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18 de noviembre de 2010, 7:32
NUEVATRIBUNA.ES - 18.11.2010
Señoras y señores diputados,
Hace poco más de dos semanas conocimos los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al tercer trimestre de 2010.
Por primera vez, desde que se inició el proceso de destrucción de empleo en la economía española, se redujo el número de desempleados, 71 mil menos, situándose la tasa de paro en el 19,8% de la población activa. Además, se generaron 70 mil empleos netos, el segundo aumento trimestral del empleo.
En términos interanuales, estamos en las menores cifras de destrucción de empleo desde el inicio de la crisis. La tasa de variación interanual fue del -1,7%, desde el -2,5% del trimestre anterior, y lejos de las caídas superiores al 7% que observábamos hace tan sólo un año.
Por sectores, los servicios -el de mayor peso por emplear al 73% de los ocupados- se encuentra próximo a la estabilización (con una caída interanual del empleo del -0,4%), mientras que la industria y la construcción han visto moderar claramente sus ritmos de descenso.
Como tuve la oportunidad de señalar cuando se hicieron públicas, el Gobierno valora estas cifras con la máxima cautela, porque la mejora es aún tan débil que no asegura un cambio irreversible de tendencia; lo hace, también, con preocupación, porque el número de desempleados sigue siendo inasumible; y lo hace, desde luego, sin la menor actitud complaciente, dada la magnitud de la tarea que nos queda por delante para revertir la pérdida de puestos de trabajo que ha traído consigo la crisis.
Porque, en efecto, el paro es, sin duda, el peor rastro que deja la crisis; la expresión más clara y tangible, en términos individuales y colectivos, de sus negativas consecuencias. Y no hace falta que les recuerde -aunque creo que sólo la perspectiva histórica nos devolverá una imagen verdaderamente fiel de la mismas- las dimensiones de la crisis a la que aún nos estamos enfrentando.
Si a nivel global hay 30 millones de desempleados más que en 2007, en España hemos sufrido con particular intensidad -como ocurrió en crisis precedentes- la destrucción del empleo.
En estos cerca de 3 años, la economía española ha perdido casi 2 millones de puestos de trabajo. Y la tasa de paro ha aumentado en torno a 12 puntos, desde los niveles mínimos en todo el periodo democrático que alcanzamos en el tercer trimestre de 2007 cuando fue del 8%.
Este comportamiento singularmente desfavorable del desempleo entre nosotros obedece a diversos factores.
Responde, sin duda, a la evolución de la población activa, que ha seguido siendo más dinámica en España que en el resto de países europeos. Por ejemplo, la población activa en Alemania durante la crisis se ha reducido en más de 600 mil personas mientras que ha aumentado en 800 mil en España.
Pero el aumento del paro también se debe también en muy buena medida al ajuste brusco de la construcción residencial, un sector de actividad que estaba claramente sobre-representado en nuestra estructura productiva y del que proceden más de la mitad de los empleos destruidos en este periodo, un millón cien mil trabajadores, el 56% del total.
Quiero llamar la atención de sus Señorías sobre ello: de no haberse producido estos dos factores diferenciales en España, la tasa de paro sería hoy tan sólo 2 puntos superior al promedio europeo, el 12%.
Junto a estos factores, la naturaleza y la dimensión de la crisis actual también ha revelado debilidades estructurales de nuestra economía que si, en otros tiempos pasaban desapercibidas, hoy exigen medidas urgentes destinadas a corregirlas. Hablo de déficits en formación, de rigideces en las relaciones laborales, de pérdida de peso relativo por parte de sectores claves como el industrial, de retrasos atávicos en la apuesta por la ciencia y la innovación.
Todos ellos son elementos que hacen más débiles los puestos de trabajo, que los hacen más expuestos a su supresión en momentos de baja actividad económica, que favorecen su amortización y, de este modo, elevan el desempleo.
Señorías, la recuperación del empleo depende ante todo de la recuperación de la actividad.
En este sentido, nuestra economía se ha sumado desde el primer trimestre de 2010 al proceso de recuperación económica mundial.
Tras un crecimiento intertrimestral, en el segundo trimestre, de un +0.3% (de acuerdo con la revisión al alza de una décima que ayer mismo hizo el INE), en el tercero se ha mantenido estable, a pesar del efecto de la subida de los tipos de IVA y de la aceleración del ajuste presupuestario, que había llevado a no pocos analistas -no así al Gobierno- a vaticinar una caída de la actividad.
Es cierto que, como habíamos previsto, se ha desacelerado transitoriamente, durante el último trimestre, el ritmo de la recuperación, pero esto es algo que ha ocurrido también en 16 de los 20 países europeos sobre los que contamos con datos. De hecho, hemos registrado el primer crecimiento interanual (del +0,2%), tras 7 trimestres de descensos.
Se trata de una recuperación económica lenta, pero sostenida. Que ha obligado a distintos organismos internacionales y analistas privados a revisar al alza sus previsiones para converger con las que el Gobierno había realizado, ya en la primavera de 2009, para el conjunto de 2010. A falta del dato del cuarto trimestre, es altamente probable que, también en 2010, se cumplan las previsiones económicas del Gobierno, como ocurrió en 2009.
Precisamente, ayer conocimos la composición del crecimiento en el tercer trimestre, que confirma que la recuperación está basándose en la favorable evolución de nuestro sector exterior (exportaciones de bienes y servicios, y turismo).
El Gobierno estima que la recuperación continuará en el cuarto trimestre y que debería acelerarse en 2011, con un crecimiento del PIB que alcance el 1,3%.
Además, en 2011, según las previsiones del Gobierno, habrá un crecimiento más equilibrado entre demanda interna y externa y -lo que será aún más relevante- con un incremento de la productividad ya no vinculado a la destrucción de empleo.
Por tanto, hay recuperación, una recuperación cierta y sostenida, de la economía española; pero ésta es aún lenta, y también incierta en su progresión, en cuanto que el contexto económico general, el de la economía europea y mundial, no acaba de estabilizarse.
Y si hemos de ser prudentes a la hora de valorar la intensidad en la recuperación del crecimiento, con mayor motivo hemos de serlo en relación con la creación de empleo. En esta primera fase, sería poco sensato prever una creación de empleo que no fuese aún reducida y que, por tanto, sólo conlleve una reducción ligera de la tasa de paro, por más que esta cautela en la previsión no va a ir acompañada -se lo aseguro- de nada parecido a una resignación del Gobierno.
La tarea es y va a seguir siendo muy ardua porque tenemos que dejar atrás las consecuencias de la peor crisis internacional que hayamos vivido, y resolver definitivamente los desequilibrios acumulados en nuestra anterior fase de expansión económica que se inició a mediados de los noventa.
El Gobierno es muy consciente de que de la corrección de estos desequilibrios depende la solidez futura de la recuperación y de que para ello hay que perseverar en las reformas.
La corrección es ya muy perceptible en relación con algunas variables. Así, el peso de la inversión residencial se sitúa ya en la media europea, suponiendo el 4,3% del PIB; las entidades financieras han reducido su exposición al sector inmobiliario en un 5%, al mismo tiempo que reorientan la concesión de crédito a otros sectores productivos; el déficit exterior se ha reducido hasta un 5% del PIB y esperamos que alcance el 4% en 2011; y, asimismo, el diferencial de inflación de España con la zona euro permanece en niveles muy moderados (0,4 puntos porcentuales en octubre).
Señorías,
La lucha contra paro es la prioridad entre las prioridades, el destino de la política económica del Gobierno, y lo que da sentido al esfuerzo por afinar todos y cada uno de sus instrumentos.
Y quiero, en este sentido, reiterar, ante la Cámara y ante los ciudadanos, la posición del Gobierno sobre el principal desafío de nuestro país. Una posición que descansa en tres pautas de comportamiento.
En primer lugar, asumir la responsabilidad, desde el principio y sin ambages, toda la responsabilidad que los ciudadanos y las fuerzas políticas nos exigen para avanzar en la solución del problema. Toda la responsabilidad en la lucha contra el paro, ante una crisis de una inusitada complejidad, cambiante e imprevisible en su evolución, que tiene una dimensión internacional indiscutible y también raíces históricas profundas ancladas en nuestro modelo productivo.
No hay, no puede haber excusas. El Gobierno se siente responsable, es responsable ante los ciudadanos de hacer todo lo que está en su mano -y hasta lo que no lo está-, primero, para invertir la tendencia de la destrucción de empleo y, luego, para borrar de nuestro futuro, de una vez por todas, este desgraciado rasgo diferencial de la economía española.
En segundo lugar, no dejar de actuar un solo día, no dejar de acumular esfuerzos e iniciativas para ir horadando el muro hasta derribarlo. Así, en un primer período, nos volcamos en contener y paliar los efectos del vendaval que se cernió sobre nuestro economía, evitando que para algunos sectores de la misma la recuperación deviniera imposible; y en una segunda fase, en la que nos encontramos ahora, nos concentramos en las reformas para acelerar la renovación de nuestro modelo productivo y corregir sus desequilibrios, con la exigencia adicional e inexcusable de hacerlo en paralelo con un proceso muy riguroso de consolidación fiscal.
Tercera pauta de comportamiento: en todo momento, antes y después, tratamos de proteger a los más perjudicados por la crisis, singularmente a las personas que han perdido su empleo, para preservar, así, los fundamentos de nuestra cohesión social.
