nuevatribuna.es
28 de noviembre de 2010, 3:54
nuevatribuna | 25.11.2010
Contra la crisis, contabilidad creativa. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha puesto a la venta un 51 por ciento de las acciones que el Ayuntamiento madrileño tiene en Mercamadrid, el mayorista que abastece el comercio de la capital. Y ya tiene comprador. Gallardón venderá la mitad de Mercamadrid a otra empresa municipal. Así, consigue endeudarse de “una forma que no puede prohibir la ministra de Economía, Elena Salgado”, afirma CCOO, el sindicato que ha enmarcado la operación dentro de la política de “ingeniería financiera” a la que se ven obligados a recurrir los ayuntamientos, tras prohibir el Gobierno central endeudarse a los consistorios.
Gallardón planea enjugar 190 millones de deuda con la venta de su mitad de Mercamadrid a otra empresa municipal, llamada Madrideyc (Madrid Espacios y Congresos). Con ello, el regidor pretende adelantar tres meses el pago a proveedores, hoy muy retrasado. En total, la deuda del Consistorio supera los 7.000 millones de euros. La operación llega después de que el Gobierno central negara a Gallardón la posibilidad de refinanciar su deuda.
“Es una operación de ingeniería financiera”, asegura Comisiones Obreras (CCOO) por boca de su secretario de política institucional, Jaime Cedrún. “En vez de endeudar al Ayuntamiento, Gallardón endeuda a la empresa Madrid Espacios y Congresos”, también municipal. Así, continúa, “Gallardón consigue 190 millones de euros de liquidez. Y endeudarse de una manera que no puede prohibir la ministra de Economía, Elena Salgado”. A la espera de conocer más detalles, Cedrún cree que la operación no tendrá consecuencias sobre el empleo.
Por su parte, UGT enmarcó la venta dentro de la política de “privatizaciones” del PP, según afirmó un portavoz de la federación de comercio y hostelería del sindicato en Madrid, a la espera de conocer más detalles de la operación, por boca de los responsables municipales.
VISTO BUENO DE LA SEPI
El Ayuntamiento posee el 51 por ciento de las acciones de Mercamadrid. El 49 por ciento restante pertenece a Mercasa, una empresa pública dependiente de la SEPI estatal. Si se cumplen los planes del alcalde, Madrid Espacios y Congresos asumirá a partir de enero el control de Mercamadrid.
El portavoz de CCOO relaciona la operación de Gallardón con la falta de financiación que vienen sufriendo los ayuntamientos después de que el Gobierno central les prohibiera endeudarse el pasado mes de mayo. “El problema de la financiación local es algo que el Gobierno central no ha querido resolver”, apunta. Mientras las comunidades autónomas sí vieron resuelto este problema, apunta -la Comunidad de Madrid ha conseguido gracias al nuevo modelo 1.750 millones de euros ‘extra’, asegura Cedrún- los ayuntamientos aún penan por la falta de financiación.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe poner solución a la falta de financiación de los ayuntamientos, apunta Cedrún, muy crítico con la política de inversiones del alcalde, y sobre todo, añade, con la “gran inversión” de la M-30. En caso contrario, peligra el funcionamiento de los consistorios y, en consecuencia, los puestos de trabajo. “Como ya está sucediendo en algunos municipios del Este de Madrid”, apunta.
El Ayuntamiento de Madrid prevé que Mercasa –dependiente de la SEPI- dé el visto bueno a la operación. En caso contrario, nada cambiaría, según los planes del ayuntamiento, que cedería en ese caso los derechos de usufructo de las acciones a Madrid Espacios y Congresos. Y el Consistorio percibiría los mismos ingresos.
"Este dinero irá a un Plan Extraordinario de Pago a Proveedores”, asegura el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo. El pago “resolverá aproximadamente el 20 por ciento del problema de liquidez” que tiene el Consistorio, añade. Además, impediría “que los plazos de pago se sigan alargando", puntualiza. Por otro lado, Bravo añadió que si el Estado hubiera permitido a la capital refinanciar su deuda, esta operación habría supuesto el empujón necesario para, en enero, situar el pago a proveedores por debajo de los 60 días máximos que marca la Ley de Morosidad.
