El 29 de septiembre, fecha más probable para la convocatoria de huelga general
15 de junio de 2010 (13:38 h.)
LUIS MARTÍNEZ
Cobra fuerza entre los sindicatos la idea de aplazar la convocatoria de un paro general hasta después del verano, mientras el Gobierno intensifica sus contactos con los grupos políticos en busca de respaldo a su proyecto de reforma del mercado de trabajo. El PP reclama 'mano dura' al afirmar que la reforma tampoco “habla nada” de la negociación colectiva.
Cobra fuerza entre los sindicatos la idea de aplazar la convocatoria de un paro general hasta después del verano, mientras el Gobierno intensifica sus contactos con los grupos políticos en busca de respaldo a su proyecto de reforma del mercado de trabajo. El PP reclama 'mano dura' al afirmar que la reforma tampoco “habla nada” de la negociación colectiva.
NUEVATRIBUNA.ES
“Una huelga no se convoca por correo electrónico”. Con estas palabras, el sindicato Comisiones Obreras dejó hoy caer que la convocatoria de huelga general en respuesta al proyecto de reforma laboral del Gobierno podría retrasarse hasta después del verano, siendo el 29 de septiembre una de las fechas que se barajan al coincidir con las movilizaciones que ese día llevará a cabo en diversos países la Confederación Europa de Sindicatos (CES).
La incógnita se desvelará mañana martes, cuando Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, 'primeros espadas' de UGT y CCOO, tienen previsto desvelar cuándo se realizará el paro cuyo éxito los sindicatos se quieren asegurar a toda costa. Mientras tanto, el Gobierno prosigue su frenético calendario de reuniones con las fuerzas políticas, en busca de apoyos a su modelo de reforma.
La intención de los sindicatos es clara. Las centrales pretenden evitar que el Gobierno desactive la próxima huelga general. La pasada semana, en el paro paro de funcionarios, el Ejecutivo tuvo buen cuidado a la hora de dejar a Renfe y otras empresas del sector del transporte fuera de la lista de damnificados por el recorte salarial. Perdidos los transportes, perdida la huelga, vino hoy a reconocer Fernando Lezcano, el portavoz de CCOO quien recordó, por otro lado, los motivos por los cuales los sindicatos se oponen a la reforma del mercado de trabajo del Gobierno.
En opinión sindical, la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo “hace más fácil y más barato despedir”. Además, no eliminará la dualidad entre fijos y temporales, por lo que “la temporalidad va a perpetuarse”. Asimismo, la reforma “debilita el papel de la negociación colectiva”, enumeró el portavoz de CCOO.
Por su parte, UGT acusó al Gobierno de vulnerar la Constitución con la futura norma sobre el mercado laboral. Así, según el sindicato, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) “sólo protegerá” a ciertos trabajadores, cuando se vean despedidos, de acuerdo al nuevo modelo que pretende instaurar el Gobierno. Tras la reforma, el Fogasa pasaría a hacerse cargo de una parte de las indemnizaciones por despido de los trabajadores. Pero sólo de la de aquellos que hayan firmado un contrato de fomento de la contratación indefinida. Y no de “aquellos que tengan un contrato ordinario”, insiste UGT, algo que, a su juicio, vulnera la Constitución y el principio de igualdad, explicó hoy Toni Ferrer, su secretario de acción sindical.
LOS PARTIDOS MUEVEN FICHA
Por su parte, los partidos políticos también comienzan a fijar posiciones ante la inminente aprobación de la reforma. Así, el PP quiso hoy conocer más detalles sobre el decreto que podría ser aprobado este mismo miércoles, en Consejo de Ministros. En concreto, el Partido Popular quiere saber quién “va a pagar” el despido a través del Fogasa, del que hablaba UGT.
Para los 'populares', el decreto tampoco “habla nada” de la negociación colectiva. Al parecer, según algunas interpretaciones, el PP pretende endurecer la futura norma en este sentido y recortar aún más el poder de la negociación colectiva. Algo que mañana martes el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tendrá ocasión de explicar al portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, durante el encuentro que tienen previsto.
El secretario de estado de Hacienda, Carlos Ocaña, contestó hoy en parte a las dudas del PP al asegurar que los costes del despido no se sufragarán a través de impuestos o recursos públicos. Según Ocaña, el Ejecutivo ha propuesto una especie de seguro financiado por los trabajadores para sufragar una parte del coste del despido, dijo en alusión a las nuevas atribuciones del Fogasa.
Algunas tesis sostienen que el Gobierno ha aprobado una reforma inconcreta con la idea de que los partidos le hagan el 'trabajo sucio' y endurezcan la reforma a su paso por el Congreso. Mientras tanto, CCOO sostuvo que tiene esperanzas de que suceda todo lo contrario y de que los grupos atiendan a las tesis sindicales. Para ello, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha iniciado una ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas del Congreso.
HAY TIEMPO PARA EL PROYECTO DE LEY
Otra cuestión que atenaza al Gobierno es la supuesta premura para que la reforma entre en vigor. Sin embargo, el Ejecutivo se ha mostrado hoy abierto a que la reforma se tramite como proyecto de ley, y no como decreto, tal y como se planeó en un principio. Esta decisión demoraría la entrada en vigor de la norma hasta septiembre u octubre. Muy lejos de la idea inicial, según la cual la norma estaría operativa a finales de la próxima semana.
