La vicepresidenta para Asuntos Económicos, Elena Salgado, ha dejado la puerta abierta a que el viernes el Gobierno apruebe un aumento de la presión fiscal a las grandes fortunas. Fuentes consultadas aseguran que, en caso de llevarse a cabo, la reforma fiscal se centraría en una subida del tipo marginal máximo del Impuesto sobre la Renta (IRPF), que afectaría posiblemente a aquellos que ingresan anualmente más de 120.000 euros. Además, estas fuentes afirman que el Gobierno podría también recuperar el Impuesto de Patrimonio con algunas variaciones para evitar perjudicar a las clases medias.
Salgado confirmó este miércoles que "no hay tiempo" para crear un nuevo impuesto que grave a las rentas más altas. En cambio, sí existe tiempo, continuó la vicepresidenta económica, “para aumentar la presión sobre las grandes fortunas, permítame que esperemos al viernes", indicó Salgado en declaraciones a la Cadena SER.
Entre las filas de la izquierda, la reposición del Impuesto de Patrimonio se ha convertido en un clamor desde el recrudecimiento de la crisis. El candidato socialista Alfredo Pérez Rubalcaba se ha sumado también a quienes piden la recuperación del Impuesto. Su vuelta permitiría al Estado recaudar hasta 1.240 millones de euros anuales, según los cálculos de los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha, tras conocer la propuesta del candidato socialista.
La inyección adicional de fondos por la recuperación del Impuesto, según la propuesta de Rubalcaba, provendría de los 47.614 contribuyentes que tienen un patrimonio individual superior al millón y medio de euros, excluido el valor de la vivienda habitual y del negocio que constituya su principal fuente de ingresos, afirman desde Gestha.
Un tributo ‘zombie’
La Fundación Alternativas también se ha postulado entre los defensores de la recuperación del Impuesto de Patrimonio. La fundación de carácter progresista envió un informe al Gobierno el pasado mes de enero, defendiendo la recuperación con modificaciones del Impuesto, a fin de evitar que las rentas medias resulten perjudicadas, el argumento principal que, en 2008, esgrimió el Gobierno para dejar inactivo el Impuesto, sobre la base de que las grandes fortunas conseguían escapar al pago del tributo.
De hecho, el Impuesto sobre el Patrimonio sigue vivo en la legislación. Actualmente, el Estado bonifica el 100% de la cuota con el resultado de que nadie tiene que pagar un euro por este concepto. Por eso lo llaman el impuesto zombie.
En 2007, el último año que se pagó este Impuesto, un millón de personas contribuyeron al fisco por este concepto. Con las modificaciones propuestas por la Fundación, sólo una cuarta parte –unos 250.000 contribuyentes- tendrían que volver a tributar por poseer un abultado patrimonio. Aquel año, estas personas proporcionaron un 70 por ciento del total recaudado, más de 2.000 millones de euros.
Los defensores de la recuperación del Impuesto argumentan que, con lo que se recaudaba anualmente, se podría haber evitado la congelación de las pensiones. Hasta su desaparición efectiva, el Impuesto gravaba los patrimonios superiores a 108.000 euros.
Aunque tampoco faltan detractores del Impuesto. Así, el Gobierno catalán se opone a la recuperación del Impuesto de Patrimonio según dijo este miércoles un portavoz de la Generalitat de Cataluña, que defendió que lo que necesita Cataluña no es que se suban impuestos sino atajar el déficit fiscal.
"Nuestro problema no es si se recupera el Impuesto de Patrimonio, sino que se frene esta sangría del déficit fiscal", ha zanjado el portavoz del Gobierno catalán.
