El 7 de octubre tenemos que manifestarnos para decir al Gobierno que ¡basta ya! de una política económica que sólo entiende de recortes de derechos sociales y laborales y que conlleva más recesión y más desempleo. Una política errónea e injusta, plasmada en los Presupuestos Generales del Estado 2013, que carga contra la gran mayoría social y no reparte los sacrificios, que inyecta dinero público a la banca, mientras recorta el sector público, las prestaciones por desempleo, la educación, la sanidad, la dependencia y la inversión. Una política que no entiende de estímulos, ni de un reparto equitativo de la carga fiscal, haciendo recaer la mayor parte del esfuerzo en las familias, que apenas pueden llegar a fin de mes. Una política que, como primera medida, impuso una reforma laboral que facilita el despido, desactiva la negociación colectiva y deja a los trabajadores a merced del poder empresarial.
El 7 de octubre tenemos que movilizarnos para exigir al Gobierno que informe a la sociedad sobre lo que está negociando con la Unión Europea, las nuevas condiciones de austeridad y ajuste que se traducirán en más recortes sociales. Aunque todos los analistas nacionales e internacionales hablan de un rescate a España, el Gobierno sigue en el juego de las ambigüedades. Da la sensación de que prima la baza electoral y espera a que pasen las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco para informar sobre cuestiones que afectan directamente a la sociedad. La falta de información del Ejecutivo se visualiza con la ausencia constante del Presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados.
El ciudadano tiene derecho a saber qué nuevos recortes se les va a imponer, los pensionistas tienen derecho a conocer la verdad y saber que detrás del anuncio de la subida del 1% en sus pensiones en 2013, está otra noticia: que van a perder poder adquisitivo y que sus pensiones no se van a revalorizar según el coste de la vida.
El Gobierno hurta el derecho a la información y deja en papel mojado su supuesto compromiso de transparencia. Elude los consensos y adopta decisiones que luego justificará con afirmaciones repetitivas: “Esto es lo que conviene a España y esto es lo que estoy obligado a hacer aunque no me guste”. Nos tutela como si fuéramos menores y utiliza una mayoría absoluta que conquistó con un programa electoral que decía justo lo contrario de lo que está haciendo. Por eso, desde la Cumbre Social le instamos a que convoque un referéndum en el que los ciudadanos puedan expresar con claridad qué piensan de estas políticas de recorte que, por supuesto, no figuraban en su programa electoral.
El 7 de octubre tenemos que movilizarnos frente a los intentos del presidente del Gobierno y su equipo de criminalizar a los que expresamos ese descontento en la calle. Y desde luego, no compartimos la lectura sesgada de Rajoy de que el que no asiste a la movilización da el beneplácito a las actuaciones del Ejecutivo. El impacto de los recortes es algo que nos afecta a todos y tratar de identificar manifestación con disturbios o pretender “modular” este derecho tiene visos más propios de regímenes autoritarios que democráticos. Por otro lado, distraer la atención con noticias continuas sobre posibles incidentes no oculta la realidad: la gente sale a la calle porque está harta de largos años de austeridad que ahondan en la crisis, acrecienta el empobrecimiento de las poblaciones y la desigualdad social
Por eso, el 7 de octubre tenemos que movilizarnos y por eso, porque las políticas de recorte afectan no solo España, sino a todos los ciudadanos europeos, especialmente los de los países del sur, tenemos que unir nuestras voces para defender una Europa donde no se devalúe lo social.
