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domingo 22/5/22
LOS BANCOS DEBERÁN PROVISIONARSE CON 30.000 MILLONES

El Gobierno obliga traspasar los activos tóxicos del ‘ladrillo’ a un ‘banco malo’

El agujero por la burbuja inmobiliaria ronda los 180.000 millones de euros. El Ejecutivo del PP aprobó este viernes un paquete de medidas de saneamiento del sistema financiero que incluye ayudas públicas a un interés del 10%.

El ministerio de Economía encargará a dos expertos independientes la valoración de toda la cartera de activos de la banca española

Se trata de la cuarta reforma financiera desde que comenzó la crisis y la segunda del Gobierno de Mariano Rajoy y cuya aprobación se ha acelerado esta semana tras conocerse la situación de Bankia.

El Ejecutivo obliga a las entidades financieras a traspasar sus activos inmobiliarios “tóxicos” antes de que acabe 2012 y a provisionarse con 30.000 millones de euros para los sanos, es decir, casi la mitad (un 45%) de los préstamos realizados al sector promotor y constructor. Estas provisiones afectarán a los créditos inmobiliarios considerados no problemáticos, a diferencia de la reforma aprobada a principios de febrero pasado, que exigió a la banca 54.000 millones para sanear la cartera de créditos morosos o problemáticos.

Así lo anunciaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía, Luis de Guindos, tras el Consejo de Ministros de este viernes que aprobó un real decreto con nuevas medidas de saneamiento para la banca.

A finales de 2011, las entidades financieras contaban con una cartera total a la promoción inmobiliaria de 310.000 millones de euros, de los que 184.000 millones están considerados problemáticos. El resto, unos 123.000 millones, son considerados créditos "sanos", pero aun así el Gobierno cree necesario aumentar su saneamiento, que hasta ahora suponían el  % de su importe, para disipar todas las "dudas sobre la rentabilidad y la solvencia de las instituciones bancarias", dijo el ministro.

El Ejecutivo ha preferido utilizar el eufemismo “sociedades independientes” al término de ‘banco malo”. Pero es esta precisamente la figura que se instrumentará para recoger los activos vinculados al ladrillo. El Gobierno considera deseable que entraran inversores privados en estas sociedades.

De Guindos recalcó que estas medidas responden a la voluntad de "transparencia absoluta" del Gobierno, porque no puede existir la más mínima duda sobre las valoraciones de los activos en manos de la banca. "Si no, la recuperación económica será difícil", advirtió.

La nueva reforma financiera no incluye ayudas a fondo perdido a las entidades que lo necesiten, pero sí apoyos con un tipo cercano al 10% anual. No obstante, las ayudas no superarán los 15.000 millones, ha precisado el titular de Economía.

Por ello, el Real Decreto Ley aprobado contempla que en caso de que una entidad necesite inyecciones de capital, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), podría realizarlo mediante la compra de acciones o a través de la compra de títulos convertibles, aunque "prioritariamente" se optará por esta segunda.

Se trata de la emisión de bonos contingentes convertibles, denominados 'cocos' en el argot financiero, una especie de prestamos que las entidades deberán devolver en cinco años y por el que tendrán que pagar un interés del 10%.

"Este tipo de inyección de fondos no supone la concesión de ayudas públicas", dijo el ministro, quien insistió en que no costará dinero a los contribuyentes, por que no habrá ayudas publicas, sino una "disponibilidad de recursos" por el que se pagará un tipo de interés alto, "el doble de lo que está pagando el Tesoro a esos plazos". El ministro avanzó que el dinero que habrá que inyectar en las entidades "será inferior a lo que inyectó el anterior Gobierno en la primera ronda del FROB", que sumaron 15.000 millones de euros.

Los bancos cuentan con un mes, hasta el próximo 11 de junio, para comunicar al Banco de España cómo piensan acometer estos saneamientos.

Sáenz de Santamaría aseguró que el Gobierno está determinado a "tomar las medidas necesarias" para restaurar la "credibilidad y la confianza" en el sistema financiero. La vicepresidenta explicó que la nueva reforma, al obligar a la banca a aumentar sus saneamientos, permitirá "recuperar" la concesión fluida de créditos y facilitar "la venta de viviendas a precios razonables".

El Gobierno ha decidido también, para dar una imagen de mayor transparencia hacia los mercados, encargar a dos tasadores independientes una valoración de toda la cartera inmobiliaria que tiene en su balance la banca española.


El Gobierno obliga traspasar los activos tóxicos del ‘ladrillo’ a un ‘banco malo’
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