nuevatribuna.es
21 de diciembre de 2009, 15:20
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 21.12.2009
Un juez británico ha dictado una orden de embargo sobre los 13 aviones de Air Comet, propiedad de la empresa Astra, con base en Irlanda, y también propiedad del grupo Marsans, ante el impago de un crédito a 25 millones de dólares (17,2 millones de euros) con el banco alemán Nord Bank, por el que este banco presentó una demanda judicial. De hecho, ante la imposibilidad de operar y de hacer frente al carburante, la venta de los billetes de Air Comet se paralizó el pasado sábado.
Los dos comités de huelga, integrados por representantes del colectivo de Estructura y Vuelo (pilotos, mantenimiento y oficinas) y de 'handling' solicitaron este lunes reunirse con la dirección de la aerolínea, para pedirle una vez más garantías suficientes para el cobro de las nóminas atrasadas, hasta seis meses en algunos casos, una vez que los trabajadores constataron que "sólo se han cobrado algunos pagarés". No obstante, fuentes de la compañía, que reconocieron la "inquietud" existente entre los 640 trabajadores que conforman la plantilla, explicaron que algunos talones necesitan 24 horas para ser efectivos.
Los propietarios de la aerolínea, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, se comprometieron a abonar todos los salarios atrasados, que en algunos casos alcanzan hasta los seis meses antes de finalizar el año en dos plazos, los días 21 y 30 de este mes.
Según explicaron las mismas fuentes, la compañía informó al comité de empresa de que aplicará un ERE que afectará a todos los colectivos de la compañía. Asimismo, indicaron que Air Comet ha solicitado a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependiente del Ministerio de Fomento, que interceda para poder dar salida a los pasajeros que ya han contratado un vuelo con la compañía ante la inmovilización de los aviones por mandato judicial, y que se haga cargo del combustible y de los costes de las operaciones que la aerolínea no puede afrontar, entre ellas los salarios de los tripulantes.
La grave situación que atraviesa la compañía, que opera vuelos a Latinoamérica, podría afectar a unos 1.500 pasajeros en estas fechas navideñas, "sólo desde España", teniendo en cuenta la programación prevista con una medida de tres frecuencias diarias a Buenos Aires, La Habana, Bolivia y Ecuador.
Los trabajadores, que acogieron la decisión como una jarro de agua fría, lamentaron que el Gobierno "no haya movido un dedo" por la situación de los empleados de la aerolínea y que "su única preocupación sean los pasajeros". Asimismo, aseguran que se negarán a volar si no se les abona la jornada.
La semana pasada dirigieron una carta al ministro de Fomento, José Blanco, en la que pedían "auxilio" ante la "insostenible" situación que atraviesan y ante el temor a que sucedieron lo mismo que ocurrió en 2006 con el cierre de la compañía Air Madrid.
La decisión, "motivada por el embargo de los aviones y no por las nóminas atrasadas", apuntaron fuentes de Air Comet, llega justo cuando los trabajadores debían haber cobrado el primero de los dos plazos de sus nóminas atrasadas, y tras no haber podido cerrarse la venta con el grupo holandés Air Transport, que presentó una aval de 20 millones de dólares (unos 14 millones de euros), que no ha sido suficiente, para una compañía que adeuda además 16 millones de euros a la Seguridad Social.
Cuando una empresa se acoge a un concurso voluntario de acreedores, las demandas interpuestas por éstos contra la compañía se paralizan y si algún acreedor empieza a embargar bienes, se paralizan dichas ejecuciones.
La empresa no tendrá que pagar a sus acreedores actuales durante varios años, lo hará al final del proceso y sólo en función de las posibilidades económicos que tenga entonces. Pero además, el concurso evita responder con los bienes de los administradores, impidiendo que los acreedores inhabiliten a éstos para el ejercicio del comercio.
La solicitud formal de apertura de un concurso de acreedores exige la aportación de documentos, debe ser aprobada por un juez y supone el nombramiento de los miembros de la administración concursal, que será el encargado de intervenir judicialmente las facultades de gestión y administración del deudor, así como comprobar el estado patrimonial y económico de la empresa.
Durante el concurso de acreedores, la empresa debe continuar su actividad mercantil y podrá presentar un convenio de acreedores por el que se proceda a refinanciar la deuda acumulada, con un aplazamiento máximo de cinco años y una reducción máxima de la deuda del 50% de su importe total.
