nuevatribuna.es
28 de agosto de 2009, 7:17
NUEVATRIBUNA.ES / L.M. - 28.08.2009
“El Gobierno será incapaz de abordar los cambios que precisa la economía española sin diálogo social”. Esta afirmación, proferida el jueves por el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, en el Congreso, pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta el Ejecutivo cuando se inicia un curso político marcado por la crisis económica y la destrucción de empleo. Para el diputado vasco, “el Gobierno ha perdido la empatía con los interlocutores sociales”, lo que dificultará aún más la gestión de la crisis, tras la renuncia de la patronal a alcanzar ningún acuerdo en la mesa de negociación rota el pasado mes de julio.
Con esta idea, el diputado manifestó lo que, en su opinión, ejemplifica la falta de determinación del Gobierno para elegir quienes serán sus compañeros de viaje a lo largo de los próximos meses, cuando tendrá que enfrentarse, además, a la aprobación de los Presupuestos de 2010 en minoría. Así, para Olabarría, Zapatero debe aclarar “con quiénes” decide emprender ese viaje, que se produce en el momento “más dramático” para la economía española, añadió.
Los próximos meses, la situación económica vendrá marcada por la lucha contra el paro, aunque, en esta ocasión, el Ejecutivo tendrá que cuidar de no traspasar las líneas rojas del déficit delimitadas por Bruselas, un déficit que podría alcanzar el 12 por ciento del PIB, según algunos expertos, muy lejos del 3 por ciento máximo al que deberían regresar en 2012 las cuentas españolas.
Así, el Ejecutivo busca ahora la manera de lograr recursos que frenen la sangría presupuestaria y ya ha anunciado la posibilidad de elevar los impuestos y contener los incrementos salariales de los trabajadores públicos. Pero, de vuelta al diálogo social, la intención expresada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sostiene su apuesta por preservar los derechos de los trabajadores, al renunciar a una posible reforma laboral, que abarate el despido, tal y como demandan los empresarios.
Este jueves, el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, insistió en sus críticas críticas contra la patronal CEOE presidida por Gerardo Díaz Ferrán, a quien acusó de dinamitar la Mesa de diálogo social, al mantener una postura “intransigente” con relación a la agenda fijada por las distintas partes que intervienen en la concertación social.
Por su parte, el PP ha descartado esta explicación y ha acusado al gobierno y los sindicatos de ser “los principales culpables” de la injusticia que, a su juicio, se mantiene en el mercado laboral. Según el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Trabajo del Congreso celebrada el jueves, José Ignacio Echániz, los sindicatos y el Gobierno con los culpables de que se mantenga la famosa ‘dualidad’ en los instrumentos de contratación en España, y que discrimina a los trabajadores fijos de los temporales en los relativo a los costes del despido.
Los ‘populares’ culpan al Gobierno de “no hacer nada” para remediar que los jóvenes sean los principales paganos de la crisis. En este sentido, recuerdan que, debido a los bajos costes de despido que llevan asociados los contratos temporales, mayoritarios entre los jóvenes, este grupo de edad ha sufrido la mayor tasa de despidos en el último año.
El PP desacredita la postura del Gobierno relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores y subraya que el primer derecho consiste en tener un empleo. Mientras tanto, el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, rechazó esta explicación de los ‘populares’ y destacó que es “falso” que la creación de puestos de trabajo garantice la extensión del Estado del Bienestar. En su opinión, el gobierno del PP demostró esta tesis, y recordó que, en 2001, la reforma laboral que el PP abrió la puerta a la actual destrucción de empleo, al abaratar el despido mediante la eliminación de los salarios de tramitación.
EL FIN DE LA HISTORIA
Mientras tanto, desde los bancos de la izquierda, la explicación de la ruptura de la concertación social se alineó más con la tesis del Ejecutivo. Así, en el mismo marco, el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, declaró que la ruptura del diálogo social ha demostrado el error de quienes sostenían que había llegado “el fin de la historia y el fin de la lucha de clases”. A su juicio, el fracaso de la concertación social pone de manifiesto que, en épocas de crisis, la lucha de clases se intensifica, añadió. Por último, acusó a la patronal de “oportunismo” y pidió al Gobierno que aclare si va a aceptar el “envite” de los empresarios, que, en su opinión, han buscado en esta crisis una oportunidad para recortar “al máximo” los derechos de los trabajadores.
