La sucesión diaria de ataques directos que la ciudadanía de este país llamado España recibe del Gobierno del PP, y de otros estamentos, está llegando a un grado insoportable.
El estado en que se encuentra la sociedad española, tras dos años de Gobierno de la derecha más reaccionaria de Europa, no solo se puede medir por las inconcebibles cifras de desempleo sino por los múltiples ataques y desprecios a los ciudadanos que diariamente perpetran ministros, jueces, representantes de los empresarios y responsables políticos de toda especie, que encuentran terreno abonado para sacar tajada de la situación generada por la acción de un Gobierno cada día más deslegitimado.
Un día son las declaraciones del Ministro de Educación, apretando tuercas a los estudiantes becarios, inventando recortes inexistentes en Europa, ¿para hacer qué con los ahorros que la Comisión Europea no va a aplicar a las becas Erasmus? Otro día son las ocurrencias de turno del Ministro de Hacienda, negando la evidencia de las bajadas de salarios que propicia la reforma laboral, que, menos para crear empleo, parece servir de bálsamo de Fierabrás descubierto por los incompetentes empresarios que se frotan las manos con sus beneficios logrados al arrebatar a los trabajadores buena parte del fruto de su labor. ¡¡¡Y todavía hablan de competitividad y productividad!!!
El desamparo de la mayoría aumenta de día en día y ahí están los jueces para recordar quién manda y la impunidad en que se desenvuelven los poderosos. Si defraudan a Hacienda no pasa nada, si pasa, véase Carlos Fabra Carreras (Castellón de la Plana, 1946), hay que presumir su inocencia, aunque haya sido condenado, porque ya se recurrirá la condena y a saber en que terminarán decenios de robos, desfalcos, apropiación de dineros públicos, etc. etc. Eso sí, si los trabajadores andaluces ocupan pacíficamente una finca pública para reclamar trabajo se les condena a siete meses de prisión.
No queda ahí la cosa. El Gobierno, asustado por el éxito de la huelga de los trabajadores de limpieza en Madrid y por el creciente número de manifestantes que protestan por tanta ignominia, pretende promulgar una Ley que convierta en delincuentes a los que protesten por las diarias agresiones del poder constituido.
Y cómo hay que buscar nuevos nichos de negocio para los sinvergüenzas que se quedaron sin la bicoca del negocio inmobiliario, se cambia el modelo del sistema de pensiones, bajando las ya reducidas cuantías que perciben quienes se están convirtiendo en el soporte de gran número de familias que han perdido todos sus ingresos para ajustar los desequilibrios económicos provocados por los responsables de la crisis, que, cómo acertadamente señala Joan Tugores, son los mismos que la están gestionando.
Pero en una pirueta, que por el momento está funcionando, estos gestores hacen recaer todo el peso de la crisis sobre las espaldas de los más desfavorecidos, haciéndoles responsables de todos los males por “haber vivido por encima de sus posibilidades”. Tanta desfachatez resulta ya insoportable y los ciudadanos buscan de qué modo puede terminarse con este estado de cosas. Pero ¿quién puede ofrecer respuestas que no sean nuevos insultos a la inteligencia?
Los ciudadanos no entienden el sistema maléfico por el cual son tratados como súbditos por una ralea de sinvergüenzas que actúan como si todo fuera posible, sin que ningún poder o institución del Estado desempeñe las tareas que justifican su existencia y que, además, se financian a través de recursos que salen del bolsillo de todos -bueno, de unos más que de otros- porque resulta, sin duda, incomprensible para el ciudadano de a pié que el 84% de la recaudación del IRPF en 2011 provenga de las rentas del trabajo. Que solo el 10% de la recaudación fiscal corresponda al Impuesto de Sociedades. Que el tipo medio efectivo de este impuesto para los grandes grupos empresariales sea del 3,5%, según datos de la propia Agencia Tributaria. Que las empresas del IBEX hayan ganado entre enero y septiembre de 2013 un 7% más y hayan pagado un 8,4% menos de impuestos. Todo ello, cuando está en vigor el artículo 31 de la Constitución, que habla de un sistema fiscal justo basado en principios de igualdad y progresividad.