Señorías, el compromiso del Gobierno con las reformas estructurales de nuestra economía y con la austeridad en el gasto público en pro de la consolidación fiscal se expresó sobre bases nuevas, hace ahora casi un año, con la presentación ante esta Cámara de la Estrategia de la Economía Sostenible, que fue como denominamos al Plan global de reformas que conjugaba las que ya habíamos iniciado, por ejemplo en el sector servicios, con las que en ese momento anunciábamos adquiriendo compromisos concretos y periodificados en relación con cada una de ellas.
El objetivo de la Estrategia es acelerar el tránsito hacia un modelo de crecimiento más equilibrado, competitivo e innovador; un modelo de crecimiento económica, social y medioambientalmente sostenible, que lleva al Gobierno desde entonces a conducir su acción sobre los tres grandes ejes de la austeridad, las reformas y la cohesión social.
Austeridad o consolidación fiscal, en primer lugar.
España, que durante 2009 -y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional- había hecho un gran esfuerzo fiscal de contrapeso de la recesión y del brusco ajuste de nuestro sector inmobiliario, fue también uno de los primeros países europeos que adelantó a 2010 la retirada de los estímulos, la adopción de recortes de gasto y una moderada subida de impuestos en los Presupuestos Generales del Estado para ese año.
Esto supuso reducir el objetivo de déficit público en más de 14.000 millones de euros (pasando al 9,8% del PIB en 2010).
Quiero destacar esto, Señorías, porque a veces se puede o se quiere dar la impresión de que todo empezó en mayo, de que la exigencia de austeridad surge cuando se desencadena la crisis de la deuda soberana en la pasada primavera, a raíz del caso de Grecia, y los países de la Unión nos comprometemos a acelerar la reducción de los déficit públicos al tiempo que se crea el Mecanismo Europeo de Estabilización para respaldar a la Unión Monetaria y al euro.
El esfuerzo adicional que decidimos hacer en mayo comportó recortes por valor de 5.000 millones, pero estos se sumaban a los 14.000 iniciales que supusieron los Presupuestos del Estado y el Plan de austeridad adoptado en febrero que había recibido la aprobación de la Comisión.
Como sus señorías saben, el nuevo Plan de austeridad mantiene el objetivo de alcanzar el 3% de déficit público en 2013 pero intensifica la velocidad de la reducción para situarlo en el 6% en 2011, lo que nos compromete a minorarlo en 5,1 puntos de PIB entre 2010 y 2011.
Los organismos internacionales han calificado el plan de consolidación fiscal español como ambicioso y acertado, adecuado a las necesidades de nuestra economía. Supone un proceso de esfuerzo que estabilizará los niveles de deuda pública en 2012, cuando seguirán estando entonces en torno a 20 puntos por debajo del promedio europeo, tal y como lo estaban antes del inicio de la crisis global.
Los datos disponibles de ejecución presupuestaria permiten anticipar ya que en 2010 se cumplirán las previsiones de déficit público del Gobierno. Así, en los tres primeros trimestres del año el déficit del Estado se ha reducido de manera muy significativa, un 42%.
En 2011, el conjunto de las administraciones públicas vamos a acometer una reducción del déficit de 33 mil millones de euros. La administración central asumirá dos tercios del esfuerzo total, reduciendo su gasto un 7,9%, pero también es imprescindible el compromiso de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
El Gobierno está plenamente decidido a garantizar el cumplimiento de los compromisos alcanzados. Máxima trasparencia y austeridad serán, ya para siempre, pautas inexcusables de la gestión pública en todas las administraciones, como fundamentos de la sostenibilidad del Estado del Bienestar.
Por ello, antes de que concluya este mes la Vicepresidenta 2ª convocará una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las Comunidades Autónomas, con el objetivo de incrementar la coordinación y la transparencia en la información presupuestaria.
Señorías,
En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de tensión en los mercados financieros de la zona euro, después del vivido en la primavera.
En estos momentos de incertidumbre es necesario insistir en el compromiso de todos los Estados Miembros con la solvencia de sus finanzas públicas.
En nuestro caso, y como he dicho en varias ocasiones, el compromiso de reducción del déficit no es un objetivo más de la política económica que se pueda alcanzar en mayor o menor medida.
No. El compromiso de reducción del déficit es un compromiso que no admite más alternativa que su cumplimiento en los precisos términos asumidos, porque de él depende que la confianza en nuestra economía haga posible su recuperación y, con ella, la recuperación del empleo.
Señor Presidente, Señorías,
El segundo contenido de la Estrategia de Economía Sostenible es la modernización de nuestra economía mediante un poderoso conjunto de reformas.
En este orden de cosas, y tal y como nos comprometimos, se ha acometido el fortalecimiento de nuestro sistema financiero, garantía última de la estabilidad de nuestra economía.
Los elementos más importantes de este esfuerzo han sido la reordenación del sistema de cajas de ahorro y la actualización de su marco regulador.
Se trata posiblemente de la mayor reforma financiera de nuestro período democrático, que permite la entrada en las Cajas de capital privado y da pasos significativos para profesionalizar su gestión.
Ahora, las propias entidades están, bajo la supervisión del Banco de España, procediendo a ejecutar el proceso de consolidación y al reforzamiento de su estructura de capital, que contribuirán a la normalización del crédito.
Los procesos de integración deben culminar antes de fin de año como ha requerido el Banco de España.
Al mismo tiempo, y en espera de que la situación crediticia se normalice, el Gobierno ha tomado medidas extraordinarias para facilitar la financiación empresarial a través del ICO.
En lo que va de año, el ICO ha movilizado recursos por valor de 18.400 M¤ incluyendo la nueva línea de créditos directos.
Llamo la atención de sus Señorías sobre la entidad de este esfuerzo. Se trata de un 30% más de recursos que el año anterior, la mayor parte destinados a PYMEs.
En materia de fraude fiscal, se ha intensificado la lucha contra la economía sumergida con el nuevo plan Integral de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social aprobado en marzo de 2010.
El plan se aprobó con el objetivo de incrementar la equidad y justicia del sistema fiscal, mediante la puesta en marcha de nuevos instrumentos para mejorar la eficacia de la Inspección. Los resultados están siendo muy positivos: hasta octubre, se han recaudado 8.200 millones de euros, cifra record, que supera lo recaudado en todo 2009.
Entre las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española, quiero destacar la aprobación de la Ley de Economía sostenible, que se producirá en unas semanas una vez que se ha alcanzado el suficiente apoyo parlamentario para ello.
Les recuerdo que en esta norma se abordan aspectos tan relevantes para nuestra competitividad como la reducción de los plazos y costes para la creación de nuevas empresas; la supresión de licencias municipales; la mejora en las deducciones fiscales para las empresas que invierten en actividades innovadoras y medioambientales; o la reforma en profundidad del sistema de formación profesional.
No obstante, algunos contenidos del proyecto de Ley inicialmente remitido por el Gobierno a las Cámaras ya han entrado en vigor hace algunos meses como consecuencia del llamado proceso de Zurbano y del Decreto-Ley aprobado a raíz del mismo. Este es el caso de las medidas de apoyo a la rehabilitación de viviendas, que están contribuyendo a reorientar la actividad del sector inmobiliario; de la adopción de las medidas para combatir la morosidad; y de la puesta en marcha de otras iniciativas para apoyar la continuidad de empresas viables en situación de dificultad.
Asimismo, con el objetivo de acelerar la transición hacia una economía más competitiva, prácticamente se ha culminado el proceso de transposición de la Directiva de Servicios en la normativa estatal, mediante la aprobación de 49 de los 51 Decretos previstos de desarrollo de la llamada Ley Omnibus.
En relación con la sostenibilidad medioambiental, hemos remitido a esta Cámara los proyectos de Ley de almacenamiento geológico de CO2, de protección del medio marino y de pesca sostenible, y hemos aprobado el Plan de rehabilitación energética de edificios públicos y el Plan integral del vehículo eléctrico, entre otras nuevas medidas.
Igualmente, hemos enviado al Parlamento la que va a ser la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y hemos aprobado la Estrategia Estatal de Innovación.
En relación con la reforma de la Justicia, el Gobierno ha enviado a las Cámaras los proyectos de Ley de arbitraje y de Registro Civil, y ya está haciendo realidad la nueva Oficina judicial, que empieza a extenderse por todo el territorio.
En materia de Educación, hemos aprobado el Plan de Acción 2010-2011, acordado con las Comunidades Autónomas. La principal prioridad de este Plan es reforzar las actuaciones para reducir el abandono escolar y aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. En esta línea, extenderemos los programas de refuerzo y apoyo educativo a estudiantes de 9 y 10 años e implantaremos contratos-programa con los centros que pongan en marcha planes específicos para mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes.
El tercer elemento de la Estrategia de Economía Sostenible es el referido a la cohesión social.
Permítanme que destaque algunos aspectos sobre el balance del año que estamos concluyendo.
La tasa de cobertura del desempleo se ha situado en un nivel en torno al 80%, que es el más alto de todo el periodo democrático. La dotación presupuestaria destinada durante este ejercicio a las prestaciones por desempleo, incluidas las de la prórroga del Programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI), alcanza los 31.000 millones de euros.
El porcentaje del gasto social de los Presupuestos vigentes ha sido del 52% y el de los que hemos traído a la Cámara para 2011 se elevan hasta el 58%.
Ello nos ha permitido financiar el desarrollo de la Ley de Dependencia, que el gasto en educación supere por vez primera el 5%, y que hayamos podido seguir subiendo las becas y las pensiones mínimas.