En esta línea, el diputado de Ezquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardá, declaró que la “suerte de que todavía existen unos sindicatos fuertes”, afirmó, tras sumarse a las críticas contra la patronal presidida por Gerardo Díaz Ferrán, a quien acusó de comportarse con “cierta irresponsabilidad” al romper la negociación. Respecto al Gobierno, ERC confía en que Zapatero “no flirtee” con la patronal y, en particular, con “esa invención perversa”, dijo, que supone, en su opinión, el llamado ‘contrato del siglo XXI’, la propuesta de la patronal de rebajar la indemnización por despido hasta 20 días por año trabajado. Para ERC, este contrato supondría “eliminar la causalidad” que gobierna el proceso de despido, e instaurar “un contrato temporal universal”, recalcó.
EL DESPIDO NO SE PUEDE ABARATAR MÁS
Para el diputado del PNV, Emilio Olabarría, el despido en España “no se puede abaratar más”. Sin embargo, mantuvo que, sin diálogo social, “es imposible” abordar las reformas que necesita la economía española. Olabarría estableció los males del patrón de crecimiento español en la ausencia de innovación tecnológica, y afirmó que el tejido empresarial español carece de “multinacionales de productos”, a diferencia del sector Servicios, donde sí se ha logrado cierto éxito exterior.
Con relación al despido, el Ministro de Trabajo instó al Grupo Popular a poner “negro sobre blanco” su postura relativa al abaratamiento. Sin entrar en este tema, los ‘populares’se mostraron a favor de modificar “una parte” de la estructura laboral, y culparon al Ejecutivo de mantener un “anquilosamiento” en este sentido.
“El Gobierno no quiere mover ficha”, subrayó el portavoz de los ‘populares’ en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Álvaro Nadal. En su opinión, el Ejecutivo se la limitado hasta la fecha a cambiar algunos aspectos “adjetivos” del mercado laboral. Por otro lado, tildó de “rabieta pueril” la postura del Gobierno tras la ruptura de las negociaciones con los empresarios, aunque reconoció la complejidad que acarrea modificar el marco legal que rige las relaciones laborales en España.
En este sentido, el PP abogó por resolver la “dualidad” que separa a trabajadores fijos y temporales – “ese es el gran tema”, afirmó - y exigió que se acaben las diferencias entre contratados fijos y temporales, que provocan, en su opinión, que existan “españoles de primera y de segunda”. Por otro lado, los ‘populares’ se mostraron a favor de una reforma de la negociación colectiva, ya que, en su opinión, ésta tiene lugar en niveles, o demasiado altos, o demasiado bajos, lo que impide que las empresas puedan adecuarse a las condiciones del mercado. En fin, el PP considera que el mercado laboral español es “anticuado y socialmente injusto”.
Sin embargo, el Gobierno niega que la destrucción de empleo vaya ligada a las normas laborales y vincula el incremento del paro con un patrón de crecimiento obsoleto, ligado en exceso al sector de la Construcción.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este viernes que convocará a los agentes sociales para una reunión en la primera quincena de septiembre con la intención de reanudar el proceso de diálogo social. Por su parte, la patronal reclamó este jueves “moderación salarial” tras conocer los últimos datos del PIB, que retrocedió un 4,2 por ciento respecto al año anterior, según los últimos datos de Contabilidad Nacional.
La patronal destaca que la remuneración media por asalariado se ha acelerado hasta el 4,6 por ciento, “muy por encima de la inflación”, subraya. “Ello supone un incremento de los costes de producción que limita la competitividad de nuestra economía”, concluye. Además, CEOE reclama “medidas fiscales incentivadoras que permita a nuestras empresas competir en un entorno tan complicado y dar una oportunidad a la recuperación del empleo”.
Por su parte, el sindicato CCOO reclamó el jueves un plan global de empleo, tras conocer estos datos, mientras que UGT consideró imprescindible el mantenimiento del gasto público para superar la actual situación económica.
