El Gobierno ha decidido retirar su propuesta de elevar a 67 años la edad de jubilación de los funcionarios del régimen de clases pasivas del Estado, la mayoría docentes, tras mantener durante la semana pasada "varias reuniones" con los sindicatos de la función pública, a los que ha pedido un "periodo de reflexión".
"Han pedido un periodo de reflexión para hablar de los tres compromisos contenidos en el acuerdo social y económico", aseguró el responsable de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo, que indicó que el Ejecutivo aún no ha concretado una propuesta alternativa ni fechas para tratar estos asuntos.
El pasado 11 de marzo el Gobierno remitía a CCOO, UGT y CSIF un documento para "armonizar" los cambios que introduce la reforma de las pensiones con el régimen de clases pasivas, esto es, jubilación a los 67 años con posibilidad de que el retiro sea anticipado a partir de los 65 años. En este sentido, Bravo reprochó que la intención del Ejecutivo era una adaptación "parcial y restrictiva" de la reforma de las pensiones. "La adaptación se producía por el ajuste de gastos y no por el aumento de éste", consideró.
Después de los contactos de los sindicatos con la secretaria de Estado de la Función Pública, Consuelo Rumí, el responsable de Seguridad Social de CCOO se congratuló de que ahora el Ejecutivo reconsidere su posición y posibilite desarrollar el compromiso del pacto 'anticrisis'.
En concreto, el acuerdo social suscrito el pasado 2 de febrero recogía el compromiso, además de la modificación de las clases pasivas, de desarrollar el Estatuto Básico del empleados público y evaluar los acuerdos pendientes, como el que regía el incremento salarial y que fue "incumplido" por el plan de ajuste y la derivada congelación del sueldo para este año. "Ahora deciden pasar y que corra el tiempo, y volver a pensarse qué hacer", resumió Bravo.
Los docentes lo celebran
Por su parte, los sindicatos de profesores han celebrado el anuncio del Gobierno de retirar la propuesta de elevar la jubilación a los 67 años de los funcionarios de clases pasivas, la mayoría docentes, y han indicado que esta decisión se debe a la "fuerte contestación y oposición sindical".
Según ha explicado la Federación de Enseñanza de UGT (FETE-UGT), el Ejecutivo ha decidido abrir un periodo de reflexión sobre el alcance y contenido del conjunto de materias referidas a empleados públicos e incluidas en el Acuerdo Social y Económico, antes de continuar con el proceso.
FETE-UGT había manifestado su disconformidad y rechazo a la propuesta del Gobierno, "planteando alternativas para una adecuación más solvente, razonable y equitativa de los distintos regímenes en el marco del Acuerdo Social y Económico".
Este sindicato considera que el citado acuerdo, firmado por UGT y CCOO, contempla compromisos que han de negociarse en el marco de la mesa de Función Pública (clases pasivas, desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y evaluación de los acuerdos pendientes de cumplimiento en el ámbito de la Función Pública).
La Federación de Enseñanza de CCOO cree que este hecho permitirá abordar en el futuro "un proceso serio y riguroso de negociación" entre el Gobierno y los sindicatos representativos de los empleados públicos, que posibilite desarrollar los compromisos recogidos en el acuerdo de una forma "razonable, equilibrada y justa en todos los ámbitos de la Función Pública".
Según ANPE, para el profesorado la propuesta del Gobierno no sólo eliminaba las condiciones actuales de jubilación, sino que "prorrogaba oficialmente" la edad de jubilación hasta los 67 años y la jubilación anticipada hasta los 63, "penalizándola con una bajada retributiva".
Así, ante la retirada de la propuesta, este colectivo emplaza al Gobierno y al Ministerio de Educación a elaborar una nueva propuesta, negociada con los representantes del profesorado en el marco de la Mesa Sectorial de Educación, "que no diluya a los docentes en el marco general de la función pública sino que reconozca y valore las peculiaridades inherentes y específicas de la función docente".
"En este decepcionante final de legislatura educativa, en el que no fue posible lograr el pacto por la Educación, con rebajas de sueldo y de plantillas, sin suficiente oferta de empleo público docente, y con la supresión de la cofinanciación de importantes programas educativos, el Gobierno no puede renunciar a reconocer las particularidades de esta profesión", han aeverado desde ANPE.