Además, hemos aprobado planes de acción específicos, como el Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión y Lucha contra la Pobreza, para atender al aumento de personas en situación de vulnerabilidad social mediante un fondo extraordinario de 30 millones de euros destinados a las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
O el Plan de desarrollo sostenible del medio rural 2010-2014, que constituye el mayor esfuerzo de planificación estratégica territorial en ese ámbito que se ha desarrollado en España. Permitirá aumentar la calidad de vida y el bienestar social de más de 10 millones de personas, gracias a nuevas infraestructuras, medidas de mantenimiento del empleo para estas zonas, y mejoras en el acceso a servicios públicos básicos, como la sanidad o la atención a las personas dependientes. Cuenta con una financiación de 1.810 millones en cinco años aportados al 50% con las Comunidades Autónomas.
Señorías,
El compromiso con la austeridad y la consolidación fiscal, con las reformas y con la cohesión social van a seguir siendo los ejes de la actuación del Gobierno en la nueva etapa que se ha abierto con su remodelación.
La primera tarea que he encomendado al nuevo Gobierno es, precisamente, la de concluir o completar, en su caso, las reformas comprometidas para 2010 en la Estrategia de la Economía Sostenible.
Dos de ellas destacan sobre las demás, la de las pensiones y la del mercado de trabajo.
Como saben, el Gobierno remitió a la Comisión del Pacto de Toledo, en el mes de febrero de este año, su propuesta de reforma del sistema público de pensiones, para garantizar la sostenibilidad del mismo.
Han pasado ya más de nueve meses, y el Gobierno, a través del Ministro de Trabajo, ha pedido a la Comisión que apruebe sus recomendaciones sobre la reforma antes de que concluya el presente año. De este modo, el Gobierno iniciará, a renglón seguido, la elaboración del proyecto de Ley de reforma de las pensiones al tiempo que abordará la discusión de su contenido con los agentes sociales. El Gobierno enviará a la Cámara el proyecto de Ley antes de que termine el primer trimestre de 2011.
Quiero afirmar una vez más que éste es un compromiso sin marcha atrás.
No la admiten ni los derechos de las generaciones jóvenes a tener confianza en sus pensiones de futuro, ni las exigencias de la consolidación fiscal, ni la credibilidad exterior de la economía y de las instituciones españolas.
El Gobierno desearía sentirse acompañado por la mayoría de los grupos de esta Cámara a la hora de afrontar este reto. De la responsabilidad de cada uno dependerá la consecución de un consenso que reforzará nuestra posición como país, que redundará en beneficio de los futuros pensionistas y que contribuirá al horizonte de estabilidad de nuestras cuentas públicas.
Señorías,
El desempleo que venimos padeciendo ha tenido una fuerte incidencia tanto sobre el colectivo de edad más joven (la tasa de paro de los menores de 24 años es del 40%), como sobre los trabajadores menos protegidos de nuestro mercado de trabajo, los que contaban con un contrato temporal. Ellos integran tres cuartas partes de la destrucción de empleo que ha producido la crisis.
Precisamente, en ellos, en unos y en otros, ha pensado, sobre todo, el Gobierno cuando impulsó la reforma de nuestro marco de relaciones laborales.
La Ley de reforma laboral busca reducir, de manera efectiva, la excesiva dualidad entre trabajadores con contrato temporal e indefinido, promover la estabilidad laboral y facilitar la adaptación de las empresas a las exigentes condiciones de un entorno económico cambiante, posibilitando el recurso a medidas distintas a la de extinguir los contratos mediante fórmulas de flexibilidad en relación con reducción de jornada, modificación de condiciones de trabajo y adaptación de condiciones salariales.
Transcurridos cinco meses desde su entrada en vigor y tan sólo dos desde su aprobación definitiva en esta Cámara, es todavía pronto para poder valorar de manera adecuada los efectos de la reforma laboral sobre el empleo.
Por otra parte, ponderar el efecto de la reforma sobre la estructura del mercado de trabajo en el corto plazo entraña una gran dificultad en este momento, puesto que su aplicación coincide con el inicio de un proceso de recuperación del empleo. Y en estos procesos, la evidencia disponible en España y en otras economías, indica que primero se recupera el empleo temporal para, más adelante, recuperarse el indefinido.
Con esta cautela, quiero poner en conocimiento de esta Cámara algunos primeros datos que me parecen relevantes.
En los meses de agosto, septiembre y octubre, los contratos de Fomento de la Contratación Indefinida han crecido a un promedio del 44% interanual, cuando antes, de enero a julio, cayeron un 12% (y más de un 57% en 2009).
Este incremento viene determinado, en buena parte, por el incremento de las conversiones de contratos temporales a contratos de fomento. El contrato indefinido de fomento ha pasado de suponer en torno al 17% del total de indefinidos realizados mensualmente antes de la reforma, a casi el 30% en octubre.
La reforma laboral también ha supuesto un impulso tanto a la utilización de contratos en prácticas como en formación. Los contratos en prácticas han registrado un crecimiento del 28% en los dos últimos meses, frente al incremento inferior al 3% previo a la reforma. Más notorio aún es el caso de los contratos de formación, que tras descender a un ritmo del 13% antes de la reforma, ahora crecen al 6%.
Son, como ven, algunos resultados incipientes de una reforma que podrá desplegar todo su potencial en el medio plazo conforme se afiance la recuperación de la actividad.
Este es el contenido de la Ley y, éstas, las primeras manifestaciones de su aplicación. Corresponde ahora concluir su desarrollo.
De manera más inmediata, y cumpliendo con los trámites preceptivos con los interlocutores sociales, procederemos a regular las agencias de colocación, ampliar el ámbito de actuación de las Empresas de Trabajo temporal y modificar el reglamento de los expedientes de regulación de empleo.
Un poco después, el próximo 20 de marzo, concluirá el plazo concedido por la reforma a los interlocutores sociales para que acuerden la presentación al Gobierno de una propuesta de modificación del actual sistema de negociación colectiva o, en su defecto, el propio Gobierno la formule.
El Gobierno, de nuevo, prefiere que se produzca un acuerdo en esta cuestión, y lo promoverá activamente, aunque manteniendo su compromiso de completar cuanto antes la necesaria reforma de nuestras relaciones laborales para aprovechar al máximo el impulso de la recuperación, una vez esta se consolide, y dar respuesta a los problemas estructurales que aquejan a aquellas y que la crisis ha puesto de manifiesto.
En paralelo a la conclusión de las reformas laborales vamos a abordar la reforma de las políticas activas de empleo para incrementar la empleabilidad y las posibilidades de inserción laboral de los trabajadores desempleados, especialmente jóvenes y parados de larga duración, y, en general, contribuir a un mejor aprovechamiento del recurso más valioso de las economías modernas, el capital humano.
El Gobierno ha realizado un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de las políticas activas de empleo en España.
Estas políticas constituyen, en términos de gasto, una de las principales políticas del Estado, destinándose a ellas en torno a 7.300 millones de euros, un volumen de recursos similar al que reciben las políticas de innovación, también estratégicas para la transformación del modelo productivo.
La crisis económica, y su especial incidencia sobre el empleo, han puesto de manifiesto la limitada efectividad de las actuales políticas activas y la necesidad, consecuente con esta apreciación, de su reforma en profundidad.
El contexto de restricción presupuestaria impedirá en el corto plazo incrementar los recursos destinados a estas políticas. No obstante, es posible reorientar de manera significativa los recursos disponibles en el corto plazo.
Uno de los elementos prioritarios de la reforma será la revisión en profundidad del funcionamiento del sistema de formación para que la oferta responda a las necesidades de empleabilidad de los trabajadores.
Adicionalmente, la reforma tendrá las siguientes orientaciones básicas:
Para acometer este proceso de reforma el Gobierno ha iniciado consultas con los Interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas con el objeto de presentar al finalizar enero un programa de actuación.
En relación con otras reformas pendientes de su ejecución definitiva, deseo anunciarles los siguientes compromisos:
Antes de que concluya el presente año, daremos cumplimiento pleno al plan de racionalización del sector público empresarial estatal, con el fin de aumentar su eficacia y reducir gasto público. El plan incluye la extinción de 14 empresas y la fusión de otras 24, de forma que se pase de las 106 empresas a 77. Con este plan, se habrá reducido, además, un total de 450 puestos en los consejos de administración y 80 puestos directivos.
Asimismo, antes de que concluya el año, el Gobierno aprobará el Plan Integral de Política Industrial que había comprometido en las Estrategia, para impulsar un mayor desarrollo de nuestro sector industrial por la senda del modelo económico al que aspiramos, caracterizado por la internacionalización, la innovación, la productividad y empleo de calidad.
Tenemos que acelerar la convergencia con la media de la UE, en cuanto al peso de nuestro sector industrial, y aumentar en un 15 por 100 la producción industrial destinada a la exportación.
El Plan incorporará medidas para impulsar el crecimiento de nuestras empresas de menor tamaño, con una atención especial a aquellas empresas con mayor potencial de generación de empleo, y contemplará políticas específicas para aquellos sectores industriales estratégicos con un mayor potencial de crecimiento, de internacionalización y de creación de empleo, como el sector de la automoción, el agroalimentario, el aeroespacial, el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el de Biotecnología y Farmacéutico y el de las energías renovables.
Al mismo tiempo, presentaremos en el primer trimestre de 2011 la Ley de Servicios Profesionales, aumentando la competencia en sectores que emplean al 30% de nuestros licenciados y mejorando la capacidad de competir internacionalmente de las empresas españolas proveedoras de servicios profesionales, especialmente de ingeniería.
