nuevatribuna.es
9 de diciembre de 2010, 5:02
nuevatribuna.es |09.12.2010
El fiscal general de Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha manifestado que se van a proponer penas de hasta 8 años de cárcel para los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo.
Según Conde-Pumpido, "el abandono colectivo de un aeropuerto, con la paralización del tráfico aéreo es un delito muy grave penado en la ley de navegación aérea con una sanción de prisión de entre 3 y 8 años. No estamos hablando de un problema laboral porque no se ha utilizando en ningún momento las vías legales sino un abandono premeditado concertado y colectivo de los aeropuertos con un grave daño para ciudadanos y España, por eso las diversas fiscalías han incoado diligencias de investigación".
El fiscal general ha reunido en Zaragoza a la junta de fiscales superiores de comunidad autónoma con la intención de ofrecer una respuesta penal unitaria contra los controladores que provocaron el pasado sábado el cierre del espacio aéreo español. En este sentido, Conde-Pumpido ha precisado que "hay más de 20 diligencias abiertas y más de 400 personas presuntamente responsables de estos hechos".
LOS CONTROLADORES RECURREN LA MILITARIZACIÓN
Por su parte, los controladores han presentado un recurso al Tribunal Supremo contra la militarización de los servicios relativos al tránsito aéreo civil. Así, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha formalizado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra los Reales Decretos 1673/2010 y 1611/2010 en los que se decretó el estado de alarma y la militarización de los servicios de tránsito aéreo civiles, respectivamente.
Fuentes del sindicato mayoritario del sector mostraron "serias dudas" sobre la legalidad, tanto del procedimiento seguido por el Gobierno, como sobre los cuerpos legales en los que se ha apoyado el Ejecutivo para dictar sendos decretos.
El portavoz de USCA, Daniel Zamit, señaló este jueves que "hay una cuota de corresponsabilidad del Gobierno de la que nadie habla", afirmó tras advertir "un componente de provocación" en la publicación del decreto para la militarización de los servicios de tránsito aéreo civiles en el día previo al inicio del Puente de la Constitución.
"Creemos, lamentándolo mucho por los efectos que se ha provocado, que la fecha elegida por el Gobierno para resolver este problema del que veníamos avisado hace meses no es la más adecuada, ya que en otro fin de semana el impacto hubiese sido muchísimo menor", afirmó Zamit.
Para el portavoz de USCA, el colectivo de controladores está "absolutamente desquiciado", después de "diez meses de acoso permanente por parte de la empresa a base de reales decretos, leyes y alguna orden ministerial".
Tras reiterar las disculpas a todos los afectados, cosa dijo que AENA "todavía no ha hecho", Zamit negó que el colectivo abandonara su puesto de trabajo sino que "los controladores fueron apartados de frecuencia porque a juicio de los responsables de AENA y de los jefes y encargados de cada dependencia el estado de estampida que se produjo aconsejaba que no estuvieran controlando aviones, ya que para ello hay que estar en plenitud de condiciones".
Finalmente, opinó que la única manera de dar "estabilidad" al servicio es que AENA "se ponga a negociar un convenio colectivo, cosa que viene negándose a hacer desde el pasado 5 de febrero". "Prefieren que esto se siga regulándose a golpe de real decreto y por ello la gente ha estallado de manera impensable y con unos efectos desastrosos", concluyó.
