nuevatribuna.es
23 de septiembre de 2010, 11:21
NUEVATRIBUNA.ES/ L.M. - 22.09.2010
Un grupo de científicos reunidos en la asociación ‘Científicos por el Medio Ambiente’ (CiMA) han criticado la actitud del Gobierno durante el proceso de elección de la ubicación del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) que, en opinión de los científicos, se ha desarrollado de acuerdo a “criterios políticos”, sin el rigor técnico que requiere seleccionar un lugar para almacenar residuos nucleares de alta actividad. Según informaron, parte de los residuos guardados en el vertedero permanecerán activos hasta 24.000 años, en el caso del plutonio-239, uno de los más peligrosos.
La asociación, que prevé enviar en este sentido una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lanza duras críticas contra el proceso de selección del lugar donde se ubicará el vertedero que responde a criterios “políticos” más que técnicos, advierte la asociación que agrupa a profesionales, educadores e investigadores de distintas disciplinas.
En la misiva, los científicos recuerdan que la elección del lugar parar ubicar los residuos nucleares requiere un especial tratamiento técnico, sobre todo en lo relativo a las condiciones geológicas del terreno sobre todo en relación con las características sísmicas y de estabilidad de los materiales, así como las hidrogeológicas.
Además, los integrantes de la asociación critican “cuestiones sociales” que, a su parecer, el Gobierno ha incumplido a lo largo del proceso de selección. En este sentido, dudan de la legitimidad de los Plenos realizados en los ayuntamientos para presentar las candidaturas de los distintos municipios, que se realizaron “a pocos días del cierre del plazo”, de forma extraordinaria y “en un horario poco común”, añaden. En cuanto al proyecto critican también la existencia de “claras deficiencias informativas” respecto a los detalles del la futura instalación.
En su opinión, la utilización de energía nuclear para la producción eléctrica “no es sostenible” debido a los “inasumibles” riesgos que conlleva, entre los cuales destacan que los residuos que se almacenarían en el ATC serían de alta actividad, es decir, “los más peligrosos”, en particular, los de plutonio-239 cuya vida media se alarga por 24.000 años, aseguran.
Por ello, los científicos piden que se detenga la elección de un emplazamiento para el ATC “hasta que se alcancen las condiciones sobre seguridad de los residuos”. Asimismo, demandan que se cumpla el compromiso electoral de cierre programado y progresivo de las ocho unidades nucleares en funcionamiento. Y solicitan que se investiguen técnicas y tecnologías que permitan reducir la condición de alta intensidad de los residuos hacia baja intensidad.
Por su parte, Greenpeace se sumó hoy a la concentración contra la instalación del cementerio nuclear en la localidad valenciana de Zarra que tuvo lugar frente al ministerio de Industria. Asimismo, la asociación ecologista acusó al departamento que dirige Miguel Sebastián de incumplir su compromiso de enviar los informes de seguridad solicitados por la Audiencia Nacional hace tres meses y reiteró su denuncia ante lo que considera una “ilegalidad”.
Un grupo de científicos reunidos en la asociación ‘Científicos por el Medio Ambiente’ (CiMA) han criticado la actitud del Gobierno durante el proceso de elección de la ubicación del futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) que, en opinión de los científicos, se ha desarrollado de acuerdo a “criterios políticos”, sin el rigor técnico que requiere seleccionar un lugar para almacenar residuos nucleares de alta actividad. Según informaron, parte de los residuos guardados en el vertedero permanecerán activos hasta 24.000 años, en el caso del plutonio-239, uno de los más peligrosos.
La asociación, que prevé enviar en este sentido una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, lanza duras críticas contra el proceso de selección del lugar donde se ubicará el vertedero que responde a criterios “políticos” más que técnicos, advierte la asociación que agrupa a profesionales, educadores e investigadores de distintas disciplinas.
En la misiva, los científicos recuerdan que la elección del lugar parar ubicar los residuos nucleares requiere un especial tratamiento técnico, sobre todo en lo relativo a las condiciones geológicas del terreno sobre todo en relación con las características sísmicas y de estabilidad de los materiales, así como las hidrogeológicas.
Además, los integrantes de la asociación critican “cuestiones sociales” que, a su parecer, el Gobierno ha incumplido a lo largo del proceso de selección. En este sentido, dudan de la legitimidad de los Plenos realizados en los ayuntamientos para presentar las candidaturas de los distintos municipios, que se realizaron “a pocos días del cierre del plazo”, de forma extraordinaria y “en un horario poco común”, añaden. En cuanto al proyecto critican también la existencia de “claras deficiencias informativas” respecto a los detalles del la futura instalación.
En su opinión, la utilización de energía nuclear para la producción eléctrica “no es sostenible” debido a los “inasumibles” riesgos que conlleva, entre los cuales destacan que los residuos que se almacenarían en el ATC serían de alta actividad, es decir, “los más peligrosos”, en particular, los de plutonio-239 cuya vida media se alarga por 24.000 años, aseguran.
Por ello, los científicos piden que se detenga la elección de un emplazamiento para el ATC “hasta que se alcancen las condiciones sobre seguridad de los residuos”. Asimismo, demandan que se cumpla el compromiso electoral de cierre programado y progresivo de las ocho unidades nucleares en funcionamiento. Y solicitan que se investiguen técnicas y tecnologías que permitan reducir la condición de alta intensidad de los residuos hacia baja intensidad.
Por su parte, Greenpeace se sumó hoy a la concentración contra la instalación del cementerio nuclear en la localidad valenciana de Zarra que tuvo lugar frente al ministerio de Industria. Asimismo, la asociación ecologista acusó al departamento que dirige Miguel Sebastián de incumplir su compromiso de enviar los informes de seguridad solicitados por la Audiencia Nacional hace tres meses y reiteró su denuncia ante lo que considera una “ilegalidad”.