Continuaremos trabajando para hacer que la justicia sea más ágil y responda a las necesidades de nuestro tejido productivo. Así, aprobaremos el próximo viernes un proyecto de reforma de la Ley concursal, y en unas semanas, en cuanto el CGPJ y el Consejo de Estado concluyan sus respectivos dictámenes, una nueva ley reguladora de la jurisdicción social.
Señorías, hay una de las reformas previstas en la Estrategia de la Economía Sostenible en la que aún no hemos conseguido avanzar, y se trata de una reforma que posee, sin duda, como las otras a las que me he referido, ese carácter estratégico para el presente y el futuro de la economía española. El Gobierno es muy consciente de ello y quiere expresar y reconocer su preocupación ante la Cámara. Me refiero a la reforma del sector energético.
Como saben, iniciamos un proceso de diálogo con el principal partido de la oposición para sentar las bases de un horizonte seguro y predecible para el sector en las próximas décadas. Este proceso no ha deparado resultados hasta el momento.
Hemos tratado de conjugar la disposición al diálogo y al acuerdo con fuerzas políticas y sociales con nuestra convicción sobre la necesidad de aprobar las reformas. Y he de decir que esa conjugación no siempre resulta fácil, y que el Gobierno se ha visto ya en diversas ocasiones en la tesitura de seguir adelante sin apoyos adicionales a los parlamentariamente precisos para adoptar las correspondientes iniciativas.
Creemos que el diálogo es conveniente incluso cuando no se traduce en inmediatos acuerdos ulteriores, y lo seguiremos practicando, pero en ningún caso abdicaremos de nuestra responsabilidad con las reformas. No lo hemos hecho hasta ahora ni lo haremos en el futuro.
La responsabilidad de contribuir a reactivar la economía y volver a crear empleo, en una situación de crisis tan grave y difícil como la que hemos vivido, como la que aun padecemos, ni es ni debería ser sólo del Gobierno. Así lo cree la mayoría de los ciudadanos, y cada cual debe valorar la cuota parte que le corresponde de esa responsabilidad.
Pues bien, en relación con la reforma del sector energético, en las próximas semanas vamos a hacer un último intento de alcanzar un marco de acuerdo y, si éste no prospera, nos comprometemos a presentar con carácter inmediato los elementos de esta reforma tratando de conciliar en todo caso los diversos objetivos e intereses que están en juego con la misma. La reforma es necesaria y no puede demorarse.
Ayer mismo se produjo, en esta Cámara, un hecho esperanzador: el acuerdo alcanzado en la Subcomisión de energía en torno el mix 2020.
En todo caso, el Gobierno definirá las principales medidas a adoptar para reconducir el problema del déficit tarifario y continuará con la liberalización de los mercados minoristas de gas y electricidad reduciendo los consumidores sujetos a Tarifa de Ultimo Recurso.
Señorías, la agenda reformista del Gobierno no se agota con las ya emprendidas.
Además, de consolidar las líneas ya recorridas, vamos a abordar nuevas iniciativas para mejorar nuestra competitividad.
A ella contribuirán, sin duda, la acción combinada del Plan de Política Industrial supondrá, la Estrategia de Innovación y las reformas económicas.
Pero también, para favorecer la innovación, reforzaremos las líneas ICO existentes con la puesta en marcha en enero de 2011 de una dotación con 1000 millones de euros del Fondo para la Economía Sostenible, que financiará proyectos de incorporación de nuevas tecnologías por parte de las empresas. Además, se potenciarán los instrumentos de inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica con una dotación con 300 millones de euros.
También presentaremos, antes de fin de año, un paquete de eliminación y simplificación de cargas administrativas que supondrán un ahorro de cerca de 2000 millones de euros para la actividad empresarial.
Manteniendo el compromiso con la consolidación de las cuentas públicas, ahora es necesario adoptar medidas que impulsen el crecimiento económico, mejoren las condiciones para la inversión productiva y, así, y como objetivo de fondo, favorezcan la creación de empleo.
Para cumplir dicho objetivo, y con el fin de fomentar la inversión empresarial se va a generalizar, hasta 2015, la libertad de amortización, hasta ahora prevista sin condiciones para las empresas de pequeña dimensión. Igualmente, se exonerará de tributación las ampliaciones de capital en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a todas las sociedades.
Señorías,
La agenda de reformas se extiende también a las políticas destinadas a mantener, asegurar y ampliar la cohesión social.
Con este propósito, el Gobierno ha anunciado una Nueva Agenda Social para el año 2011 que tiene la ambición de, a la vez, contribuir a que nadie se quede atrás y mejorar la eficiencia de las prestaciones sociales de nuestro Estado de Bienestar al tiempo que lo amplía y lo consolida.
En esta Agenda se incluye, en primer lugar, la reforma de las Políticas Activas de Empleo, a la que ya me he referido.
En segundo lugar, inmediatamente después de la aprobación la Ley de Economía Sostenible, desarrollaremos las disposiciones relativas a la reforma de la formación profesional para mejorar el acceso al sistema, su calidad y su capacidad de respuesta a las necesidades de nuestro tejido empresarial.
Para ello, concluiremos en el primer trimestre de 2011 el Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y presentaremos en el segundo semestre de 2011 el Real Decreto ordenador de la formación profesional.
En tercer lugar, antes de que finalice el presente año, el Gobierno aprobará el anteproyecto de Ley de Igualdad de trato, destinado a proscribir toda forma de discriminación de nuestras relaciones sociales, económicas y jurídicas.
Como paso adelante en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incorporaremos criterios de preferencia en determinados contratos públicos para empresas que cumplan la presencia de mujeres en sus estratos directivos, de acuerdo con la Ley de Igualdad.
En materia de conciliación, aprobaremos la trasposición de la Directiva de la Unión en materia de permiso parental, aumentaremos las plazas de escolarización de 0 a 3 años y abordaremos una regulación efectiva del teletrabajo.
Por otra parte, y como Sus Señorías conocen, el pasado julio el Gobierno presentó en esta Cámara el Proyecto de Ley de la Economía Social. Se trata de una Ley pionera en el ámbito europeo que reconoce y facilita la actividad de un sector de empresas que dan trabajo a cerca de 2.400.000 personas con un denominador común: primacía de los trabajadores y del fin social y compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad. En un año difícil como fue 2009 el sector logró no solo mantener el empleo sino incrementarlo en más de 25.000 empleos.
La ley define un marco legal para la economía social y establece el compromiso de fomentarla por parte de todos los poderes públicos. El Gobierno favorecerá el acceso a la financiación de estas empresas, a través del Fondo de Economía Sostenible.
En fin, en ejecución de las previsiones contenidas en la Ley de la reforma laboral, en la primavera abordaremos la creación del llamado "fondo austriaco", que constituye un elemento de mejora de los derechos de los trabajadores complementando las indemnizaciones, aportando más recursos para su formación, y al mismo tiempo aportando una mayor flexibilidad a las empresas que atraviesan dificultades objetivas.
Señorías,
Este es el programa de trabajo del Gobierno para los próximos meses. Tendrá su reflejo claro en esta Cámara tanto por el envío sistemático a la misma de distintos proyectos de Ley como por la voluntad del Gobierno de informar periódicamente a Sus Señorías tanto del estado de cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado como de la evolución que experimenten el empleo y la situación de nuestra economía.
Para mayor seguridad, todas las actuaciones a que me he referido y otras de naturaleza institucional y social, serán recogidas en un Plan de acción del gobierno para los próximos 15 meses, que llevaré el viernes próximo al Consejo de Ministros, que incorporará un calendario de compromisos concretos de aquí a final de la legislatura.
El Consejo de Ministros del día 26 aprobará, igualmente, la creación de una Comisión Interministerial que, presidida por el Vicepresidente Primero del Gobierno, estará encargada de promover el desarrollo de la Nueva Agenda Social y asegurar la coordinación de esfuerzos por parte de todos los Departamentos Ministeriales y con el resto de las Administraciones Públicas.
Señorías, concluyo como comencé.
Los últimos datos sobre la evolución del empleo confirman que hemos dejado atrás el periodo de intensa destrucción del mismo sufrido a consecuencia de esta crisis y que la reactivación del crecimiento nos sitúa en un escenario sin duda más esperanzador. Pero nos va a costar tiempo y esfuerzo volver a crear empleo al ritmo que deseamos, al que necesitan los ciudadanos que lo han perdido y la propia sociedad española en su conjunto.
Comprendo la impaciencia, yo también la siento. Pero la siento con la misma intensidad que la convicción de que sólo hay un modo de reducir más rápidamente la distancia que nos separa de nuestra gran aspiración colectiva, que el paro deje de ser un hecho diferencial negativo de la economía española, y es perseverar en la austeridad y en las reformas, en las reformas y en la austeridad, al tiempo que velamos por la cohesión social. Sólo así, Señorías, sólo así.
Hoy he querido transmitirles la determinación del Gobierno que presido de estar a la altura de cada uno de los compromisos adquiridos con ellas.
Muchas gracias.
Señoras y señores diputados,
Hace poco más de dos semanas conocimos los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al tercer trimestre de 2010.
Por primera vez, desde que se inició el proceso de destrucción de empleo en la economía española, se redujo el número de desempleados, 71 mil menos, situándose la tasa de paro en el 19,8% de la población activa. Además, se generaron 70 mil empleos netos, el segundo aumento trimestral del empleo.
En términos interanuales, estamos en las menores cifras de destrucción de empleo desde el inicio de la crisis. La tasa de variación interanual fue del -1,7%, desde el -2,5% del trimestre anterior, y lejos de las caídas superiores al 7% que observábamos hace tan sólo un año.