Ha habido estos días un hecho que no puede quedar impune: las declaraciones del diputado Rafael Hernando, del PP, en la televisión de los obispos, diciendo que las familias de las víctimas del franquismo solo se acuerdan de sus familiares cuando hay subvenciones. La miseria absoluta que encierran estas palabras deleznables no puede quedar en el olvido. Este sujeto despreciable debe desaparecer de la vida pública. Una denuncia masiva debe presentarse de forma inmediata contra este indecente y ya se verá qué dicen los jueces, que no actúan de oficio en una ocasión que merece la acción de la Justicia. Como pasa en Alemania cuando alguien hace declaraciones similares a estas, en relación con el nazismo y sus crímenes: la Justicia actúa porque eso supone un delito perseguido.
Es el clima creado por la actuación del Gobierno, que desprecia a los ciudadanos que no comulgan con sus ideas, lo que hace posible estas situaciones insoportables y que se pretenda que no pase nada. No se puede permanecer al margen de estos hechos. Lo dicho por el despreciable Hernando no puede dejarse pasar sin un castigo ejemplar. Sencillamente, no debe ser posible. Los insultos de un desvergonzado no pueden salir gratis. Este individuo debe pagar por ello, más aún cuando se ha ratificado en sus declaraciones, aunque intente torpemente acudir al consabido “he sido malinterpretado, yo no he dicho eso”. Sí lo ha dicho y reiterado, como demuestran sin ningún género de duda las imágenes grabadas, a disposición de todos. Su condición de diputado nacional no puede ser un escudo, sino un agravante de su miserable actitud. Es preciso echar de la política a estos personajes y el propio Parlamento debería ser el primer interesado en que la institución que representa la soberanía de los ciudadanos no sirva de cobijo a personas que solo merecen el desprecio general.
La demostración de que se ha perdido el sentido de la realidad y se pretende hacer creer a los ciudadanos lo que simplemente son mentiras, que son desmentidas por las propias estadísticas elaboradas por el mismo Gobierno, es la declaración de Rajoy en sede parlamentaria acerca de la no destrucción de empleo en el último año. La última Encuesta de Población Activa arroja una caída del empleo, entre el tercer trimestre de 2012 y el mismo periodo de 2013, de casi 500.000 personas. La negación de esta evidencia formaba parte de la respuesta a una cuestión planteada por la oposición sobre la corrupción en la que se mueven el Gobierno y el partido que le sostiene. Es la muestra palpable de la irrealidad en la que pretende Rajoy que la ciudadanía crea y apoye su acción de gobierno, mientras continúa su política de ataques y desprecios hacia una mayoría de la población cada vez más descreída y también más desamparada.
El desprecio a los ciudadanos y la utilización de argumentos insostenibles para explicar lo inexplicable llega al paroxismo cuando se escuchan las inefables palabras de una persona ciertamente inefable: “la reforma laboral del Gobierno de Rajoy es la mayor aportación al progreso del país”. Una muestra más de la perdida del sentido de la realidad, que refleja su alejamiento, y desprecio, de todos los padecimientos sufridos por unas cada vez más amplias capas de la sociedad.
El desprecio hacia los más desfavorecidos en la crisis es, en definitiva, la táctica que ha adoptado el Gobierno para relacionarse con los ciudadanos, tratando de humillarles y despojarles de su dignidad para así debilitar su capacidad de oposición a una política de rapiña y de destrucción de todo lo público. Es el más claro ejemplo de cómo el poder político instalado en el Gobierno y sus aledaños, que solo representa los intereses de los poderosos, persigue convertir en súbditos a todos los que no están de acuerdo con su política destructiva de los derechos de los ciudadanos tan esforzadamente conseguidos. ¿Hasta cuándo?
