viernes. 29.03.2024
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Será necesario expulsar del templo de la ciudad a los mercaderes que la han convertido en una cueva de ladrones, usando el látigo de la razón, la cultura y la decencia

En 1993 Mercè Sala, presidenta de Renfe, y Francisco Luzón, presidente de Argentaria, siendo ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente Josep Borrell, presentaron públicamente el gran proyecto urbanístico, más exactamente un proyecto inmobiliario, denominado Operación Chamartín. Una gran intervención consistente, básicamente, en el soterramiento de las vías y parte de las instalaciones ferroviarias bajo una inmensa losa de hormigón, para elevar sobre ella una nueva ciudad que prolongue la Castellana hasta Alcobendas. Con independencia de las pretendidas virtudes urbanas con que se adornaba esta operación, la razón subyacente que la justificaba era la necesidad, o la voluntad, de generar recursos económicos para sanear las cuentas de Renfe a través de la especulación inmobiliaria. Nada que ver con un proyecto de ciudad.

Un triunfalismo y unas cifras que ocultan, en un silencio doloso, a los empobrecidos, los marginados, los excluidos que la política económica de este Gobierno, sometido a los dictados de la troika, ha dejado en la cuneta, y no como daños colaterales, sino como víctimas directas

En aquellas fechas compartía las mismas siglas partidistas con los promotores de esta idea y el gobierno que la amparaba. No obstante, entendí como obligación escribir un artículo (“Chamartín, a la sombra de KIO”, El País 05/11/1993) descalificando duramente, cultural y políticamente, esta intervención en el norte de Madrid. Entendí más leal lo que la madurez, mi condición de intelectual, mi experiencia profesional y mi compromiso ideológico exigían, que no callar lo que la prudencia timorata aconsejaba.

En 2015 la Operación Chamartín renace de su olvido, rebautizada con el nombre de Distrito Castellana Norte. El día 30 de enero fue presentada, con pompa y ceremonial, por Ana Pastor -Ministra de Fomento-, Ignacio González -Presidente de la CAM-, Ana Botella -Alcaldesa de Madrid-, y Francisco González -Presidente del BBVA. Un gran partenariado público-privado que emerge en el umbral de un duro año electoral en el que son previsibles drásticos cambios ideológicos en los próximos gobiernos de la nación y de Madrid. Un coro bien concertado de políticos y banquero, dejando a este último, garante financiero de la operación, el aria final,  en la que pueda cantar las pretendidas excelencias de este proyecto: “la mayor operación urbanística no solo en España, sino en Europa” en los próximos veinte años; “una operación vanguardista sobre más de tres millones de metros cuadrados”; “el proyecto urbanístico español más importante de los últimos veinte años”. Y, subiendo el tono, declamaba: “no hay ningún proyecto de este nivel en el mundo”, para terminar con un pausado y piadoso: “no sé si será rentable para el banco, pero sí para Madrid”. Un banco reconvertido en una ONG. A veces los milagros suceden.

La dimensión inmobiliaria de esta operación queda reflejada en las cifras siguientes. Un ámbito de 302 hectáreas que se extiende hacia el norte a lo largo de 3,7 kilómetros en el que se podrán construir 1.200.000 m² de oficinas, 165.000 m² para hoteles, 165.000 m² para comercios, 350.000 m² para equipamientos (¿cuáles? ¿públicos o privados?), 542.000 m² para zonas verdes (¿sobre una losa de hormigón?). Culminando este ambicioso programa con la construcción de 17.000 nuevas viviendas, de las cuales 4.000 serán protegidas (que podrán ser vendidas a fondos buitre, incluyendo a sus moradores, cuando así lo requiera la situación económica de los promotores, siguiendo la siniestra estela del IVIMA y de la EMVS).

Esta gran “operación vanguardista” se puede anunciar hoy, a la vista de unas elecciones municipales y autonómicas, porque la mejora económica española la hace posible. Afirmación triunfalista que vuelve a exhibir una vez más los grandes éxitos macroeconómicos que vocean todos los días los miembros del Gobierno y sus barones territoriales: un crecimiento de un 1,4% del PIB, en el año 2014, por encima de la media de la Eurozona y de la UE; la creación de 470.000 puestos de trabajo, sin especificar la calidad del mismo; la mejoría del índice de confianza empresarial, etc. Un triunfalismo y unas cifras que ocultan, en un silencio doloso, a los empobrecidos, los marginados, los excluidos que la política económica de este Gobierno, sometido a los dictados de la troika, ha dejado en la cuneta, y no como daños colaterales, sino como víctimas directas de la misma. Basta para ello leer con atención y dolor el VII Informe Foessa, en el que se denuncia un brutal abandono de los servicios públicos junto con el deterioro de las condiciones laborales de todos los asalariados.

Una dramática situación de nuestra sociedad contra la que se sublevaban y clamaban “los miles de personas que se manifestaron en Madrid (el 31 de enero) convocados por Podemos” (Joaquín Estefanía, “Silencios oficiales”, EP 03/02/2015). Una realidad dolorosa denunciada igualmente por un notable grupo de intelectuales encabezado por las filósofas Victoria Camps y Adela Cortina, que firmaban un manifiesto titulado “Salvar la sanidad pública” (EP 23/01/2015). Un manifiesto al que viene a sumarse el historiados Santos Juliá en un artículo titulado “La devastación de los bienes públicos” (EP 26/01/2015), en el que afirma: “a partir del retorno del PP al poder el resultado de la crisis ha sido una amenazante devastación de los bienes públicos, que pone final al mayor periodo de cohesión social vivido en la sociedad española desde que existe como sujeto político”.

