nuevatribuna.es
6 de mayo de 2009, 14:53
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 6.5.2009
El campo, que durante años pasados ha subsistido gracias a la mano de obra inmigrante, se ha convertido en el refugio de todo tipo de parados, nacionales y extranjeros, expulsados del mercado laboral por la caída en picado de la construcción y del sector servicios, principales víctimas de la crisis.
Los datos confirman que muchos desempleados españoles buscan en el empleo agrario una salida a su situación. El número de afiliados al REASS, el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aumentó en 6.637 personas en abril, llegando hasta los 798.216 trabajadores y trabajadoras inscritos, el 6,57 por ciento más que hace un año. Esto implica un incremento de 49.220 afiliados y afiliadas respecto al año 2008 y un 0,84% más respecto al mes anterior. El incremento se produce a pesar del descenso del número medio de afiliados a la Seguridad Social, que en abril bajó en 23.939 personas. Por comunidades, Andalucía continúa anotándose el mayor número se afiliados al REASS con 492.442. Le sigue Murcia, con 65.239; Comunidad Valenciana, con 61.506 y Extremadura, con 61.355.
Desde principios de año han demandado empleo en el sector agrícola 217.163 personas 2,31% (4.906 personas) más que hasta abril de 2008. En cuanto a los trabajadores y trabajadoras extranjeros, el paro agrario se incrementó en abril en un 3,12 por ciento (663 personas más), situando el número de desempleados en 21.918 personas.
Ahora bien, el problema con el que se enfrentan estos trabajadores y que la Federación Agroalimentaria de CCOO insiste en denunciar es el silencio del Gobierno, que sigue sin cumplir sus compromisos de junio de 2006, cuando acordó la plena integración del REASS en el Régimen General de la Seguridad Social.
El sindicato ha enviado una carta poniendo al corriente de la situación a la Vicepresidenta Primera del Gobierno, y recordando que este incumplimiento llevó a los trabajadores agrarios a movilizarse desde primeros de año en varias comunidades autónomas, movilizaciones que retomarán si el Ejecutivo insiste en mantener esta discriminación histórica.
RÉGIMEN GENERAL O SUBSIDIO
Las organizaciones agrarias por su parte, tienen sus reservas respecto a la incorporación al Régimen General. El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Javier Ciézar, opinaba hace unos días que el cobro del desempleo por los parados del sector supondría "la pérdida definitiva del subsidio agrario, independientemente de las limitaciones que conlleve". Y añadía: "En tiempos de crisis es mejor conservar lo que tenemos y que siga habiendo subsidio agrario".
Ciézar recordaba que en su momento, la intervención de empresarios del sector y sindicatos "dulcificó" las medidas y limitaciones que contemplaba a la hora de recibir este subsidio que "con el tiempo los ciudadanos han asumido como una paga para que no se abandone el campo". "La única limitación que finalmente se dejó, pese a la mala prensa que tuvo, fue la de que para poder recibir el subsidio, había que residir en Andalucía durante 10 años como mínimo". Y apostillaba: "En la situación actual, no supone un impedimento cambiar del régimen general al subsidio agrario siempre que se cumpla este requisito".
Asaja, además, hace hincapié en que la recolocación de los parados en el campo no debe contemplarse como la gran solución al problema del desempleo por la falta de formación de las personas procedentes de otros ámbitos laborales. Ciézar afirmaba en las mismas declaraciones que "ahora se pretende que el campo asuma los trabajadores que se fueron y a muchos más que vienen por primera vez, pero en muchos casos sin conocimientos técnicos sobre la labor que deben realizar". Y añadía: "la gente que trabaja en agricultura o ganadería debe tener una formación, ya que para trabajar en este ámbito hay que saber".
El campo, que durante años pasados ha subsistido gracias a la mano de obra inmigrante, se ha convertido en el refugio de todo tipo de parados, nacionales y extranjeros, expulsados del mercado laboral por la caída en picado de la construcción y del sector servicios, principales víctimas de la crisis.
Los datos confirman que muchos desempleados españoles buscan en el empleo agrario una salida a su situación. El número de afiliados al REASS, el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, aumentó en 6.637 personas en abril, llegando hasta los 798.216 trabajadores y trabajadoras inscritos, el 6,57 por ciento más que hace un año. Esto implica un incremento de 49.220 afiliados y afiliadas respecto al año 2008 y un 0,84% más respecto al mes anterior. El incremento se produce a pesar del descenso del número medio de afiliados a la Seguridad Social, que en abril bajó en 23.939 personas. Por comunidades, Andalucía continúa anotándose el mayor número se afiliados al REASS con 492.442. Le sigue Murcia, con 65.239; Comunidad Valenciana, con 61.506 y Extremadura, con 61.355.
Desde principios de año han demandado empleo en el sector agrícola 217.163 personas 2,31% (4.906 personas) más que hasta abril de 2008. En cuanto a los trabajadores y trabajadoras extranjeros, el paro agrario se incrementó en abril en un 3,12 por ciento (663 personas más), situando el número de desempleados en 21.918 personas.
Ahora bien, el problema con el que se enfrentan estos trabajadores y que la Federación Agroalimentaria de CCOO insiste en denunciar es el silencio del Gobierno, que sigue sin cumplir sus compromisos de junio de 2006, cuando acordó la plena integración del REASS en el Régimen General de la Seguridad Social.
El sindicato ha enviado una carta poniendo al corriente de la situación a la Vicepresidenta Primera del Gobierno, y recordando que este incumplimiento llevó a los trabajadores agrarios a movilizarse desde primeros de año en varias comunidades autónomas, movilizaciones que retomarán si el Ejecutivo insiste en mantener esta discriminación histórica.
RÉGIMEN GENERAL O SUBSIDIO
Las organizaciones agrarias por su parte, tienen sus reservas respecto a la incorporación al Régimen General. El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), Javier Ciézar, opinaba hace unos días que el cobro del desempleo por los parados del sector supondría "la pérdida definitiva del subsidio agrario, independientemente de las limitaciones que conlleve". Y añadía: "En tiempos de crisis es mejor conservar lo que tenemos y que siga habiendo subsidio agrario".
Ciézar recordaba que en su momento, la intervención de empresarios del sector y sindicatos "dulcificó" las medidas y limitaciones que contemplaba a la hora de recibir este subsidio que "con el tiempo los ciudadanos han asumido como una paga para que no se abandone el campo". "La única limitación que finalmente se dejó, pese a la mala prensa que tuvo, fue la de que para poder recibir el subsidio, había que residir en Andalucía durante 10 años como mínimo". Y apostillaba: "En la situación actual, no supone un impedimento cambiar del régimen general al subsidio agrario siempre que se cumpla este requisito".
Asaja, además, hace hincapié en que la recolocación de los parados en el campo no debe contemplarse como la gran solución al problema del desempleo por la falta de formación de las personas procedentes de otros ámbitos laborales. Ciézar afirmaba en las mismas declaraciones que "ahora se pretende que el campo asuma los trabajadores que se fueron y a muchos más que vienen por primera vez, pero en muchos casos sin conocimientos técnicos sobre la labor que deben realizar". Y añadía: "la gente que trabaja en agricultura o ganadería debe tener una formación, ya que para trabajar en este ámbito hay que saber".
