La Federación de Industria de CCOO y Metal, Construcción y Afines de UGT, (MCA-UGT) han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "asuma su responsabilidad" en la defensa del sector naval y "se ponga al frente de las negociaciones" para conseguir que las ayudas que recibió el sector sean declaradas conformes y ajustadas al principio de confianza legítima y seguridad jurídica, lo que significaría que nuestro país no tendría que devolver las desgravaciones fiscales producto del antiguo tax lease que se aplicaba al sector naval.
Los sindicatos han reclamado a Rajoy que ejerza "las gestiones necesarias" para conseguir un trato similar al que recibió Francia en la resolución de las ayudas recibidas por los astilleros franceses, a la vista de las conclusiones de la reunión mantenida por una delegación de máximo nivel en la que han participado los secretarios generales de UGT y CCOO, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, con el comisario de la Competencia, Joaquín Almunia.
UGT y CCOO han realizado estas peticiones en un comunicado después de que esta tarde se reunieran Méndez y Fernández Toxo con el secretario federal de MCA-UGT, José Luis Gacio, y con el secretario de Estrategias Industriales de la Federación de Industria de CCOO, Máximo Blanco "ante la gravedad de la situación".
Las federaciones de UGT y CCOO exigen a Rajoy que se reúna con el presidente de la Comisión Europea, Durâo Barroso, antes del 17 de julio, fecha en la que Almunia dará a conocer al Colegio de Comisarios la propuesta de resolución del tax lease español, "para que realice las gestiones oportunas para evitar la debacle del sector naval en nuestro país".
Además, piden al conjunto del Gobierno que despliegue "todos los instrumentos jurídicos y diplomáticos" ante la Comisión Europea en la defensa de los intereses del sector naval "y agotar todas las posibilidades" hasta el día 17 de este mes.
Por último, UGT y CCOO reclaman al Colegio de Comisarios que compartan con el sector naval que el Principio de Confianza Legitima y Seguridad Jurídica con los que operó el sector naval español debe prevalecer y, en su reunión convocada para el próximo 17 de julio, el dictamen que aprueben "satisfaga nuestros legítimos intereses".