El Ejecutivo trata de conciliar las prisas con las exigencias de algunas fuerzas políticas, que quieren que la norma se tramite como proyecto de ley, y se niegan a apoyarla en caso contrario. Pretende influir en su articulado en profundidad. Y dotar a la ley de mayor consistencia a fin de evitar reprimendas como la del Tribunal Constitucional al 'decretazo' de Aznar, en 2002, que cuestionó que la urgencia del real decreto. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) confió hoy en lograr que el Gobierno acceda a tramitar la norma -que gusta a los republicanos, con excepciones-, como proyecto de ley.
“Una huelga no se convoca por correo electrónico”. Con estas palabras, el sindicato Comisiones Obreras dejó hoy caer que la convocatoria de huelga general en respuesta al proyecto de reforma laboral del Gobierno podría retrasarse hasta después del verano, siendo el 29 de septiembre una de las fechas que se barajan al coincidir con las movilizaciones que ese día llevará a cabo en diversos países la Confederación Europa de Sindicatos (CES).
La incógnita se desvelará mañana martes, cuando Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, 'primeros espadas' de UGT y CCOO, tienen previsto desvelar cuándo se realizará el paro cuyo éxito los sindicatos se quieren asegurar a toda costa. Mientras tanto, el Gobierno prosigue su frenético calendario de reuniones con las fuerzas políticas, en busca de apoyos a su modelo de reforma.
La intención de los sindicatos es clara. Las centrales pretenden evitar que el Gobierno desactive la próxima huelga general. La pasada semana, en el paro paro de funcionarios, el Ejecutivo tuvo buen cuidado a la hora de dejar a Renfe y otras empresas del sector del transporte fuera de la lista de damnificados por el recorte salarial. Perdidos los transportes, perdida la huelga, vino hoy a reconocer Fernando Lezcano, el portavoz de CCOO quien recordó, por otro lado, los motivos por los cuales los sindicatos se oponen a la reforma del mercado de trabajo del Gobierno.
En opinión sindical, la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo “hace más fácil y más barato despedir”. Además, no eliminará la dualidad entre fijos y temporales, por lo que “la temporalidad va a perpetuarse”. Asimismo, la reforma “debilita el papel de la negociación colectiva”, enumeró el portavoz de CCOO.
Por su parte, UGT acusó al Gobierno de vulnerar la Constitución con la futura norma sobre el mercado laboral. Así, según el sindicato, el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) “sólo protegerá” a ciertos trabajadores, cuando se vean despedidos, de acuerdo al nuevo modelo que pretende instaurar el Gobierno. Tras la reforma, el Fogasa pasaría a hacerse cargo de una parte de las indemnizaciones por despido de los trabajadores. Pero sólo de la de aquellos que hayan firmado un contrato de fomento de la contratación indefinida. Y no de “aquellos que tengan un contrato ordinario”, insiste UGT, algo que, a su juicio, vulnera la Constitución y el principio de igualdad, explicó hoy Toni Ferrer, su secretario de acción sindical.
LOS PARTIDOS MUEVEN FICHA
Por su parte, los partidos políticos también comienzan a fijar posiciones ante la inminente aprobación de la reforma. Así, el PP quiso hoy conocer más detalles sobre el decreto que podría ser aprobado este mismo miércoles, en Consejo de Ministros. En concreto, el Partido Popular quiere saber quién “va a pagar” el despido a través del Fogasa, del que hablaba UGT.
Para los 'populares', el decreto tampoco “habla nada” de la negociación colectiva. Al parecer, según algunas interpretaciones, el PP pretende endurecer la futura norma en este sentido y recortar aún más el poder de la negociación colectiva. Algo que mañana martes el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tendrá ocasión de explicar al portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, durante el encuentro que tienen previsto.
El secretario de estado de Hacienda, Carlos Ocaña, contestó hoy en parte a las dudas del PP al asegurar que los costes del despido no se sufragarán a través de impuestos o recursos públicos. Según Ocaña, el Ejecutivo ha propuesto una especie de seguro financiado por los trabajadores para sufragar una parte del coste del despido, dijo en alusión a las nuevas atribuciones del Fogasa.
Algunas tesis sostienen que el Gobierno ha aprobado una reforma inconcreta con la idea de que los partidos le hagan el 'trabajo sucio' y endurezcan la reforma a su paso por el Congreso. Mientras tanto, CCOO sostuvo que tiene esperanzas de que suceda todo lo contrario y de que los grupos atiendan a las tesis sindicales. Para ello, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha iniciado una ronda de contactos con las diferentes fuerzas políticas del Congreso.
HAY TIEMPO PARA EL PROYECTO DE LEY
Otra cuestión que atenaza al Gobierno es la supuesta premura para que la reforma entre en vigor. Sin embargo, el Ejecutivo se ha mostrado hoy abierto a que la reforma se tramite como proyecto de ley, y no como decreto, tal y como se planeó en un principio. Esta decisión demoraría la entrada en vigor de la norma hasta septiembre u octubre. Muy lejos de la idea inicial, según la cual la norma estaría operativa a finales de la próxima semana.
El Ejecutivo trata de conciliar las prisas con las exigencias de algunas fuerzas políticas, que quieren que la norma se tramite como proyecto de ley, y se niegan a apoyarla en caso contrario. Pretende influir en su articulado en profundidad. Y dotar a la ley de mayor consistencia a fin de evitar reprimendas como la del Tribunal Constitucional al 'decretazo' de Aznar, en 2002, que cuestionó que la urgencia del real decreto. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) confió hoy en lograr que el Gobierno acceda a tramitar la norma -que gusta a los republicanos, con excepciones-, como proyecto de ley.