“El Gobierno será incapaz de abordar los cambios que precisa la economía española sin diálogo social”. Esta afirmación, proferida el jueves por el portavoz del PNV, Emilio Olabarría, en el Congreso, pone de manifiesto las dificultades a las que se enfrenta el Ejecutivo cuando se inicia un curso político marcado por la crisis económica y la destrucción de empleo. Para el diputado vasco, “el Gobierno ha perdido la empatía con los interlocutores sociales”, lo que dificultará aún más la gestión de la crisis, tras la renuncia de la patronal a alcanzar ningún acuerdo en la mesa de negociación rota el pasado mes de julio.
Con esta idea, el diputado manifestó lo que, en su opinión, ejemplifica la falta de determinación del Gobierno para elegir quienes serán sus compañeros de viaje a lo largo de los próximos meses, cuando tendrá que enfrentarse, además, a la aprobación de los Presupuestos de 2010 en minoría. Así, para Olabarría, Zapatero debe aclarar “con quiénes” decide emprender ese viaje, que se produce en el momento “más dramático” para la economía española, añadió.
Los próximos meses, la situación económica vendrá marcada por la lucha contra el paro, aunque, en esta ocasión, el Ejecutivo tendrá que cuidar de no traspasar las líneas rojas del déficit delimitadas por Bruselas, un déficit que podría alcanzar el 12 por ciento del PIB, según algunos expertos, muy lejos del 3 por ciento máximo al que deberían regresar en 2012 las cuentas españolas.
Así, el Ejecutivo busca ahora la manera de lograr recursos que frenen la sangría presupuestaria y ya ha anunciado la posibilidad de elevar los impuestos y contener los incrementos salariales de los trabajadores públicos. Pero, de vuelta al diálogo social, la intención expresada por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sostiene su apuesta por preservar los derechos de los trabajadores, al renunciar a una posible reforma laboral, que abarate el despido, tal y como demandan los empresarios.
Este jueves, el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, insistió en sus críticas críticas contra la patronal CEOE presidida por Gerardo Díaz Ferrán, a quien acusó de dinamitar la Mesa de diálogo social, al mantener una postura “intransigente” con relación a la agenda fijada por las distintas partes que intervienen en la concertación social.
Por su parte, el PP ha descartado esta explicación y ha acusado al gobierno y los sindicatos de ser “los principales culpables” de la injusticia que, a su juicio, se mantiene en el mercado laboral. Según el portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Trabajo del Congreso celebrada el jueves, José Ignacio Echániz, los sindicatos y el Gobierno con los culpables de que se mantenga la famosa ‘dualidad’ en los instrumentos de contratación en España, y que discrimina a los trabajadores fijos de los temporales en los relativo a los costes del despido.
Los ‘populares’ culpan al Gobierno de “no hacer nada” para remediar que los jóvenes sean los principales paganos de la crisis. En este sentido, recuerdan que, debido a los bajos costes de despido que llevan asociados los contratos temporales, mayoritarios entre los jóvenes, este grupo de edad ha sufrido la mayor tasa de despidos en el último año.
El PP desacredita la postura del Gobierno relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores y subraya que el primer derecho consiste en tener un empleo. Mientras tanto, el Ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, rechazó esta explicación de los ‘populares’ y destacó que es “falso” que la creación de puestos de trabajo garantice la extensión del Estado del Bienestar. En su opinión, el gobierno del PP demostró esta tesis, y recordó que, en 2001, la reforma laboral que el PP abrió la puerta a la actual destrucción de empleo, al abaratar el despido mediante la eliminación de los salarios de tramitación.
EL FIN DE LA HISTORIA
Mientras tanto, desde los bancos de la izquierda, la explicación de la ruptura de la concertación social se alineó más con la tesis del Ejecutivo. Así, en el mismo marco, el diputado de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, declaró que la ruptura del diálogo social ha demostrado el error de quienes sostenían que había llegado “el fin de la historia y el fin de la lucha de clases”. A su juicio, el fracaso de la concertación social pone de manifiesto que, en épocas de crisis, la lucha de clases se intensifica, añadió. Por último, acusó a la patronal de “oportunismo” y pidió al Gobierno que aclare si va a aceptar el “envite” de los empresarios, que, en su opinión, han buscado en esta crisis una oportunidad para recortar “al máximo” los derechos de los trabajadores.
