nuevatribuna.es
4 de agosto de 2010, 11:24
NUEVATRIBUNA.ES 02.08.2010
CCOO critica que el proyecto de ley aprobado “en el último minuto” el pasado 30 de julio se haya hecho “sin consenso sindical”, después de que el Ministerio de Fomento haya “desestimado la práctica totalidad de las alegaciones interpuestas por las organizaciones conformantes de la mayoría sindical, apostando, una vez más, por un modelo liberalizador y al más puro estilo ‘progresista’ del que el Ejecutivo viene haciendo gala en los últimos meses”.
A juicio del Sector Postal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, el proyecto de ley “recorta el Servicio Postal Universal, el derecho de ciudadanía, reduciendo su extensión y condiciones, dando marco legal a buzones concentrados y casilleros, y facilitando la discriminación geográfica en función de criterios de rentabilidad. Es decir, ofrece una menor cobertura social y, por tanto, menor financiación y plantilla”.
En una nota remitida a los medios, el sindicato que dirige José Ignacio Fernández Toxo, alerta sobre la creación de un fondo de financiación que “supone la retirada del Estado en la financiación del Servicio Postal Universal, trasladando esa carga a operadores privados y usuarios, imponiendo sobre los ciudadanos una doble vía de pago (IRPF y un incremento del 2% en los sellos)”.
Un proyecto de ley que no establece un proyecto empresarial, ni garantías laborales ni de empleo de los 60.000 trabajadores que conforman la plantilla -según fuentes del propio Ministerio de Fomento, 7.000 menos que hace dos años- y en aras de poner punto final a la mayor empresa pública del país”, dice.
A esto hay que añadir, según CCOO, que el proyecto se apruebe en un contexto en el que Correos arrastra un déficit de dos millones de euros, con un recorte en las inversiones del 50%, una reducción importante en la contratación en los meses de verano, así como la supresión de determinadas rutas y servicios para ahorrar costes y con un claro perjuicio sobre los ciudadanos y los trabajadores.
Por ello, FSC-CCOO exige que, “ante la inviabilidad más absoluta en la que se encuentra inmersa la empresa, el proyecto de ley incluya la ampliación del Servicio Postal Universal; su financiación íntegra por parte del Estado; el acceso de los operadores privados a los servicios invirtiendo en infraestructuras propias; el mantenimiento del empleo en un plan estratégico, hoy inexistente; y que Correos continúe como prestador del Servicio Postal Universal en los próximos 15 años con financiación e inversión, elementos sin los cuales, la prestación se convierte en una condena para el operador y para sus 60.000 trabajadores”.
El Sector Postal de CCOO realizará una valoración en profundidad del proyecto, una vez que disponga del texto que, en la línea de “total falta de transparencia” acometida por el Ministerio, no ha facilitado a las organizaciones sindicales, y después de analizar los cambios que se hayan producido respecto al Anteproyecto previo, planteará sus propuestas en el Congreso de los Diputados y proseguirá las movilizaciones.
CCOO critica que el proyecto de ley aprobado “en el último minuto” el pasado 30 de julio se haya hecho “sin consenso sindical”, después de que el Ministerio de Fomento haya “desestimado la práctica totalidad de las alegaciones interpuestas por las organizaciones conformantes de la mayoría sindical, apostando, una vez más, por un modelo liberalizador y al más puro estilo ‘progresista’ del que el Ejecutivo viene haciendo gala en los últimos meses”.
A juicio del Sector Postal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO, el proyecto de ley “recorta el Servicio Postal Universal, el derecho de ciudadanía, reduciendo su extensión y condiciones, dando marco legal a buzones concentrados y casilleros, y facilitando la discriminación geográfica en función de criterios de rentabilidad. Es decir, ofrece una menor cobertura social y, por tanto, menor financiación y plantilla”.
En una nota remitida a los medios, el sindicato que dirige José Ignacio Fernández Toxo, alerta sobre la creación de un fondo de financiación que “supone la retirada del Estado en la financiación del Servicio Postal Universal, trasladando esa carga a operadores privados y usuarios, imponiendo sobre los ciudadanos una doble vía de pago (IRPF y un incremento del 2% en los sellos)”.
Un proyecto de ley que no establece un proyecto empresarial, ni garantías laborales ni de empleo de los 60.000 trabajadores que conforman la plantilla -según fuentes del propio Ministerio de Fomento, 7.000 menos que hace dos años- y en aras de poner punto final a la mayor empresa pública del país”, dice.
A esto hay que añadir, según CCOO, que el proyecto se apruebe en un contexto en el que Correos arrastra un déficit de dos millones de euros, con un recorte en las inversiones del 50%, una reducción importante en la contratación en los meses de verano, así como la supresión de determinadas rutas y servicios para ahorrar costes y con un claro perjuicio sobre los ciudadanos y los trabajadores.
Por ello, FSC-CCOO exige que, “ante la inviabilidad más absoluta en la que se encuentra inmersa la empresa, el proyecto de ley incluya la ampliación del Servicio Postal Universal; su financiación íntegra por parte del Estado; el acceso de los operadores privados a los servicios invirtiendo en infraestructuras propias; el mantenimiento del empleo en un plan estratégico, hoy inexistente; y que Correos continúe como prestador del Servicio Postal Universal en los próximos 15 años con financiación e inversión, elementos sin los cuales, la prestación se convierte en una condena para el operador y para sus 60.000 trabajadores”.
El Sector Postal de CCOO realizará una valoración en profundidad del proyecto, una vez que disponga del texto que, en la línea de “total falta de transparencia” acometida por el Ministerio, no ha facilitado a las organizaciones sindicales, y después de analizar los cambios que se hayan producido respecto al Anteproyecto previo, planteará sus propuestas en el Congreso de los Diputados y proseguirá las movilizaciones.