Por sectores, los servicios -el de mayor peso por emplear al 73% de los ocupados- se encuentra próximo a la estabilización (con una caída interanual del empleo del -0,4%), mientras que la industria y la construcción han visto moderar claramente sus ritmos de descenso.
Como tuve la oportunidad de señalar cuando se hicieron públicas, el Gobierno valora estas cifras con la máxima cautela, porque la mejora es aún tan débil que no asegura un cambio irreversible de tendencia; lo hace, también, con preocupación, porque el número de desempleados sigue siendo inasumible; y lo hace, desde luego, sin la menor actitud complaciente, dada la magnitud de la tarea que nos queda por delante para revertir la pérdida de puestos de trabajo que ha traído consigo la crisis.
Porque, en efecto, el paro es, sin duda, el peor rastro que deja la crisis; la expresión más clara y tangible, en términos individuales y colectivos, de sus negativas consecuencias. Y no hace falta que les recuerde -aunque creo que sólo la perspectiva histórica nos devolverá una imagen verdaderamente fiel de la mismas- las dimensiones de la crisis a la que aún nos estamos enfrentando.
Si a nivel global hay 30 millones de desempleados más que en 2007, en España hemos sufrido con particular intensidad -como ocurrió en crisis precedentes- la destrucción del empleo.
En estos cerca de 3 años, la economía española ha perdido casi 2 millones de puestos de trabajo. Y la tasa de paro ha aumentado en torno a 12 puntos, desde los niveles mínimos en todo el periodo democrático que alcanzamos en el tercer trimestre de 2007 cuando fue del 8%.
Este comportamiento singularmente desfavorable del desempleo entre nosotros obedece a diversos factores.
Responde, sin duda, a la evolución de la población activa, que ha seguido siendo más dinámica en España que en el resto de países europeos. Por ejemplo, la población activa en Alemania durante la crisis se ha reducido en más de 600 mil personas mientras que ha aumentado en 800 mil en España.
Pero el aumento del paro también se debe también en muy buena medida al ajuste brusco de la construcción residencial, un sector de actividad que estaba claramente sobre-representado en nuestra estructura productiva y del que proceden más de la mitad de los empleos destruidos en este periodo, un millón cien mil trabajadores, el 56% del total.
Quiero llamar la atención de sus Señorías sobre ello: de no haberse producido estos dos factores diferenciales en España, la tasa de paro sería hoy tan sólo 2 puntos superior al promedio europeo, el 12%.
Junto a estos factores, la naturaleza y la dimensión de la crisis actual también ha revelado debilidades estructurales de nuestra economía que si, en otros tiempos pasaban desapercibidas, hoy exigen medidas urgentes destinadas a corregirlas. Hablo de déficits en formación, de rigideces en las relaciones laborales, de pérdida de peso relativo por parte de sectores claves como el industrial, de retrasos atávicos en la apuesta por la ciencia y la innovación.
Todos ellos son elementos que hacen más débiles los puestos de trabajo, que los hacen más expuestos a su supresión en momentos de baja actividad económica, que favorecen su amortización y, de este modo, elevan el desempleo.
Señorías, la recuperación del empleo depende ante todo de la recuperación de la actividad.
En este sentido, nuestra economía se ha sumado desde el primer trimestre de 2010 al proceso de recuperación económica mundial.
Tras un crecimiento intertrimestral, en el segundo trimestre, de un +0.3% (de acuerdo con la revisión al alza de una décima que ayer mismo hizo el INE), en el tercero se ha mantenido estable, a pesar del efecto de la subida de los tipos de IVA y de la aceleración del ajuste presupuestario, que había llevado a no pocos analistas -no así al Gobierno- a vaticinar una caída de la actividad.
Es cierto que, como habíamos previsto, se ha desacelerado transitoriamente, durante el último trimestre, el ritmo de la recuperación, pero esto es algo que ha ocurrido también en 16 de los 20 países europeos sobre los que contamos con datos. De hecho, hemos registrado el primer crecimiento interanual (del +0,2%), tras 7 trimestres de descensos.
Se trata de una recuperación económica lenta, pero sostenida. Que ha obligado a distintos organismos internacionales y analistas privados a revisar al alza sus previsiones para converger con las que el Gobierno había realizado, ya en la primavera de 2009, para el conjunto de 2010. A falta del dato del cuarto trimestre, es altamente probable que, también en 2010, se cumplan las previsiones económicas del Gobierno, como ocurrió en 2009.
Precisamente, ayer conocimos la composición del crecimiento en el tercer trimestre, que confirma que la recuperación está basándose en la favorable evolución de nuestro sector exterior (exportaciones de bienes y servicios, y turismo).
El Gobierno estima que la recuperación continuará en el cuarto trimestre y que debería acelerarse en 2011, con un crecimiento del PIB que alcance el 1,3%.
Además, en 2011, según las previsiones del Gobierno, habrá un crecimiento más equilibrado entre demanda interna y externa y -lo que será aún más relevante- con un incremento de la productividad ya no vinculado a la destrucción de empleo.
Por tanto, hay recuperación, una recuperación cierta y sostenida, de la economía española; pero ésta es aún lenta, y también incierta en su progresión, en cuanto que el contexto económico general, el de la economía europea y mundial, no acaba de estabilizarse.
Y si hemos de ser prudentes a la hora de valorar la intensidad en la recuperación del crecimiento, con mayor motivo hemos de serlo en relación con la creación de empleo. En esta primera fase, sería poco sensato prever una creación de empleo que no fuese aún reducida y que, por tanto, sólo conlleve una reducción ligera de la tasa de paro, por más que esta cautela en la previsión no va a ir acompañada -se lo aseguro- de nada parecido a una resignación del Gobierno.
La tarea es y va a seguir siendo muy ardua porque tenemos que dejar atrás las consecuencias de la peor crisis internacional que hayamos vivido, y resolver definitivamente los desequilibrios acumulados en nuestra anterior fase de expansión económica que se inició a mediados de los noventa.
El Gobierno es muy consciente de que de la corrección de estos desequilibrios depende la solidez futura de la recuperación y de que para ello hay que perseverar en las reformas.
La corrección es ya muy perceptible en relación con algunas variables. Así, el peso de la inversión residencial se sitúa ya en la media europea, suponiendo el 4,3% del PIB; las entidades financieras han reducido su exposición al sector inmobiliario en un 5%, al mismo tiempo que reorientan la concesión de crédito a otros sectores productivos; el déficit exterior se ha reducido hasta un 5% del PIB y esperamos que alcance el 4% en 2011; y, asimismo, el diferencial de inflación de España con la zona euro permanece en niveles muy moderados (0,4 puntos porcentuales en octubre).
Señorías,
La lucha contra paro es la prioridad entre las prioridades, el destino de la política económica del Gobierno, y lo que da sentido al esfuerzo por afinar todos y cada uno de sus instrumentos.
Y quiero, en este sentido, reiterar, ante la Cámara y ante los ciudadanos, la posición del Gobierno sobre el principal desafío de nuestro país. Una posición que descansa en tres pautas de comportamiento.
En primer lugar, asumir la responsabilidad, desde el principio y sin ambages, toda la responsabilidad que los ciudadanos y las fuerzas políticas nos exigen para avanzar en la solución del problema. Toda la responsabilidad en la lucha contra el paro, ante una crisis de una inusitada complejidad, cambiante e imprevisible en su evolución, que tiene una dimensión internacional indiscutible y también raíces históricas profundas ancladas en nuestro modelo productivo.
No hay, no puede haber excusas. El Gobierno se siente responsable, es responsable ante los ciudadanos de hacer todo lo que está en su mano -y hasta lo que no lo está-, primero, para invertir la tendencia de la destrucción de empleo y, luego, para borrar de nuestro futuro, de una vez por todas, este desgraciado rasgo diferencial de la economía española.
En segundo lugar, no dejar de actuar un solo día, no dejar de acumular esfuerzos e iniciativas para ir horadando el muro hasta derribarlo. Así, en un primer período, nos volcamos en contener y paliar los efectos del vendaval que se cernió sobre nuestro economía, evitando que para algunos sectores de la misma la recuperación deviniera imposible; y en una segunda fase, en la que nos encontramos ahora, nos concentramos en las reformas para acelerar la renovación de nuestro modelo productivo y corregir sus desequilibrios, con la exigencia adicional e inexcusable de hacerlo en paralelo con un proceso muy riguroso de consolidación fiscal.
Tercera pauta de comportamiento: en todo momento, antes y después, tratamos de proteger a los más perjudicados por la crisis, singularmente a las personas que han perdido su empleo, para preservar, así, los fundamentos de nuestra cohesión social.
Señorías, el compromiso del Gobierno con las reformas estructurales de nuestra economía y con la austeridad en el gasto público en pro de la consolidación fiscal se expresó sobre bases nuevas, hace ahora casi un año, con la presentación ante esta Cámara de la Estrategia de la Economía Sostenible, que fue como denominamos al Plan global de reformas que conjugaba las que ya habíamos iniciado, por ejemplo en el sector servicios, con las que en ese momento anunciábamos adquiriendo compromisos concretos y periodificados en relación con cada una de ellas.
El objetivo de la Estrategia es acelerar el tránsito hacia un modelo de crecimiento más equilibrado, competitivo e innovador; un modelo de crecimiento económica, social y medioambientalmente sostenible, que lleva al Gobierno desde entonces a conducir su acción sobre los tres grandes ejes de la austeridad, las reformas y la cohesión social.