Contra la crisis, contabilidad creativa. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, ha puesto a la venta un 51 por ciento de las acciones que el Ayuntamiento madrileño tiene en Mercamadrid, el mayorista que abastece el comercio de la capital. Y ya tiene comprador. Gallardón venderá la mitad de Mercamadrid a otra empresa municipal. Así, consigue endeudarse de “una forma que no puede prohibir la ministra de Economía, Elena Salgado”, afirma CCOO, el sindicato que ha enmarcado la operación dentro de la política de “ingeniería financiera” a la que se ven obligados a recurrir los ayuntamientos, tras prohibir el Gobierno central endeudarse a los consistorios.
Gallardón planea enjugar 190 millones de deuda con la venta de su mitad de Mercamadrid a otra empresa municipal, llamada Madrideyc (Madrid Espacios y Congresos). Con ello, el regidor pretende adelantar tres meses el pago a proveedores, hoy muy retrasado. En total, la deuda del Consistorio supera los 7.000 millones de euros. La operación llega después de que el Gobierno central negara a Gallardón la posibilidad de refinanciar su deuda.
“Es una operación de ingeniería financiera”, asegura Comisiones Obreras (CCOO) por boca de su secretario de política institucional, Jaime Cedrún. “En vez de endeudar al Ayuntamiento, Gallardón endeuda a la empresa Madrid Espacios y Congresos”, también municipal. Así, continúa, “Gallardón consigue 190 millones de euros de liquidez. Y endeudarse de una manera que no puede prohibir la ministra de Economía, Elena Salgado”. A la espera de conocer más detalles, Cedrún cree que la operación no tendrá consecuencias sobre el empleo.
Por su parte, UGT enmarcó la venta dentro de la política de “privatizaciones” del PP, según afirmó un portavoz de la federación de comercio y hostelería del sindicato en Madrid, a la espera de conocer más detalles de la operación, por boca de los responsables municipales.
VISTO BUENO DE LA SEPI
El Ayuntamiento posee el 51 por ciento de las acciones de Mercamadrid. El 49 por ciento restante pertenece a Mercasa, una empresa pública dependiente de la SEPI estatal. Si se cumplen los planes del alcalde, Madrid Espacios y Congresos asumirá a partir de enero el control de Mercamadrid.
El portavoz de CCOO relaciona la operación de Gallardón con la falta de financiación que vienen sufriendo los ayuntamientos después de que el Gobierno central les prohibiera endeudarse el pasado mes de mayo. “El problema de la financiación local es algo que el Gobierno central no ha querido resolver”, apunta. Mientras las comunidades autónomas sí vieron resuelto este problema, apunta -la Comunidad de Madrid ha conseguido gracias al nuevo modelo 1.750 millones de euros ‘extra’, asegura Cedrún- los ayuntamientos aún penan por la falta de financiación.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe poner solución a la falta de financiación de los ayuntamientos, apunta Cedrún, muy crítico con la política de inversiones del alcalde, y sobre todo, añade, con la “gran inversión” de la M-30. En caso contrario, peligra el funcionamiento de los consistorios y, en consecuencia, los puestos de trabajo. “Como ya está sucediendo en algunos municipios del Este de Madrid”, apunta.
El Ayuntamiento de Madrid prevé que Mercasa –dependiente de la SEPI- dé el visto bueno a la operación. En caso contrario, nada cambiaría, según los planes del ayuntamiento, que cedería en ese caso los derechos de usufructo de las acciones a Madrid Espacios y Congresos. Y el Consistorio percibiría los mismos ingresos.
"Este dinero irá a un Plan Extraordinario de Pago a Proveedores”, asegura el delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo. El pago “resolverá aproximadamente el 20 por ciento del problema de liquidez” que tiene el Consistorio, añade. Además, impediría “que los plazos de pago se sigan alargando", puntualiza. Por otro lado, Bravo añadió que si el Estado hubiera permitido a la capital refinanciar su deuda, esta operación habría supuesto el empujón necesario para, en enero, situar el pago a proveedores por debajo de los 60 días máximos que marca la Ley de Morosidad.