Un juez británico ha dictado una orden de embargo sobre los 13 aviones de Air Comet, propiedad de la empresa Astra, con base en Irlanda, y también propiedad del grupo Marsans, ante el impago de un crédito a 25 millones de dólares (17,2 millones de euros) con el banco alemán Nord Bank, por el que este banco presentó una demanda judicial. De hecho, ante la imposibilidad de operar y de hacer frente al carburante, la venta de los billetes de Air Comet se paralizó el pasado sábado.
Los dos comités de huelga, integrados por representantes del colectivo de Estructura y Vuelo (pilotos, mantenimiento y oficinas) y de 'handling' solicitaron este lunes reunirse con la dirección de la aerolínea, para pedirle una vez más garantías suficientes para el cobro de las nóminas atrasadas, hasta seis meses en algunos casos, una vez que los trabajadores constataron que "sólo se han cobrado algunos pagarés". No obstante, fuentes de la compañía, que reconocieron la "inquietud" existente entre los 640 trabajadores que conforman la plantilla, explicaron que algunos talones necesitan 24 horas para ser efectivos.
Los propietarios de la aerolínea, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, se comprometieron a abonar todos los salarios atrasados, que en algunos casos alcanzan hasta los seis meses antes de finalizar el año en dos plazos, los días 21 y 30 de este mes.
Según explicaron las mismas fuentes, la compañía informó al comité de empresa de que aplicará un ERE que afectará a todos los colectivos de la compañía. Asimismo, indicaron que Air Comet ha solicitado a la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), dependiente del Ministerio de Fomento, que interceda para poder dar salida a los pasajeros que ya han contratado un vuelo con la compañía ante la inmovilización de los aviones por mandato judicial, y que se haga cargo del combustible y de los costes de las operaciones que la aerolínea no puede afrontar, entre ellas los salarios de los tripulantes.
La grave situación que atraviesa la compañía, que opera vuelos a Latinoamérica, podría afectar a unos 1.500 pasajeros en estas fechas navideñas, "sólo desde España", teniendo en cuenta la programación prevista con una medida de tres frecuencias diarias a Buenos Aires, La Habana, Bolivia y Ecuador.
Los trabajadores, que acogieron la decisión como una jarro de agua fría, lamentaron que el Gobierno "no haya movido un dedo" por la situación de los empleados de la aerolínea y que "su única preocupación sean los pasajeros". Asimismo, aseguran que se negarán a volar si no se les abona la jornada.
La semana pasada dirigieron una carta al ministro de Fomento, José Blanco, en la que pedían "auxilio" ante la "insostenible" situación que atraviesan y ante el temor a que sucedieron lo mismo que ocurrió en 2006 con el cierre de la compañía Air Madrid.
La decisión, "motivada por el embargo de los aviones y no por las nóminas atrasadas", apuntaron fuentes de Air Comet, llega justo cuando los trabajadores debían haber cobrado el primero de los dos plazos de sus nóminas atrasadas, y tras no haber podido cerrarse la venta con el grupo holandés Air Transport, que presentó una aval de 20 millones de dólares (unos 14 millones de euros), que no ha sido suficiente, para una compañía que adeuda además 16 millones de euros a la Seguridad Social.
Cuando una empresa se acoge a un concurso voluntario de acreedores, las demandas interpuestas por éstos contra la compañía se paralizan y si algún acreedor empieza a embargar bienes, se paralizan dichas ejecuciones.
La empresa no tendrá que pagar a sus acreedores actuales durante varios años, lo hará al final del proceso y sólo en función de las posibilidades económicos que tenga entonces. Pero además, el concurso evita responder con los bienes de los administradores, impidiendo que los acreedores inhabiliten a éstos para el ejercicio del comercio.
La solicitud formal de apertura de un concurso de acreedores exige la aportación de documentos, debe ser aprobada por un juez y supone el nombramiento de los miembros de la administración concursal, que será el encargado de intervenir judicialmente las facultades de gestión y administración del deudor, así como comprobar el estado patrimonial y económico de la empresa.
Durante el concurso de acreedores, la empresa debe continuar su actividad mercantil y podrá presentar un convenio de acreedores por el que se proceda a refinanciar la deuda acumulada, con un aplazamiento máximo de cinco años y una reducción máxima de la deuda del 50% de su importe total.
