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NUEVATRIBUNA.ES/L.M. - 07.06.2010

Dos millones de empleados públicos están convocados este martes a la huelga en contra del recorte salarial aprobado por el Gobierno y, como ensayo general de una huelga en todos los sectores, que los sindicatos convocarán en caso de que el Gobierno apruebe una reforma laboral perjudicial para los derechos de los trabajadores. La huelga de los empleados públicos ha afectado, por ejemplo, a los exámenes de selectividad en comunidades como Madrid, Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, Navarra y País Vasco.

Los funcionarios de las administraciones local, autonómica y general del Estado están convocados al paro general de 24 horas que afectará al funcionamiento de la Sanidad, la Educación, la Seguridad y la Justicia.

Junto al paro, los trabajadores públicos protestarán contra el recorte de un 5 por ciento de media de sus salarios con concentraciones en las principales ciudades españolas. La mayor parte de estas concentraciones tendrá lugar el martes en torno al mediodía, salvo en Madrid (18:30 horas), Santander (18:00 horas), Palma de Mallorca (19:00 horas) y Valencia (19:00 horas).

Los sindicatos convocantes, CCOO, UGT y CSIF esperan “un éxito rotundo” de la huelga, convocada contra una rebaja salarial que forma parte de un extenso plan de recorte del déficit público del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Los sindicatos han acusado al Gobierno de “criminalizar” a los funcionarios y de hacerles responsables de una crisis que ellos no han provocado. Auguran una gran participación, a tenor de anteriores concentraciones y protestas contra la congelación salarial.

PRIMER RECORTE EN 20 AÑOS

Dos veces en la historia reciente los funcionarios han visto congelados sus salarios, aunque ésta es la primera vez que un Gobierno recorta sus retribuciones rales.

En 1994, el Gobierno de Felipe González congeló el sueldo de los funcionarios, una medida repetida trece años después, ya en la época del presidente ‘popular’ José María Aznar.

Esta semana, el Gobierno se enfrenta en Bruselas al examen de su plan de austeridad. Las autoridades europeas exigen al Gobierno español una rebaja del déficit más rápida de la prevista inicialmente. A raíz de las turbulencias en los mercados de deuda, el Gobierno se vio obligado a apresurar el pasado 12 de mayo un conjunto de medidas, que incluían el recorte salarial de los funcionarios, finalmente aprobado en Consejo de Ministros el 20 de mayo.

El rápido aumento de la deuda y el déficit españoles preocupa a Bruselas, que ha exigido, además de los recortes en el gasto, una plan de reformas estructurales, entre las cuales destaca la reforma laboral.

DÍAZ FERRÁN PIDE REBAJAS SALARIALES

El Ejecutivo español se ha comprometido a aprobar el miércoles de la próxima semana una reforma del mercado de trabajo, haya o no acuerdo entre los agentes sociales que negocian los cambios en la mesa del Diálogo Social.

Esta tarde la mesa del Diálogo Social volverá a reunirse en la recta final de la negociación que se ha prolongado –de forma interrumpida- por espacio de un año, en dos rondas, la última de las cuales tiene esta semana pocos visos de saldarse con la llegada de un acuerdo.

El jefe de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, defendió hoy una rebaja salarial de un 5 por ciento en algunos sectores de la actividad privada, a imagen y semejanza de lo aprobado por el Ejecutivo en la función pública. El líder empresarial se mostró dispuesto a renunciar hasta 2012a una rebaja de las cotizaciones sociales que pagan las empresas, aunque exigió esta rebaja salarial.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ofreció hoy nuevas pistas sobre la reforma que prepara el Gobierno, al explicar que su objetivo es “aligerar” los costes del despido, a través del contrato de fomento del empleo, con 33 días de indemnización, que, recordó, sólo afectará a los nuevos contratos.

Según Corbacho, la reforma no afectará a los contratos ya firmados, sino sólo a los que se firmen a partir de su entrada en vigor, en línea con lo que siempre se ha negociado en esta mesa, incluso desde el lado patronal.

Por su parte, el presidente de Cepyme, Jesús Bárcenas, ha mostrado su rechazo frontal a una posible huelga general y ha cargado contra el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a quien ha acusado de querer quitarle de en medio, con las elecciones que se celebrarán la próxima semana en la patronal de las pequeñas y medianas empresas, en las cuales se enfrentan el propio Bárcenas contra Jesús Terciado, el candidato promovido por la facción que encabeza Díaz Ferrán.

CEOE exige recortes salariales