nuevatribuna.es
1 de agosto de 2010, 14:17
NUEVATRIBUNA.ES - 29.7.2010
El PSOE ha negociado hasta el último minuto para no quedarse solo en la votación de las enmiendas que ha presentado al proyecto inicial del Gobierno. Tanto es así que, durante la sesión de la mañana, los diputados han hecho sus intervenciones durante dos horas y media sin conocer con certeza de qué texto estaban hablando. A las dos y cuarto, tras la primera intervención de todos los grupos, han decidido detener la comisión y reunirse a puerta cerrada para decidir cómo procedían, porque no estaba claro si debían pronunciarse sobre todas las enmiendas recopiladas o sólo sobre las pactadas. Y es que había más de diez enmiendas transaccionales que el PSOE había ofrecido a los diferentes grupos, pero que no habían recibido su apoyo.
Finalmente, el grupo socialista no ha conseguido apoyos pero sí la abstención del PNV -además de la de CiU- gracias a un acuerdo sobre el despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización que, aunque incluye los supuestos de existencia de pérdidas "actuales" y una disminución "persistente" de beneficios, los condiciona a que "puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". Asimismo, elimina la alusión a la "falta de liquidez". El texto de la enmienda transaccional señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la "razonabilidad" de la decisión extintiva para "preservar o favorecer" su posición competitiva en el mercado.
Se trata de una reformulación terminológica más parecida a una operación de maquillaje que a otra cosa. Los sindicatos, CCOO y UGT, no han tardado en reaccionar. A su juicio, el pacto del PSOE con el PNV, "facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, haciéndola más fácil, más rápida y más barata; muestra su ineficacia sobre la contratación temporal y hace más vulnerable el empleo fijo; dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva, derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución como instrumento de ordenación de las relaciones laborales; legaliza las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro atribuyéndole competencias propias de los Servicios Públicos de Empleo; ignora la necesidad de cambio de modelo productivo -imprescindible para enfrentar los problemas reales de la economía y del empleo: impulsar el empleo de calidad, la formación y la innovación- y apuesta por una competitividad basada en la reducción de los costes empresariales a costa de la reducción de derechos de los trabajadores".
En el proyecto que ha aprobado la Comisión de Trabajo se mantiene, por otra parte, que cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajuste al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, corresponderá al mismo la carga de la prueba sobre esta cuestión. Un punto que ha sido considerado como "aberrante" tanto por CCOO como por UGT.
Los grupos han aceptado modificar las consideraciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, cuyo límite fija la ley en el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o en el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque en relación con una media de la plantilla que los socialistas plantean rebajar ahora del 5% al 2,5%.
El PSOE y el PNV aceptan reformar el Estatuto de los Trabajadores para que en aquellas empresas en que no haya representación legal de los trabajadores, éstos puedan atribuir su representación para la negociación del acuerdo a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente. También podrán asignarlos a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresas y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo.
El PSOE ha presentado un total de 20 enmiendas a todos los grupos, en gran parte de carácter técnico, aunque en ellas, el PSOE asume la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas de empleo cuando comience la recuperación. Asimismo, acepta emprender en seis meses reforma de la negociación colectiva, eso sí, buscando el acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales y revisando los mecanismos de articulación para adaptarlos a las necesidades de las trabajadores. Además, admite lanzar un plan para recolocar desempleados de la construcción.
Los inspectores de la Seguridad Social tendrán un mayor control sobre los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica y serán los únicos competentes, "a través de sus propios médicos" para emitir una nueva baja médica si la situación se produce en un plazo de ciento ochenta días siguientes y deriva de la misma o similar patología. El objeto de esta medida es "evitar una prolongación innecesaria de las bajas".
Para CCOO y UGT, lo aprobado este jueves en el Congreso hace más necesaria si cabe la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre, "cuyo principal objetivo debe ser parar esta reforma y volver a la mesa de negociación para pactar una reforma del mercado de trabajo que priorice las políticas de empleo y formación destinadas a las personas desempleadas, incentive el empleo estable, combata la temporalidad y refuerce la función de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo".