Austeridad o consolidación fiscal, en primer lugar.
España, que durante 2009 -y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional- había hecho un gran esfuerzo fiscal de contrapeso de la recesión y del brusco ajuste de nuestro sector inmobiliario, fue también uno de los primeros países europeos que adelantó a 2010 la retirada de los estímulos, la adopción de recortes de gasto y una moderada subida de impuestos en los Presupuestos Generales del Estado para ese año.
Esto supuso reducir el objetivo de déficit público en más de 14.000 millones de euros (pasando al 9,8% del PIB en 2010).
Quiero destacar esto, Señorías, porque a veces se puede o se quiere dar la impresión de que todo empezó en mayo, de que la exigencia de austeridad surge cuando se desencadena la crisis de la deuda soberana en la pasada primavera, a raíz del caso de Grecia, y los países de la Unión nos comprometemos a acelerar la reducción de los déficit públicos al tiempo que se crea el Mecanismo Europeo de Estabilización para respaldar a la Unión Monetaria y al euro.
El esfuerzo adicional que decidimos hacer en mayo comportó recortes por valor de 5.000 millones, pero estos se sumaban a los 14.000 iniciales que supusieron los Presupuestos del Estado y el Plan de austeridad adoptado en febrero que había recibido la aprobación de la Comisión.
Como sus señorías saben, el nuevo Plan de austeridad mantiene el objetivo de alcanzar el 3% de déficit público en 2013 pero intensifica la velocidad de la reducción para situarlo en el 6% en 2011, lo que nos compromete a minorarlo en 5,1 puntos de PIB entre 2010 y 2011.
Los organismos internacionales han calificado el plan de consolidación fiscal español como ambicioso y acertado, adecuado a las necesidades de nuestra economía. Supone un proceso de esfuerzo que estabilizará los niveles de deuda pública en 2012, cuando seguirán estando entonces en torno a 20 puntos por debajo del promedio europeo, tal y como lo estaban antes del inicio de la crisis global.
Los datos disponibles de ejecución presupuestaria permiten anticipar ya que en 2010 se cumplirán las previsiones de déficit público del Gobierno. Así, en los tres primeros trimestres del año el déficit del Estado se ha reducido de manera muy significativa, un 42%.
En 2011, el conjunto de las administraciones públicas vamos a acometer una reducción del déficit de 33 mil millones de euros. La administración central asumirá dos tercios del esfuerzo total, reduciendo su gasto un 7,9%, pero también es imprescindible el compromiso de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
El Gobierno está plenamente decidido a garantizar el cumplimiento de los compromisos alcanzados. Máxima trasparencia y austeridad serán, ya para siempre, pautas inexcusables de la gestión pública en todas las administraciones, como fundamentos de la sostenibilidad del Estado del Bienestar.
Por ello, antes de que concluya este mes la Vicepresidenta 2ª convocará una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las Comunidades Autónomas, con el objetivo de incrementar la coordinación y la transparencia en la información presupuestaria.
Señorías,
En las últimas semanas hemos asistido a un nuevo episodio de tensión en los mercados financieros de la zona euro, después del vivido en la primavera.
En estos momentos de incertidumbre es necesario insistir en el compromiso de todos los Estados Miembros con la solvencia de sus finanzas públicas.
En nuestro caso, y como he dicho en varias ocasiones, el compromiso de reducción del déficit no es un objetivo más de la política económica que se pueda alcanzar en mayor o menor medida.
No. El compromiso de reducción del déficit es un compromiso que no admite más alternativa que su cumplimiento en los precisos términos asumidos, porque de él depende que la confianza en nuestra economía haga posible su recuperación y, con ella, la recuperación del empleo.
Señor Presidente, Señorías,
El segundo contenido de la Estrategia de Economía Sostenible es la modernización de nuestra economía mediante un poderoso conjunto de reformas.
En este orden de cosas, y tal y como nos comprometimos, se ha acometido el fortalecimiento de nuestro sistema financiero, garantía última de la estabilidad de nuestra economía.
Los elementos más importantes de este esfuerzo han sido la reordenación del sistema de cajas de ahorro y la actualización de su marco regulador.
Se trata posiblemente de la mayor reforma financiera de nuestro período democrático, que permite la entrada en las Cajas de capital privado y da pasos significativos para profesionalizar su gestión.
Ahora, las propias entidades están, bajo la supervisión del Banco de España, procediendo a ejecutar el proceso de consolidación y al reforzamiento de su estructura de capital, que contribuirán a la normalización del crédito.
Los procesos de integración deben culminar antes de fin de año como ha requerido el Banco de España.
Al mismo tiempo, y en espera de que la situación crediticia se normalice, el Gobierno ha tomado medidas extraordinarias para facilitar la financiación empresarial a través del ICO.
En lo que va de año, el ICO ha movilizado recursos por valor de 18.400 M¤ incluyendo la nueva línea de créditos directos.
Llamo la atención de sus Señorías sobre la entidad de este esfuerzo. Se trata de un 30% más de recursos que el año anterior, la mayor parte destinados a PYMEs.
En materia de fraude fiscal, se ha intensificado la lucha contra la economía sumergida con el nuevo plan Integral de lucha contra el fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social aprobado en marzo de 2010.
El plan se aprobó con el objetivo de incrementar la equidad y justicia del sistema fiscal, mediante la puesta en marcha de nuevos instrumentos para mejorar la eficacia de la Inspección. Los resultados están siendo muy positivos: hasta octubre, se han recaudado 8.200 millones de euros, cifra record, que supera lo recaudado en todo 2009.
Entre las iniciativas legislativas impulsadas por el Gobierno para mejorar la competitividad de la economía española, quiero destacar la aprobación de la Ley de Economía sostenible, que se producirá en unas semanas una vez que se ha alcanzado el suficiente apoyo parlamentario para ello.
Les recuerdo que en esta norma se abordan aspectos tan relevantes para nuestra competitividad como la reducción de los plazos y costes para la creación de nuevas empresas; la supresión de licencias municipales; la mejora en las deducciones fiscales para las empresas que invierten en actividades innovadoras y medioambientales; o la reforma en profundidad del sistema de formación profesional.
No obstante, algunos contenidos del proyecto de Ley inicialmente remitido por el Gobierno a las Cámaras ya han entrado en vigor hace algunos meses como consecuencia del llamado proceso de Zurbano y del Decreto-Ley aprobado a raíz del mismo. Este es el caso de las medidas de apoyo a la rehabilitación de viviendas, que están contribuyendo a reorientar la actividad del sector inmobiliario; de la adopción de las medidas para combatir la morosidad; y de la puesta en marcha de otras iniciativas para apoyar la continuidad de empresas viables en situación de dificultad.
Asimismo, con el objetivo de acelerar la transición hacia una economía más competitiva, prácticamente se ha culminado el proceso de transposición de la Directiva de Servicios en la normativa estatal, mediante la aprobación de 49 de los 51 Decretos previstos de desarrollo de la llamada Ley Omnibus.
En relación con la sostenibilidad medioambiental, hemos remitido a esta Cámara los proyectos de Ley de almacenamiento geológico de CO2, de protección del medio marino y de pesca sostenible, y hemos aprobado el Plan de rehabilitación energética de edificios públicos y el Plan integral del vehículo eléctrico, entre otras nuevas medidas.
Igualmente, hemos enviado al Parlamento la que va a ser la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y hemos aprobado la Estrategia Estatal de Innovación.
En relación con la reforma de la Justicia, el Gobierno ha enviado a las Cámaras los proyectos de Ley de arbitraje y de Registro Civil, y ya está haciendo realidad la nueva Oficina judicial, que empieza a extenderse por todo el territorio.
En materia de Educación, hemos aprobado el Plan de Acción 2010-2011, acordado con las Comunidades Autónomas. La principal prioridad de este Plan es reforzar las actuaciones para reducir el abandono escolar y aumentar el rendimiento académico de los estudiantes. En esta línea, extenderemos los programas de refuerzo y apoyo educativo a estudiantes de 9 y 10 años e implantaremos contratos-programa con los centros que pongan en marcha planes específicos para mejorar el rendimiento escolar de sus estudiantes.
El tercer elemento de la Estrategia de Economía Sostenible es el referido a la cohesión social.
Permítanme que destaque algunos aspectos sobre el balance del año que estamos concluyendo.
La tasa de cobertura del desempleo se ha situado en un nivel en torno al 80%, que es el más alto de todo el periodo democrático. La dotación presupuestaria destinada durante este ejercicio a las prestaciones por desempleo, incluidas las de la prórroga del Programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI), alcanza los 31.000 millones de euros.
El porcentaje del gasto social de los Presupuestos vigentes ha sido del 52% y el de los que hemos traído a la Cámara para 2011 se elevan hasta el 58%.
Ello nos ha permitido financiar el desarrollo de la Ley de Dependencia, que el gasto en educación supere por vez primera el 5%, y que hayamos podido seguir subiendo las becas y las pensiones mínimas.
Además, hemos aprobado planes de acción específicos, como el Plan Extraordinario de Fomento de la Inclusión y Lucha contra la Pobreza, para atender al aumento de personas en situación de vulnerabilidad social mediante un fondo extraordinario de 30 millones de euros destinados a las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
O el Plan de desarrollo sostenible del medio rural 2010-2014, que constituye el mayor esfuerzo de planificación estratégica territorial en ese ámbito que se ha desarrollado en España. Permitirá aumentar la calidad de vida y el bienestar social de más de 10 millones de personas, gracias a nuevas infraestructuras, medidas de mantenimiento del empleo para estas zonas, y mejoras en el acceso a servicios públicos básicos, como la sanidad o la atención a las personas dependientes. Cuenta con una financiación de 1.810 millones en cinco años aportados al 50% con las Comunidades Autónomas.
