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nuevatribuna.es | 06.12.2010

El último y más claro en sus críticas ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, que se ha manifestado claramente contra la decisión del Ejecutivo de retirar la ayuda de 426 euros a los desempleados de larga duración. "Quitar prestaciones que pueden ser fundamentales para familias que tengan a todos sus miembros en paro es un problema muy grave con el que yo no estoy de acuerdo", Y es que, en su opinión, pese a la crisis "hay unas prestaciones que se tienen que mantener" y que no se pueden ver "como un hándicap o como un impedimento al mercado de trabajo".

Anteriormente, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha remarcado que la prestación de 426 euros no desaparece, sino lo que se hace es "no prorrogarla", y se ha mostrado "convencido" de que la eliminación de los 426 euros a los parados que ya hayan agotado todas las prestaciones, serán sustituidas por becas para la formación que les permitan "una subsistencia digna".

Guillermo Fernández, presidente de la Junta de Extremadura, emplazó a Zapatero a "buscar nuevas fórmulas" para compensar los recortes y que de esa forma "no haya gente que caiga en la exclusión social" como consecuencia de la crisis económica.

Javier Fernández, candidato socialista al gobierno asturiano en sustitución de Vicente Areces, se pronunció con claridad en el sentido señalando que “sólo puede ser aceptable si los parados reciben una cantidad análoga vinculada a la formación”. Más medida fue la declaración de Tomás Gómez, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, indicando que él es "partidario de que en este país no se rompa la cohesión social".

El más crítico y explícito de las personalidades socialistas al frente de una alcaldía ha sido Jerónimo Saavedra, alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y ex ministro con Felipe González, quien ha señalado, durante el acto de presentación de su candidatura a la reelección por el PSC-PSOE, que le “repugna que el Gobierno de Rodríguez Zapatero hayan eliminado la ayuda a los parados y al mismo tiempo se anuncie más obras del AVE para los próximos años".

Críticas sindicales

Cándido Méndez, secretario general de UGT, ha advertido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de que liquidar la ayuda de 426 euros a parados sin ingresos es "socialmente intolerable" y le he pedido que no siga adelante con la medida.

Fernando Lezcano, secretario de Comunicación de CCOO, también calificó las medidas de "antisociales", dado que desaparece una de las pocas medidas aprobadas para proteger a los más débiles, aproximadamente 200.000 personas paradas de larga duración sin otros ingresos. En este sentido, el portavoz confederal de CCOO ha recordado que a final de año 560.000 personas dejarán de percibir prestaciones contributivas, cifra que se elevará a 700.000 personas a mediados de 2011, así como que 476.900 familias no tienen ingresos de ningún tipo.

Sin noticias de una alternativa a los 426 euros

Durante la rueda de prensa celebrada el pasado viernes con posterioridad a la celebración del Consejo de Ministros en el que se aprobó la medida de suprimir la ayuda de los 426 euros, los vicepresidentes primero y segundo del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba y Elena Salgado, respectivamente, no quisieron pronunciarse sobre estas críticas por parte de algunos dirigentes socialistas.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ambos se limitaron a expresar su "respeto" por las "opiniones" vertidas por sus compañeros de partido.

La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, explicó que la posibilidad de prorrogar esta ayuda se eliminó hace meses y que, por tanto, no ha sido necesario aprobar ninguna actuación adicional. Lo que no ha aclarado Salgado es si el Gobierno, en el marco de la reforma de las políticas activas de empleo, diseñará una nueva ayuda para los desempleados que agoten sus prestaciones, tal y como ha sugerido en varias ocasiones el ministro de Trabajo.

"No tenemos nada más que decir que reforzamos los servicios públicos de empleo para que estas personas reciban una atención especializada", ha respondido la vicepresidenta sobre la posibilidad de que se implante esa nueva ayuda.

La ministra de Economía y Hacienda se refería en concreto al Decreto Ley aprobado el viernes 3 de diciembre Consejo dentro del nuevo paquete de medidas por el que se contratarán otros 1.500 orientadores de empleo para los servicios públicos de empleo y se prorrogará, hasta diciembre de 2012, la permanencia de los 1.500 orientadores que desde 2008 trabajan en estas oficinas. Estos trabajadores se dedicarán a efectuar itinerarios personalizados a los desempleados, "con especial atención a los parados que hayan agotado prestaciones contributivas".

Desaire a Valeriano Gómez

Estas declaraciones de la ministra de Economía Elena Salgado, no parecen dejar en muy buen lugar a Valeriano Gómez, ministro de Trabajo e Inmigración, quien aseguró en el Congreso de Diputados, el mismo día que se anunció la iniciativa de suprimir la ayuda, que “antes de que finalicen la vigencia de la ayuda de 426 euros a los parados que hayan agotado su prestación cuando expire el último plazo marcado, el próximo mes de febrero, se habrá diseñado el programa que lo sustituya, en el marco de la remodelación de las políticas activas de empleo”.

Durante su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Gómez ha asegurado que siempre ha defendido que el Programa temporal de protección por desempleo e inserción (PRODI) "había cumplido su papel" y se requería actuar en un nuevo modelo de políticas activas en el que las que agoten su prestación "tengan posibilidad de participar" en políticas activas "incluso con apoyo económico".

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, el PRODI ha supuesto desde su creación un coste de 1.400 millones de euros y ha beneficiado a 700.000 parados, si bien estas cifras aumentarán hasta la desaparición definitiva de estas ayudas semestrales, que tendrá lugar en agosto, ya que hasta febrero podrán seguir solicitándose.

Claman por los 426 euros