La imagen que acompaña este artículo les puede chocar y llamar la atención. Pensamos que la mayor parte de la gente dirá que el problema es la cebra, que no encaja con la figura de Napoléon. Así es en la mayoría de los casos, sin embargo, bien podría ser al revés, podría ser que Napoleón no encajase con la cebra y ésta fuese lo más normal, natural y ético.
Algo parecido pasa en las cuestiones de defensa. Nos venden cosas muy raras y nos ofrecen soluciones más raras todavía que nos hacen pensar que no entendemos nada y que es mejor dejar las cuestiones de defensa y las cuestiones financieras en manos de los expertos. Sin embargo, esta visión es muy peligrosa como intentamos demostrar.
Nos ofrece Enrique Navarro una perspectiva global de las diversas "salidas" que hay a la ingente deuda militar de más de 25.000 millones de € (dentro de poco, ascenderá a 36.000 millones con los intereses y gastos de la renengociación y el aplazamiento) debida a los Programas Especiales de Armamento.
A E. Navarro (que llegó a sonar como ministro de defensa de Rajoy en diversos círculos) le preocupan dos cosas:
"Los importes comprometidos de los programas especiales son sin duda la gran losa sobre la pervivencia de una política de defensa, sobre el mantenimiento de la base industrial y tecnológica nacional y el papel de España en el mundo".
"El gobierno se encuentra ante un problema legal y económico que contribuyó a crear con las sucesivas y benditas reformas de la Ley de contratos de administraciones públicas. Por una parte, sabe que si no paga, los contratistas pueden rescindir el contrato, reclamar daños y perjuicios y presentar recursos contenciosos; o sea que el coste económico para la Administración de esta acción por parte de las empresas sería escandalosamente mayor que el actual comprometido y seguramente la administración sería condenada a pagar".
¿Qué soluciones o posibilidades existen según Navarro?
1.- "Si negocia los pagos retrasándolos, se va a encontrar con un interés de demora que para este semestre está instalado en el 8,25%, o sea que sobre los 25.000 millones de Euros, debería abonar un sobrecoste de unos 2.000 millones anuales. Pero las empresas deberán buscar los fondos para autofinanciarse, coste que obviamente repercutirán sobre la Administración". En nuestra opinión, esta "solución" no es tal pues sólo dilata temporalmente la situación y ello conlleva un aumento de los costes que convertirían la ruina del Ministerio de Defensa actual en la miseria miserable en un futuro bastante inmedito".
2.- "La cancelación de los programas tampoco es posible dados los altos costes no recurrentes, que en estos proyectos superan el 50% del coste; hasta el programa mas atrasado de los denominados especiales ha superado el 50% de su ejecución; lo que significa que si se cancelan, habremos gastado al menor el 50% de su importe a cambio de nada".
Pues mira tú por dónde, en esta propuesta sí estamos de acuerdo. Y lo estamos porque va al quid de la cuestión, porque a diferencia de las demás va al núcleo del problema y es una solución seria y que no es un mero parche.
Efectivamente, los Programas Especiales de Armamento tienen varios problemas graves:
- uno, que sitúan a España como un país agresor (con capacidad de proyección, dirían los militares);
- dos, intentan que España, que según la doctrina militar no tiene enemigos, tenga unos medios militares exagerados para las necesidades objetivas que tenemos, es decir, se gasta demasiado para defendernos de enemigos que no existen (según las propias previsiones militares);
- tres, los Programas Especiales de Armamento están muy inflados para nuestras necesidades y quitan muchísimo presupuesto de inversión, investigación y desarrollo a otros programas que socialmente son más útiles. Además, cancelar los programas de armamentos especiales supone un verdadero ahorro a corto y medio plazo que es lo que la nación y la sociedad española necesitan.
- cuatro, los Programas Especiales de Armamento nos llevan a una política exterior basada en "enseñar músculo" y compromiso de intervención en conflictos en los que no hemos solucionado ninguno de los problemas de las sociedades a las que íbamos a ayudar: véase Afganistán, Irak, Somalia con la intervención Atalanta, .... Pero la política de exteriores se puede, y se debe, hacer por medios pacíficos en los que prime la cooperación, la solidaridad, la ética, el respeto a las demás naciones y sociedades y al medioambiente.
Los Programas Especiales de Armamento son el problema, no lo es su financiación. Si queremos solucionar el problema de una política mal diseñada (al estilo de los gastos sin freno de los nuevos ricos, al estilo de los gastos desenfrenados de la burbuja del ladrillo o de la burbuja bancario y/o financiera) es necesario variar de política, no centrarnos en cómo seguir financiando el error ya cometido. Es de necios ser reincidentes.
Además, deberíamos pedir responsabilidades (al menos políticas) a los gestores del Ministerio de Defensa que iniciaron esta situación, que coinciden con los gestores actuales del Ministerio. No es lógico poner a solucionar un problema a aquellos que lo han creado y que, erre que erre, se niegan a reconocerlo y sólo lo eluden.