En esta línea, el diputado de Ezquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardá, declaró que la “suerte de que todavía existen unos sindicatos fuertes”, afirmó, tras sumarse a las críticas contra la patronal presidida por Gerardo Díaz Ferrán, a quien acusó de comportarse con “cierta irresponsabilidad” al romper la negociación. Respecto al Gobierno, ERC confía en que Zapatero “no flirtee” con la patronal y, en particular, con “esa invención perversa”, dijo, que supone, en su opinión, el llamado ‘contrato del siglo XXI’, la propuesta de la patronal de rebajar la indemnización por despido hasta 20 días por año trabajado. Para ERC, este contrato supondría “eliminar la causalidad” que gobierna el proceso de despido, e instaurar “un contrato temporal universal”, recalcó.
EL DESPIDO NO SE PUEDE ABARATAR MÁS
Para el diputado del PNV, Emilio Olabarría, el despido en España “no se puede abaratar más”. Sin embargo, mantuvo que, sin diálogo social, “es imposible” abordar las reformas que necesita la economía española. Olabarría estableció los males del patrón de crecimiento español en la ausencia de innovación tecnológica, y afirmó que el tejido empresarial español carece de “multinacionales de productos”, a diferencia del sector Servicios, donde sí se ha logrado cierto éxito exterior.
Con relación al despido, el Ministro de Trabajo instó al Grupo Popular a poner “negro sobre blanco” su postura relativa al abaratamiento. Sin entrar en este tema, los ‘populares’se mostraron a favor de modificar “una parte” de la estructura laboral, y culparon al Ejecutivo de mantener un “anquilosamiento” en este sentido.
“El Gobierno no quiere mover ficha”, subrayó el portavoz de los ‘populares’ en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Álvaro Nadal. En su opinión, el Ejecutivo se la limitado hasta la fecha a cambiar algunos aspectos “adjetivos” del mercado laboral. Por otro lado, tildó de “rabieta pueril” la postura del Gobierno tras la ruptura de las negociaciones con los empresarios, aunque reconoció la complejidad que acarrea modificar el marco legal que rige las relaciones laborales en España.
En este sentido, el PP abogó por resolver la “dualidad” que separa a trabajadores fijos y temporales – “ese es el gran tema”, afirmó - y exigió que se acaben las diferencias entre contratados fijos y temporales, que provocan, en su opinión, que existan “españoles de primera y de segunda”. Por otro lado, los ‘populares’ se mostraron a favor de una reforma de la negociación colectiva, ya que, en su opinión, ésta tiene lugar en niveles, o demasiado altos, o demasiado bajos, lo que impide que las empresas puedan adecuarse a las condiciones del mercado. En fin, el PP considera que el mercado laboral español es “anticuado y socialmente injusto”.
Sin embargo, el Gobierno niega que la destrucción de empleo vaya ligada a las normas laborales y vincula el incremento del paro con un patrón de crecimiento obsoleto, ligado en exceso al sector de la Construcción.
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció este viernes que convocará a los agentes sociales para una reunión en la primera quincena de septiembre con la intención de reanudar el proceso de diálogo social. Por su parte, la patronal reclamó este jueves “moderación salarial” tras conocer los últimos datos del PIB, que retrocedió un 4,2 por ciento respecto al año anterior, según los últimos datos de Contabilidad Nacional.
La patronal destaca que la remuneración media por asalariado se ha acelerado hasta el 4,6 por ciento, “muy por encima de la inflación”, subraya. “Ello supone un incremento de los costes de producción que limita la competitividad de nuestra economía”, concluye. Además, CEOE reclama “medidas fiscales incentivadoras que permita a nuestras empresas competir en un entorno tan complicado y dar una oportunidad a la recuperación del empleo”.
Por su parte, el sindicato CCOO reclamó el jueves un plan global de empleo, tras conocer estos datos, mientras que UGT consideró imprescindible el mantenimiento del gasto público para superar la actual situación económica.