El PSOE ha negociado hasta el último minuto para no quedarse solo en la votación de las enmiendas que ha presentado al proyecto inicial del Gobierno. Tanto es así que, durante la sesión de la mañana, los diputados han hecho sus intervenciones durante dos horas y media sin conocer con certeza de qué texto estaban hablando. A las dos y cuarto, tras la primera intervención de todos los grupos, han decidido detener la comisión y reunirse a puerta cerrada para decidir cómo procedían, porque no estaba claro si debían pronunciarse sobre todas las enmiendas recopiladas o sólo sobre las pactadas. Y es que había más de diez enmiendas transaccionales que el PSOE había ofrecido a los diferentes grupos, pero que no habían recibido su apoyo.
Finalmente, el grupo socialista no ha conseguido apoyos pero sí la abstención del PNV -además de la de CiU- gracias a un acuerdo sobre el despido objetivo por causas económicas con 20 días de indemnización que, aunque incluye los supuestos de existencia de pérdidas "actuales" y una disminución "persistente" de beneficios, los condiciona a que "puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo". Asimismo, elimina la alusión a la "falta de liquidez". El texto de la enmienda transaccional señala además que la empresa tendrá que acreditar los resultados alegados y justificar que de los mismos se deduce la "razonabilidad" de la decisión extintiva para "preservar o favorecer" su posición competitiva en el mercado.
Se trata de una reformulación terminológica más parecida a una operación de maquillaje que a otra cosa. Los sindicatos, CCOO y UGT, no han tardado en reaccionar. A su juicio, el pacto del PSOE con el PNV, "facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, haciéndola más fácil, más rápida y más barata; muestra su ineficacia sobre la contratación temporal y hace más vulnerable el empleo fijo; dota de mayor poder discrecional al empresario en perjuicio de la negociación colectiva, derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución como instrumento de ordenación de las relaciones laborales; legaliza las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro atribuyéndole competencias propias de los Servicios Públicos de Empleo; ignora la necesidad de cambio de modelo productivo -imprescindible para enfrentar los problemas reales de la economía y del empleo: impulsar el empleo de calidad, la formación y la innovación- y apuesta por una competitividad basada en la reducción de los costes empresariales a costa de la reducción de derechos de los trabajadores".
En el proyecto que ha aprobado la Comisión de Trabajo se mantiene, por otra parte, que cuando el trabajador alegue que la utilización del procedimiento de despido objetivo no se ajuste al derecho porque la causa real del despido es disciplinaria, corresponderá al mismo la carga de la prueba sobre esta cuestión. Un punto que ha sido considerado como "aberrante" tanto por CCOO como por UGT.
Los grupos han aceptado modificar las consideraciones que justifican el despido por motivos de absentismo laboral, cuyo límite fija la ley en el 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o en el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, aunque en relación con una media de la plantilla que los socialistas plantean rebajar ahora del 5% al 2,5%.
El PSOE y el PNV aceptan reformar el Estatuto de los Trabajadores para que en aquellas empresas en que no haya representación legal de los trabajadores, éstos puedan atribuir su representación para la negociación del acuerdo a una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente. También podrán asignarlos a una comisión de igual número de componentes designados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresas y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo.
El PSOE ha presentado un total de 20 enmiendas a todos los grupos, en gran parte de carácter técnico, aunque en ellas, el PSOE asume la petición de CiU de reformar la prestación por desempleo para mejorar su vinculación a las políticas activas de empleo cuando comience la recuperación. Asimismo, acepta emprender en seis meses reforma de la negociación colectiva, eso sí, buscando el acuerdo con las organizaciones empresariales y sindicales y revisando los mecanismos de articulación para adaptarlos a las necesidades de las trabajadores. Además, admite lanzar un plan para recolocar desempleados de la construcción.
Los inspectores de la Seguridad Social tendrán un mayor control sobre los procesos de incapacidad temporal, de manera que podrán emitir un alta médica y serán los únicos competentes, "a través de sus propios médicos" para emitir una nueva baja médica si la situación se produce en un plazo de ciento ochenta días siguientes y deriva de la misma o similar patología. El objeto de esta medida es "evitar una prolongación innecesaria de las bajas".
Para CCOO y UGT, lo aprobado este jueves en el Congreso hace más necesaria si cabe la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre, "cuyo principal objetivo debe ser parar esta reforma y volver a la mesa de negociación para pactar una reforma del mercado de trabajo que priorice las políticas de empleo y formación destinadas a las personas desempleadas, incentive el empleo estable, combata la temporalidad y refuerce la función de intermediación de los Servicios Públicos de Empleo".