Sabemos que esta opción tiene algunos aspectos que se venden como negativos desde el militarismo: las graves repercusiones sobre la industria militar española. Y pensamos que se deben asumir estas repercusiones como positivas desde una política industrial con esencias éticas, solidarias y no armamentistas. Seguir subvencionando esta política industrial de apoyo a la venta y exportación de armas sólo nos lleva a la ruina. Lo correcto sería empezar su reconversión (para mantener los puestos de trabajo) hacia necesidades sociales.
3.- "Suponer que un acuerdo con las empresas es posible y llegar a un punto medio, solo puede producirse si la administración pone recursos sobre la mesa; algo así como yo cancelo el 50% pero pago el otro 50%; además de reincidirse en lo que indica el punto anterior, hay que tener 12.500 millones para pagar".
4.- "Dotar presupuestariamente al Ministerio de Defensa con 2.000 millones de Euros adicionales al año, obviamente es la solución más barata y eficiente, pero choca con el obstáculo del entorno político y económico que a veces supera al análisis racional de costes".
No estamos de acuerdo. Sería mantener el error y abundar en él, sería empecinarnos en una política antisocial y carísima que nos lleva a la ruina. Sería asumir que en defensa todo vale, que la defensa es un coto especial ajeno a la situación social, económica y política nacional e internacional. Sería asumir la militarización y la violencia como únicas formas políticas de acción internacional.
5.- "Otra opción podría ser el factoring, es decir la cesión de los derechos de cobro; pero me temo que teniendo en cuenta que el origen es el impago de las facturas, el riesgo de pago implicaría una tasa más elevada y por tanto mayor coste de descuento".
¿Quién sería el loco que compararía los derechos de cobro de un Ministerio de Defensa que sabemos arruinado? Y si encontrásemos a quién los quisiera comprar, ¿qué nos pediría? Además, esta fórmula lo que promueve es la especulación financiera pura y dura. Y ello dentro del sacrosanto mundo de la defensa nacional.
Es decir, el propio Navarro no ve ninguna solución factible entre las seis anteriores (aunque desde el antimilitarismo y el pacifismo noviolento sí hemos dado nuestras razones para apostar por una de ellas). La cosa está complicada. Pero, Navarro recurre a un clásico como la mejor opción entre todas las que no son buenas: los bonos de guerra.
6.- Los bonos de guerra: "Si el bono español a 10 años cotiza al 5,5%, esto significa que hay mercado para colocar bonos a 10 años o a 20 años el 6,0%, que es una rentabilidad muy atractiva. Supongamos que titulizamos el importe comprometido en un fondo especial de tecnología y protección industrial (el marketing es importante) que con garantía soberana emite 20.000 millones de Euros al 6,5% de interés. Porqué 20.000; porque si pagamos por adelantado podemos obtener un cierto descuento de los proveedores. Quien serán los primeros interesados en comprar esta deuda con tan buena rentabilidad; pues además de los inversores institucionales; las propias empresas proveedoras que matan dos pájaros de un tiro, una buena inversión y cobrar. Que se ahorra el gobierno con esta opción, 2 puntos porcentuales de tipos de interés (spread entre la retribución del bono y el interés de demora) y los perjuicios que tendría que compensar la administración. Y además consigue mantener la tecnología, la industria y los equipos que ya están contratados y fabricados). De estos 20.000 mil millones, se quedan en el gobierno unos 10.000 millones que son los anticipos pendientes de devolución al ministerio de industria. Si se cancelaran estos anticipos pues bastaría con emitir bonos por 10.000 millones de Euros. Además no tendríamos que amortizar el principal hasta dentro de 10 años, por lo que salvaríamos el escollo de los pagos a corto plazo".
En definitiva, Navarro nos propone un artilugio financiero de los que tan hartos estamos actualmente y que tan hondas repercusiones negativas ha tenido en nuestra economía. Vender deuda para pagar deuda, es decir, endeudarnos más con la esperanza de que nos endeudemos menos. Por ello dice Navarro que el marketing para publicitar la operación es importante: se trata, aunque no lo diga, de vender lo invendible, de engañar un poquito para que alguien pique en el anzuelo y los costos se repartan entre varios y luego no se pueda pagar por ninguno de ellos y sea, al final, el Estado quien tenga que hacerse cargo.
Esta solución de los bonos de guerra es una solución insolidaria con el pueblo porque ha sido el Ministerio de Defensa y sus gestores (tanto socialistas como populares) quienes han arruinado a la defensa española. No sería justo que ahora todos los españoles, es decir, el Estado, fuésemos los que asumiésemos los costos de su mala gestión y de su visión militarista y violenta de la política de defensa.
Conclusión:
Lo único lógico y políticamente correcto es la cancelación de los Programas Especiales de Armamento, el diseño de una política de defensa que tenga carácter meramente defensivo y no ofensivo y, por último, la reconversión de la industria de armamento militar hacia otra de fines sociales con el fin de mantener el empleo y mejorar la investigación, desarrollo e inversión social.