La importancia atribuida a esta operación, por su tamaño, programa y localización, me ha inducido a buscar un punto de observación preeminente para captar toda su grandeza. Si en 1993 las torres de KIO, cargadas de simbolismo, me brindaron una elevada plataforma para valorar la llamada Operación Chamartín, ahora ha sido una de las cuatro torres levantadas en los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid (¿dónde estará Florentino Pérez en este nuevo negocio inmobiliario?) la que me ha permitido situar mi punto de vista más próximo y más alto. Acodado en el antepecho de la última planta, con las brillantes y tramposas infografías que adornan este proyecto en mis manos, me dispuse a aplaudir desde la altura “el proyecto más importante de Europa en los próximos veinte años”. Tras largas horas de meditada observación no explotaba en mí una salutación jubilosa sino, por el contrario, sentía un profundo desasosiego que oscilaba entre la tristeza y la indignación. ¿En qué país vivimos? ¿Son conscientes los promotores de esta actuación de los momentos dramáticos que estamos atravesando y que amenazan prolongarse en el corto y medio plazo aquí y allende las fronteras? ¿Cómo puede anunciarse, sin un mínimo de rubor, esta proeza inmobiliaria ajena a cualquiera de las necesidades de los madrileños? ¿Cómo pueden destinarse a esta intervención 11.000 millones de euros cuando el PP, desde el Gobierno de la nación y sus franquicias territoriales, impone una austeridad asimétrica justificada por una lucha autodestructiva contra el déficit? “Una agresión organizada que llamaremos austeridad”, dice Saskia Sassen.

Y todo con el objetivo prioritario, camuflado bajo una palabrería vacua, de construir más viviendas de lujo como meollo del negocio inmobiliario, repitiendo los errores del pasado que dieron lugar a la llamada burbuja inmobiliaria. Una intervención para consolidar en el norte madrileño “la ciudad de los ricos” contra la difusa y olvidada “ciudad de los pobres” en los distritos periféricos o en el corazón de Madrid, como Lavapiés o Arganzuela. Construcción de una ciudad en la que “la desigualdad económica se manifiesta en la injusticia espacial, en la que se agudizan los procesos de diferenciación y exclusión”, como denuncia Bernardo Secchi en su libro “La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres”.

Y la duda sigue presente en estas líneas. ¿De dónde saldrá el dinero para financiar esta aventura? En el acto de presentación se afirmó rotundamente que todo este enorme desarrollo inmobiliario no va a costar ni un euro a los madrileños. El dinero nacerá de las plusvalías generadas por el propio desarrollo, para lo cual las administraciones públicas han firmado un convenio con la empresa Distrito Castellana Norte Madrid, creada para este caso, con un 75,5% del BBVA y el resto la constructora San José. Un convenio que garantiza que las administraciones removerán todos los obstáculos urbanísticos y legales que puedan dificultar la rentabilidad de esta empresa. Julio Rodríguez, un buen economista y buen conocedor del mercado inmobiliario (fue presidente del Banco Hipotecario y de Caja Granada), en su tuit del 30 de enero, advierte que la Operación Chamartín puede ser ejemplo de “un posible efecto secundario negativo derivado de la inyección de liquidez del BCE, para provecho de especuladores”.

¿Cuántas veces más serán menospreciados y olvidados los intereses, los derechos de los madrileños por la prepotente y continua agresión de los responsables políticos y sus aliados los poderes financieros y, más concretamente, el bloque inmobiliario? Porque si Chamartín destaca por su dimensión y exaltación como “operación vanguardista”, son cientos los puntos de la ciudad donde esta agresión se ha producido y amenaza con seguir produciéndose con el amparo del ayuntamiento y el gobierno de la CAM, en una acelerada furia privatizadora de todo el patrimonio público. Punto a punto, caso a caso, han quedado reflejadas estas agresiones, actuales y potenciales (no todas), en un documento elaborado por la Plataforma No a Este Plan Urbanístico con la participación de colectivos vecinales y culturales y que se ha llamado acertadamente “Mapa de los Horrores Urbanísticos en Madrid”, presentado al público en el Ateneo el día 4 de febrero. Un mapa que debe servir para encauzar y mantener la lucha de los madrileños contra la política urbanística de nuestros gobernantes actuales. Servir también de referencia también para la concreción y visualización de los programas electorales de los partidos o agrupaciones que luchan por otra forma de construir la ciudad.

¿Cuántas veces tendremos que gritar un NO rotundo oponiéndonos a las múltiples y permanentes agresiones a nuestra ciudad y en defensa de nuestros derechos, nuestra dignidad? Es difícil derrotar al capitalismo depredador que hoy manda en Madrid, pero grito a grito, trozo a trozo, con la voluntad de resistencia y los votos, podemos conquistar parcelas irreversibles de socialismo e iniciar la construcción de ciudades y pueblos más justos y bellos.

Hoy exigimos que, por lealtad y respeto a la democracia, se paralice toda actuación que hipoteque nuestra ciudad, ante un previsible y deseable cambio ideológico en los nuevos gobiernos de la CAM y del ayuntamiento de Madrid.

Mañana será necesario expulsar del templo de la ciudad a los mercaderes que la han convertido en una cueva de ladrones, usando el látigo de la razón, la cultura y la decencia.

Chamartín, la especulación camuflada