martes. 19.03.2024
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En un momento en el que la sociedad española asiste indignada a los continuos escándalos y corruptelas que las élites políticas y empresariales cometen con la absoluta inactividad del Gobierno del PP, se acaba de producir uno de los mayores escándalos financieros e industriales desde la Transición. Endesa ha repartido entre sus accionistas 14.606 millones de euros: 8.253 procedentes de la venta de sus empresas americanas a su matriz Enel y los 6.253 restantes de un dividendo extraordinario.

Parece que al Gobierno de España le es indiferente el debilitamiento de un sector regulado, la descapitalización, la pérdida de recursos y el decrecimiento a futuro en actividad y empleo

El reparto de dividendo que ha hecho efectivo Endesa a sus accionistas es, en opinión de la Federación de Industria del sindicato Comisiones Obreras, el resultado de una práctica inaceptable en una empresa regulada de un servicio público esencial como es la electricidad. Este sindicato denuncia que, mientras se producen desatinos de esta envergadura, el Gobierno de Mariano Rajoy calla y otorga.

Tras aprobarlo la Junta General de Accionistas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Endesa ha empezado a repartir esta mañana 14.600 millones de euros de dividendo a sus accionistas. La eléctrica ya ha anunciado que a finales de año repartirá otros 7.400 millones por la venta, a través de una OPV, del 22% de la compañía.

Si a estas cantidades le sumamos los beneficios de los seis últimos años desde que ENEL se hizo con el control de la eléctrica española, ya se han distribuido 16.200 millones de euros en dividendos. En seis años, ENEL habrá recaudado cerca de 38.200 millones (valor semejante al que tuvo que desembolsar por su compra y por debajo del valor bursátil de la compañía), manteniendo casi la totalidad de sus activos, un auténtico negocio que le ha permitido recuperar la inversión realizada.

CCOO de Industria denuncia que la operación financiera que ENEL está realizando con Endesa va a convertir a la primera eléctrica del país en una empresa sin capacidad de crecimiento, al eliminar tanto la generación renovable como la inversión en mercados de futuro. La empresa practica la política del corto plazo. Maximiza los beneficios en la explotación de lo existente y con una reducción de costes. Esta política empresarial, advierte el sindicato, ha provocado una reducción de las inversiones materiales, tanto en distribución como en generación, que ha generado un deterioro en la calidad del servicio y una reducción de los costes laborales.

La pérdida de volumen de Endesa se acompaña con la aplicación de una política de centralización de actividades transversales en Italia, lo que significa pérdida de actividad

La repercusión para el ciudadano es evidente. Por una parte se ha producido una pérdida de la fiscalidad de los beneficios del grupo. Los beneficios que se obtenían por la explotación de las inversiones realizadas en Latinoamérica, y que rendían tributo en España, se pierden a partir de ahora (no olvidemos que es cerca del 30% de la compañía). Además, la pérdida de toma de decisión y de las actividades transversales es pérdida de empleo directo e indirecto, a través de trabajadores directos y de subcontratas, proyectos o materiales que de forma indirecta se generan allí donde se gestiona. A esto se suma la pérdida de calidad del servicio, por reducción de costes en inversiones.

CCOO advierte de que todo ello se produce en un sector de servicio público esencial para el desarrollo del país y la vida de los ciudadanos, un sector que, a nivel europeo, está fundamentalmente en manos de empresas públicas. Parece que al Gobierno de España, que no se ha pronunciado sobre el asunto, le es indiferente el debilitamiento de un sector regulado, la descapitalización, la pérdida de recursos y el decrecimiento a futuro en actividad y empleo.

Este es el resultado de la políticas liberalizadoras del Gobierno, del “poder de mercado” y de la “marca España”, conseguir que una empresa pública, con ingentes beneficios, propiedad de todos los ciudadanos españoles, se haya convertido en una empresa descapitalizada, sin capacidad de crecimiento, con pérdida de actividad y empleo, que ha acabado sometida a las órdenes y a los intereses de la pública ENEL, propiedad del pueblo italiano.

El fracaso constatado de estas políticas de privatización, de libre mercado y de falsa competencia, causantes de altos precios de la electricidad, caída de la competitividad de las empresas y pobreza energética, deben llevar a la reflexión sobre las alternativas para poner punto final a estas prácticas. Debatir sobre la posibilidad y necesidad de un operador público que intervenga en el sector y en el mercado de la energía es prioritario, en un tiempo en el que es posible un cambio político de envergadura.

Se consuma la expropiación de Endesa que inició Aznar y que termina Rajoy