530.949,59 euros, respectivamente.
Tras privatizar su gestión, transfiere más de un millón de euros a una empresa privada y pone a su personal a trabajar para esta empresa
Sorprendentemente, la Administración alega que "dada la dificultad que supone operar con un patrimonio de viviendas tan voluminoso, disperso y, unido a la carencia de medios humanos y materiales disponible en el IVIMA, se hace necesaria la contratación, mediante concurso, de una empresa de servicios". Hasta aquí, a pesar de se hace difícil creer la justificación, se trataría de una externalización más a las que nos tiene acostumbrados el Gobierno heredado por Ignacio González.
Sin embargo, el problema surge cuando una de las clausulas indica que “El IVIMA facilitará al adjudicatario del contrato al que se refiere el presente pliego cuantos modelos de listados, relaciones, actas y cuantos documentos sean necesarios para el desarrollo de la gestión encomendada”. Bajo este paraguas, se genera una laguna que hace que el personal propio del IVIMA se encuentre, actualmente, trabajando para la empresa adjudicataria. Parece ser que el millón de euros que se les ha adjudicado no es suficiente para saciar sus ansias de ganar dinero fácil de los impuestos de la Comunidad, y contratar a las personas necesarias para realizar el trabajo. O quizá, en sus intenciones y a pesar de la justificación, el IVIMA contaba con utilizar a su propio personal para realizar el trabajo.
CCOO de Madrid se reserva cuantas acciones sean precisas en defensa de los servicios públicos y su gestión directa.