Señorías,
El compromiso con la austeridad y la consolidación fiscal, con las reformas y con la cohesión social van a seguir siendo los ejes de la actuación del Gobierno en la nueva etapa que se ha abierto con su remodelación.
La primera tarea que he encomendado al nuevo Gobierno es, precisamente, la de concluir o completar, en su caso, las reformas comprometidas para 2010 en la Estrategia de la Economía Sostenible.
Dos de ellas destacan sobre las demás, la de las pensiones y la del mercado de trabajo.
Como saben, el Gobierno remitió a la Comisión del Pacto de Toledo, en el mes de febrero de este año, su propuesta de reforma del sistema público de pensiones, para garantizar la sostenibilidad del mismo.
Han pasado ya más de nueve meses, y el Gobierno, a través del Ministro de Trabajo, ha pedido a la Comisión que apruebe sus recomendaciones sobre la reforma antes de que concluya el presente año. De este modo, el Gobierno iniciará, a renglón seguido, la elaboración del proyecto de Ley de reforma de las pensiones al tiempo que abordará la discusión de su contenido con los agentes sociales. El Gobierno enviará a la Cámara el proyecto de Ley antes de que termine el primer trimestre de 2011.
Quiero afirmar una vez más que éste es un compromiso sin marcha atrás.
No la admiten ni los derechos de las generaciones jóvenes a tener confianza en sus pensiones de futuro, ni las exigencias de la consolidación fiscal, ni la credibilidad exterior de la economía y de las instituciones españolas.
El Gobierno desearía sentirse acompañado por la mayoría de los grupos de esta Cámara a la hora de afrontar este reto. De la responsabilidad de cada uno dependerá la consecución de un consenso que reforzará nuestra posición como país, que redundará en beneficio de los futuros pensionistas y que contribuirá al horizonte de estabilidad de nuestras cuentas públicas.
Señorías,
El desempleo que venimos padeciendo ha tenido una fuerte incidencia tanto sobre el colectivo de edad más joven (la tasa de paro de los menores de 24 años es del 40%), como sobre los trabajadores menos protegidos de nuestro mercado de trabajo, los que contaban con un contrato temporal. Ellos integran tres cuartas partes de la destrucción de empleo que ha producido la crisis.
Precisamente, en ellos, en unos y en otros, ha pensado, sobre todo, el Gobierno cuando impulsó la reforma de nuestro marco de relaciones laborales.
La Ley de reforma laboral busca reducir, de manera efectiva, la excesiva dualidad entre trabajadores con contrato temporal e indefinido, promover la estabilidad laboral y facilitar la adaptación de las empresas a las exigentes condiciones de un entorno económico cambiante, posibilitando el recurso a medidas distintas a la de extinguir los contratos mediante fórmulas de flexibilidad en relación con reducción de jornada, modificación de condiciones de trabajo y adaptación de condiciones salariales.
Transcurridos cinco meses desde su entrada en vigor y tan sólo dos desde su aprobación definitiva en esta Cámara, es todavía pronto para poder valorar de manera adecuada los efectos de la reforma laboral sobre el empleo.
Por otra parte, ponderar el efecto de la reforma sobre la estructura del mercado de trabajo en el corto plazo entraña una gran dificultad en este momento, puesto que su aplicación coincide con el inicio de un proceso de recuperación del empleo. Y en estos procesos, la evidencia disponible en España y en otras economías, indica que primero se recupera el empleo temporal para, más adelante, recuperarse el indefinido.
Con esta cautela, quiero poner en conocimiento de esta Cámara algunos primeros datos que me parecen relevantes.
En los meses de agosto, septiembre y octubre, los contratos de Fomento de la Contratación Indefinida han crecido a un promedio del 44% interanual, cuando antes, de enero a julio, cayeron un 12% (y más de un 57% en 2009).
Este incremento viene determinado, en buena parte, por el incremento de las conversiones de contratos temporales a contratos de fomento. El contrato indefinido de fomento ha pasado de suponer en torno al 17% del total de indefinidos realizados mensualmente antes de la reforma, a casi el 30% en octubre.
La reforma laboral también ha supuesto un impulso tanto a la utilización de contratos en prácticas como en formación. Los contratos en prácticas han registrado un crecimiento del 28% en los dos últimos meses, frente al incremento inferior al 3% previo a la reforma. Más notorio aún es el caso de los contratos de formación, que tras descender a un ritmo del 13% antes de la reforma, ahora crecen al 6%.
Son, como ven, algunos resultados incipientes de una reforma que podrá desplegar todo su potencial en el medio plazo conforme se afiance la recuperación de la actividad.
Este es el contenido de la Ley y, éstas, las primeras manifestaciones de su aplicación. Corresponde ahora concluir su desarrollo.
De manera más inmediata, y cumpliendo con los trámites preceptivos con los interlocutores sociales, procederemos a regular las agencias de colocación, ampliar el ámbito de actuación de las Empresas de Trabajo temporal y modificar el reglamento de los expedientes de regulación de empleo.
Un poco después, el próximo 20 de marzo, concluirá el plazo concedido por la reforma a los interlocutores sociales para que acuerden la presentación al Gobierno de una propuesta de modificación del actual sistema de negociación colectiva o, en su defecto, el propio Gobierno la formule.
El Gobierno, de nuevo, prefiere que se produzca un acuerdo en esta cuestión, y lo promoverá activamente, aunque manteniendo su compromiso de completar cuanto antes la necesaria reforma de nuestras relaciones laborales para aprovechar al máximo el impulso de la recuperación, una vez esta se consolide, y dar respuesta a los problemas estructurales que aquejan a aquellas y que la crisis ha puesto de manifiesto.
En paralelo a la conclusión de las reformas laborales vamos a abordar la reforma de las políticas activas de empleo para incrementar la empleabilidad y las posibilidades de inserción laboral de los trabajadores desempleados, especialmente jóvenes y parados de larga duración, y, en general, contribuir a un mejor aprovechamiento del recurso más valioso de las economías modernas, el capital humano.
El Gobierno ha realizado un diagnóstico exhaustivo sobre la situación de las políticas activas de empleo en España.
Estas políticas constituyen, en términos de gasto, una de las principales políticas del Estado, destinándose a ellas en torno a 7.300 millones de euros, un volumen de recursos similar al que reciben las políticas de innovación, también estratégicas para la transformación del modelo productivo.
La crisis económica, y su especial incidencia sobre el empleo, han puesto de manifiesto la limitada efectividad de las actuales políticas activas y la necesidad, consecuente con esta apreciación, de su reforma en profundidad.
El contexto de restricción presupuestaria impedirá en el corto plazo incrementar los recursos destinados a estas políticas. No obstante, es posible reorientar de manera significativa los recursos disponibles en el corto plazo.
Uno de los elementos prioritarios de la reforma será la revisión en profundidad del funcionamiento del sistema de formación para que la oferta responda a las necesidades de empleabilidad de los trabajadores.
Adicionalmente, la reforma tendrá las siguientes orientaciones básicas:
- Desarrollar un modelo de atención individualizada a las personas en situación de desempleo basado en un "itinerario personalizado";
- Fortalecer los Servicios Públicos de Empleo, mejorando la organización y funcionamiento de estos servicios; complementando su funcionamiento a través de fórmulas de colaboración público-privada para la intermediación.
- Revisar en profundidad los actuales Programas de Empleo destinados a las personas desempleadas, para adaptarlos a la realidad del mercado laboral y aumentar su eficacia.
- Aumentar la vinculación en entre las políticas activas y pasivas de empleo.
- Reforzar los mecanismos de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas y establecer sistemas de gestión por objetivos de los distintos programas que permitan evaluar de forma rigurosa su eficacia.
Para acometer este proceso de reforma el Gobierno ha iniciado consultas con los Interlocutores sociales y las Comunidades Autónomas con el objeto de presentar al finalizar enero un programa de actuación.
En relación con otras reformas pendientes de su ejecución definitiva, deseo anunciarles los siguientes compromisos:
Antes de que concluya el presente año, daremos cumplimiento pleno al plan de racionalización del sector público empresarial estatal, con el fin de aumentar su eficacia y reducir gasto público. El plan incluye la extinción de 14 empresas y la fusión de otras 24, de forma que se pase de las 106 empresas a 77. Con este plan, se habrá reducido, además, un total de 450 puestos en los consejos de administración y 80 puestos directivos.
Asimismo, antes de que concluya el año, el Gobierno aprobará el Plan Integral de Política Industrial que había comprometido en las Estrategia, para impulsar un mayor desarrollo de nuestro sector industrial por la senda del modelo económico al que aspiramos, caracterizado por la internacionalización, la innovación, la productividad y empleo de calidad.
Tenemos que acelerar la convergencia con la media de la UE, en cuanto al peso de nuestro sector industrial, y aumentar en un 15 por 100 la producción industrial destinada a la exportación.
El Plan incorporará medidas para impulsar el crecimiento de nuestras empresas de menor tamaño, con una atención especial a aquellas empresas con mayor potencial de generación de empleo, y contemplará políticas específicas para aquellos sectores industriales estratégicos con un mayor potencial de crecimiento, de internacionalización y de creación de empleo, como el sector de la automoción, el agroalimentario, el aeroespacial, el de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el de Biotecnología y Farmacéutico y el de las energías renovables.
