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NUEVATRIBUNA.ES / L.M - 31.08.2009

El Gobierno ha dibujado este lunes con algo más de precisión los términos en los que quiere acometer la subida de impuestos que aplicará el próximo año, siempre que logre reunir los apoyos necesarios en el Congreso. Todo apunta a que la reforma afectará a una de las medidas del Ejecutivo que más críticas cosechó desde un principio: la deducción de 400 euros. La oposición con la que contó en su día hace pensar que en 2010 los socialistas lograrán el respaldo suficiente para limitar el número de personas que disfrutan de 33 euros adicionales en la nómina de cada mes desde el primer momento de su aplicación, en junio de 2008.

José Luis Rodríguez Zapatero, ha anunciado desde Suecia que se "tocará y modificará" la deducción de 400 euros en el IRPF para hacer frente a la recesión económica y a la caída de la recaudación, pero no ha precisado el alcance del recorte de la medida que ha beneficiado hasta ahora a más de 16 millones de personas, entre trabajadores por cuenta ajena, autónomos y pensionistas. Previsiblemente, el Gobierno limitará el número de beneficiarios y dejará la deducción sólo para las rentas más bajas.

En el caso de los autónomos, la merma de ingresos se dejará sentir en los pagos fraccionados trimestrales del impuesto sobre la renta, que las personas que pierdan la deducción verán incrementadas en 100 euros al trimestre.

Para el director general del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Luis del Amo, “quitar los 400 euros es subir mucho el impuesto sobre la renta”. Sin embargo, con ocasión de la polémica generada en junio en torno a esta medida, Del Amo defendió que el Gobierno tomara medidas “difíciles” que la ciudadanía “tendría que asumir”.

Por su parte, las cajas de ahorro (FUNCAS) no tardaron en sumarse a las críticas en torno a la “excesiva generosidad” de la deducción de los 400 euros, y criticaron su falta de interés económico o social, al tiempo que destacaron “la imperiosa necesidad” de reformas fiscales que aporten ingresos suficientes para financiar el déficit público que se producirá en los próximos años.

La resistencia a aceptar la deducción nació de su falta de progresividad, al igual que ocurrió con otra de las medidas estrella de Zapatero, el llamado ‘cheque-bebé’ de 2.500 euros, asunto que sin embargo el presidente no ha mencionado. Un ejemplo es la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, que se ha sumado a los reproches para echar en cara al Ejecutivo que "perdone" 400 euros a los que "tienen un sueldo suficiente para hacer la declaración de la renta" pero no lo haga a las personas "que tienen pensiones, que viven de pensiones más bajas y que tienen unos sueldos más bajos".

Tampoco la Comisión Europea ha respaldado el recorte fiscal de los 400 euros al considerar que sólo serviría para que la gente “ahorre” ese dinero en lugar de dedicarlo al consumo, tal y como previó el Gobierno en el momento de su aprobación. El coste fiscal que la aplicación de la deducción de 400 euros ha tenido cada año para el Estado supera los 6.000 millones de euros.

Zapatero, que anunció en un mitin de la precampaña electoral de 2008 la nueva deducción, alcanzó un acuerdo el pasado mes de junio con los grupos de la izquierda en el Congreso, IU-ICV, para modificar la ayuda con la intención de dotarla de mayor progresividad. Sin embargo, ante la presión de la coalición catalana CiU, contraria a subir los impuestos, Zapatero se vió obligado a dar marcha atrás y el acuerdo finalmente se frustró.

ESPAÑA REDUCE SU PRESIÓN FISCAL

Pero no quedará ahí la reforma fiscal. Según las declaraciones de Zapatero, también afectará a las rentas del capital y plusvalías. Las rentas del capital son las que proceden de productos financieros, como depósitos bancarios, beneficios de fondos de inversión, seguros de vida o plusvalías obtenidas por la venta de acciones o viviendas.

Según Zapatero, estos cambios permitirán que la presión fiscal siga en niveles "parecidos e incluso menores" a los que registró antes de que llegara al poder. Cabe reseñar en este punto que, según los últimos datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), España ocupa el puesto número 12 en la lista de los países desarrollados con mayor presión fiscal, con unos ingresos vía impuestos del 37,2 por ciento del producto interior bruto (PIB), según informa Invertia. Así, Dinamarca es el país desarrollado en el que son mayores los ingresos fiscales del Estado respecto al PIB. Según estas cifras publicadas por la OCDE de 2007, los ingresos fiscales del país nórdico representan un 48,9 por ciento del PIB.

Otro país del norte de Europa, Suecia, ocupa la segunda posición del ranking con un 48,2 por ciento. España entra entre los quince primeros países con unos ingresos fiscales del 37,2 por ciento del PIB. No obstante, este porcentaje bajó en 2008 hasta el 32,83 por ciento del PIB según el Ministerio de Economía debido al retroceso de todos los componentes de la presión fiscal.

El cambio fiscal recortará las nóminas en 33 euros al mes