El Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de reforma de la Ley Concursal, que refuerza los procesos 'pre-concursales' al favorecer los acuerdos de refinanciación previa de las empresas para conseguir su viabilidad y evitar que acaben declarando su insolvencia.
Según anunció el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la nueva legislación "llega para aliviar los trámites judiciales, otorgar mayor garantía a los derechos de los trabajadores y mejorar el funcionamiento de la administración, así como del sistema económico".
La nueva Ley Concursal favorecerá los acuerdos previos de refinanciación en favor de la viabilidad de las empresas, ya que trata de conciliar la satisfacción de los acreedores con la recuperación de la situación de solvencia empresarial, ofreciendo salidas al deudor al margen del proceso concursal.
Así, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales este proyecto de ley para su aprobación definitiva, prevista para antes del verano. La futura ley perfecciona la reforma efectuada mediante Real Decreto Ley de 27 de marzo de 2009, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal.
El Proyecto pretende evitar que los procesos concursales acaben en liquidación estableciendo alternativas al concurso, desarrollando el procedimiento abreviado o simplificado, aumentando las atribuciones de la administración concursal e incluyendo reformas en materia laboral.
REFINANCIACIÓN PARA TODOS LOS ACREEDORES
Respecto a los procesos 'pre-concursales', la ley facilitará las propuestas anticipadas de convenio, impulsará los acuerdos extrajudiciales de refinanciación e incrementará las posibilidades de que los acreedores que no intervienen en el acuerdo puedan satisfacer en mayor medida sus créditos.
Para ello, por un lado, se aclara la exclusiva legitimación de la administración concursal para impugnar acuerdos de refinanciación; y, por otro, se hace una nueva regulación sobre los acuerdos de este tipo que pueden homologarse ante el juez.
Esta homologación judicial permite extender los efectos del acuerdo a otros acreedores, aunque se hubieran mostrado en contra o no hubieran participado en el acuerdo, con la certificación de un experto independiente.
Además, los acreedores que soliciten la homologación del acuerdo deberán ser entidades de crédito titulares de al menos, del 75% de la deuda. Si concurren esas mayorías y no supone un sacrificio desproporcionado para el resto de entidades de crédito acreedoras, el juez lo homologará.
Por otro lado, se introduce por primera vez la regulación del llamado 'dtinero fresco' que los acreedores inyectan a las empresas en dificultades. La nueva norma establece que el 50% de ese dinero nuevo tendrá la consideración de crédito contra la masa (prioridad de cobro), lo que supone la mayor garantía para las entidades financieras que concedan nuevos créditos para reflotar la empresa.
La nueva Ley otorga a los administradores la capacidad para subsanar los errores del listado de acreedores, lo que reducirá, en gran medida, las demandas de incidentes concursales, principal causa de retraso en los procedimientos.