Al mismo tiempo, presentaremos en el primer trimestre de 2011 la Ley de Servicios Profesionales, aumentando la competencia en sectores que emplean al 30% de nuestros licenciados y mejorando la capacidad de competir internacionalmente de las empresas españolas proveedoras de servicios profesionales, especialmente de ingeniería.
Continuaremos trabajando para hacer que la justicia sea más ágil y responda a las necesidades de nuestro tejido productivo. Así, aprobaremos el próximo viernes un proyecto de reforma de la Ley concursal, y en unas semanas, en cuanto el CGPJ y el Consejo de Estado concluyan sus respectivos dictámenes, una nueva ley reguladora de la jurisdicción social.
Señorías, hay una de las reformas previstas en la Estrategia de la Economía Sostenible en la que aún no hemos conseguido avanzar, y se trata de una reforma que posee, sin duda, como las otras a las que me he referido, ese carácter estratégico para el presente y el futuro de la economía española. El Gobierno es muy consciente de ello y quiere expresar y reconocer su preocupación ante la Cámara. Me refiero a la reforma del sector energético.
Como saben, iniciamos un proceso de diálogo con el principal partido de la oposición para sentar las bases de un horizonte seguro y predecible para el sector en las próximas décadas. Este proceso no ha deparado resultados hasta el momento.
Hemos tratado de conjugar la disposición al diálogo y al acuerdo con fuerzas políticas y sociales con nuestra convicción sobre la necesidad de aprobar las reformas. Y he de decir que esa conjugación no siempre resulta fácil, y que el Gobierno se ha visto ya en diversas ocasiones en la tesitura de seguir adelante sin apoyos adicionales a los parlamentariamente precisos para adoptar las correspondientes iniciativas.
Creemos que el diálogo es conveniente incluso cuando no se traduce en inmediatos acuerdos ulteriores, y lo seguiremos practicando, pero en ningún caso abdicaremos de nuestra responsabilidad con las reformas. No lo hemos hecho hasta ahora ni lo haremos en el futuro.
La responsabilidad de contribuir a reactivar la economía y volver a crear empleo, en una situación de crisis tan grave y difícil como la que hemos vivido, como la que aun padecemos, ni es ni debería ser sólo del Gobierno. Así lo cree la mayoría de los ciudadanos, y cada cual debe valorar la cuota parte que le corresponde de esa responsabilidad.
Pues bien, en relación con la reforma del sector energético, en las próximas semanas vamos a hacer un último intento de alcanzar un marco de acuerdo y, si éste no prospera, nos comprometemos a presentar con carácter inmediato los elementos de esta reforma tratando de conciliar en todo caso los diversos objetivos e intereses que están en juego con la misma. La reforma es necesaria y no puede demorarse.
Ayer mismo se produjo, en esta Cámara, un hecho esperanzador: el acuerdo alcanzado en la Subcomisión de energía en torno el mix 2020.
En todo caso, el Gobierno definirá las principales medidas a adoptar para reconducir el problema del déficit tarifario y continuará con la liberalización de los mercados minoristas de gas y electricidad reduciendo los consumidores sujetos a Tarifa de Ultimo Recurso.
Señorías, la agenda reformista del Gobierno no se agota con las ya emprendidas.
Además, de consolidar las líneas ya recorridas, vamos a abordar nuevas iniciativas para mejorar nuestra competitividad.
A ella contribuirán, sin duda, la acción combinada del Plan de Política Industrial supondrá, la Estrategia de Innovación y las reformas económicas.
Pero también, para favorecer la innovación, reforzaremos las líneas ICO existentes con la puesta en marcha en enero de 2011 de una dotación con 1000 millones de euros del Fondo para la Economía Sostenible, que financiará proyectos de incorporación de nuevas tecnologías por parte de las empresas. Además, se potenciarán los instrumentos de inversión de capital riesgo en empresas de base tecnológica con una dotación con 300 millones de euros.
También presentaremos, antes de fin de año, un paquete de eliminación y simplificación de cargas administrativas que supondrán un ahorro de cerca de 2000 millones de euros para la actividad empresarial.
Manteniendo el compromiso con la consolidación de las cuentas públicas, ahora es necesario adoptar medidas que impulsen el crecimiento económico, mejoren las condiciones para la inversión productiva y, así, y como objetivo de fondo, favorezcan la creación de empleo.
Para cumplir dicho objetivo, y con el fin de fomentar la inversión empresarial se va a generalizar, hasta 2015, la libertad de amortización, hasta ahora prevista sin condiciones para las empresas de pequeña dimensión. Igualmente, se exonerará de tributación las ampliaciones de capital en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a todas las sociedades.
Señorías,
La agenda de reformas se extiende también a las políticas destinadas a mantener, asegurar y ampliar la cohesión social.
Con este propósito, el Gobierno ha anunciado una Nueva Agenda Social para el año 2011 que tiene la ambición de, a la vez, contribuir a que nadie se quede atrás y mejorar la eficiencia de las prestaciones sociales de nuestro Estado de Bienestar al tiempo que lo amplía y lo consolida.
En esta Agenda se incluye, en primer lugar, la reforma de las Políticas Activas de Empleo, a la que ya me he referido.
En segundo lugar, inmediatamente después de la aprobación la Ley de Economía Sostenible, desarrollaremos las disposiciones relativas a la reforma de la formación profesional para mejorar el acceso al sistema, su calidad y su capacidad de respuesta a las necesidades de nuestro tejido empresarial.
Para ello, concluiremos en el primer trimestre de 2011 el Catalogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y presentaremos en el segundo semestre de 2011 el Real Decreto ordenador de la formación profesional.
En tercer lugar, antes de que finalice el presente año, el Gobierno aprobará el anteproyecto de Ley de Igualdad de trato, destinado a proscribir toda forma de discriminación de nuestras relaciones sociales, económicas y jurídicas.
Como paso adelante en materia de igualdad entre mujeres y hombres, incorporaremos criterios de preferencia en determinados contratos públicos para empresas que cumplan la presencia de mujeres en sus estratos directivos, de acuerdo con la Ley de Igualdad.
En materia de conciliación, aprobaremos la trasposición de la Directiva de la Unión en materia de permiso parental, aumentaremos las plazas de escolarización de 0 a 3 años y abordaremos una regulación efectiva del teletrabajo.
Por otra parte, y como Sus Señorías conocen, el pasado julio el Gobierno presentó en esta Cámara el Proyecto de Ley de la Economía Social. Se trata de una Ley pionera en el ámbito europeo que reconoce y facilita la actividad de un sector de empresas que dan trabajo a cerca de 2.400.000 personas con un denominador común: primacía de los trabajadores y del fin social y compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad. En un año difícil como fue 2009 el sector logró no solo mantener el empleo sino incrementarlo en más de 25.000 empleos.
La ley define un marco legal para la economía social y establece el compromiso de fomentarla por parte de todos los poderes públicos. El Gobierno favorecerá el acceso a la financiación de estas empresas, a través del Fondo de Economía Sostenible.
En fin, en ejecución de las previsiones contenidas en la Ley de la reforma laboral, en la primavera abordaremos la creación del llamado "fondo austriaco", que constituye un elemento de mejora de los derechos de los trabajadores complementando las indemnizaciones, aportando más recursos para su formación, y al mismo tiempo aportando una mayor flexibilidad a las empresas que atraviesan dificultades objetivas.
Señorías,
Este es el programa de trabajo del Gobierno para los próximos meses. Tendrá su reflejo claro en esta Cámara tanto por el envío sistemático a la misma de distintos proyectos de Ley como por la voluntad del Gobierno de informar periódicamente a Sus Señorías tanto del estado de cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado como de la evolución que experimenten el empleo y la situación de nuestra economía.
Para mayor seguridad, todas las actuaciones a que me he referido y otras de naturaleza institucional y social, serán recogidas en un Plan de acción del gobierno para los próximos 15 meses, que llevaré el viernes próximo al Consejo de Ministros, que incorporará un calendario de compromisos concretos de aquí a final de la legislatura.
El Consejo de Ministros del día 26 aprobará, igualmente, la creación de una Comisión Interministerial que, presidida por el Vicepresidente Primero del Gobierno, estará encargada de promover el desarrollo de la Nueva Agenda Social y asegurar la coordinación de esfuerzos por parte de todos los Departamentos Ministeriales y con el resto de las Administraciones Públicas.
Señorías, concluyo como comencé.
Los últimos datos sobre la evolución del empleo confirman que hemos dejado atrás el periodo de intensa destrucción del mismo sufrido a consecuencia de esta crisis y que la reactivación del crecimiento nos sitúa en un escenario sin duda más esperanzador. Pero nos va a costar tiempo y esfuerzo volver a crear empleo al ritmo que deseamos, al que necesitan los ciudadanos que lo han perdido y la propia sociedad española en su conjunto.
Comprendo la impaciencia, yo también la siento. Pero la siento con la misma intensidad que la convicción de que sólo hay un modo de reducir más rápidamente la distancia que nos separa de nuestra gran aspiración colectiva, que el paro deje de ser un hecho diferencial negativo de la economía española, y es perseverar en la austeridad y en las reformas, en las reformas y en la austeridad, al tiempo que velamos por la cohesión social. Sólo así, Señorías, sólo así.
Hoy he querido transmitirles la determinación del Gobierno que presido de estar a la altura de cada uno de los compromisos adquiridos con ellas.
Muchas gracias.
