¿La economía colaborativa es una bolsa de fraude?

Siempre que esté bien regulada y vigilada, la economía colaborativa puede servir, incluso, para aflorar dinero que hasta ahora permanecía oculto

La economía colaborativa llegó con la crisis económica para quedarse. Empezó en pequeños núcleos de población –barrios, pueblos, asociaciones…- y ahora es un fenómeno con entidad mundial, pues son múltiples y diversas las formas de hacer intercambios económicos de una manera alternativa a la tradicional.

Plataformas de alquiler de vivienda vacacional en todo el mundo en las que puedes convivir con una familia –o intercambiarte la casa- mientras visitas una ciudad o un país diferente, alquiler de coches que muchos particulares ponen a disposición de los demás cuando no los utilizan o el carsharing o coche compartido... Hasta al sector del taxi le ha salido competencia con otras empresas de vehículos privados, algo que está levantando mucha polvareda en las grandes ciudades.

Este fenómeno ha cambiado la forma en la que vivimos y a la propia sociedad. Y, aunque tiene muchos adeptos, también tiene detractores, quienes suelen definirla como una bolsa de fraude fiscal para desmontar sus supuestas ventajas, ya que muchas de estas alternativas podrían estar funcionando al margen del fisco. Si bien esta afirmación no es tal, pues al contrario de lo que pudiera pensarse, la economía colaborativa puede resultar beneficiosa para la recaudación tributaria.

Porque precisamente se sirven de una herramienta muy transparente para operar: Internet. Ahí podemos acceder todos y seguir los movimientos que se realizan de forma sencilla, algo que Hacienda puede hacer también para tener bien controladas estas actividades y que no dejen de tributar lo que les corresponde. Por ello, siempre que esté bien regulada y vigilada, la economía colaborativa puede servir, incluso, para aflorar dinero que hasta ahora permanecía oculto. Nos referimos, por ejemplo, a casos como los típicos arreglos o reparaciones menores que se hacen en los hogares (electricidad, fontanería, pintura, etc.). Si estos servicios se contratan de manera online es más fácil que paguen IVA e IRPF que si un particular acude a una casa y realiza el servicio sin factura, algo mucho más difícil de detectar por Hacienda.

Caso aparte es el de las plataformas de alquiler vacacional, que están en el ojo del huracán. Más allá de los efectos que pueda estar teniendo esta práctica en el mercado inmobiliario, en el terreno fiscal el mercado del alquiler hace años que es un nicho de fraude, mucho antes de la irrupción de estas herramientas.

Por eso, y tal y como veníamos proponiendo desde Gestha, se comenzó a controlar el consumo de electricidad de los inmuebles, como indicio de la utilización de los mismos y, en muchos casos, de su alquiler, a fin de aflorar las rentas que se pudieran estar ocultando. Como la llegada de estas plataformas ha cambiado las reglas de juego, se está preparando una modificación normativa, para obligar a aquéllas a facilitar información detallada de las operaciones en las que intermedian, más allá del aviso automático que, como consecuencia del rastreo que ha comenzado a realizar la Agencia Tributaria, reciben quienes ofrecen sus viviendas a través de las mismas, cuando hacen la declaración de la renta, y que se introdujo el pasado año.

De este modo, vemos como la economía colaborativa no resulta en sí misma fraudulenta, sino que son las personas las que pueden defraudar. Por ello, es fundamental que la Administración tributaria se mantenga vigilante y que la normativa cambie para adaptarse a esta nueva realidad social. Además, por desgracia, el fraude fiscal se encuentra enquistado en España en otros ámbitos, que suelen ser menos puestos en tela de juicio.

Contesta Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)