martes 07.07.2020
EL MINISTRO DE HACIENDA RECIBE A LOS AGENTES SOCIALES

Sindicatos exigen a Montoro cambios en el tratamiento de las indemnizaciones por despido

Los sindicatos exigen al ministro de Hacienda cambios en el tratamiento de las indemnizaciones por despido y más recursos para reactivar la economía, promover un verdadero plan de empleo, mejorar la protección social y crear un sistema fiscal suficiente, justo y legitimado socialmente.

Foto: CCOO
Foto: CCOO

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se reunieron este lunes con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los presidentes de CEOE y Cepyme, para valorar la reforma fiscal propuesta por el Gobierno.

Ambos sindicatos pidieron al ministro que reconsidere las nuevas obligaciones de tributación de la indemnización por despido y evite incrementar la presión fiscal, precisamente de los trabajadores más débiles, los que pierden su empleo. “En este asunto, el ministro se ha comprometido a hacer una nueva propuesta, de acuerdo con lo tratado en la reunión, y seguiremos hablando de ello”, manifestó Fernández Toxo.

Por su parte, Méndez destacó que "el Gobierno es consciente de que ha hecho un planteamiento inadecuado e injusto" al decidir, dentro de la reforma fiscal, el aumento de la tributación por despido, aun que valoró la disposición del Gobierno de "a aumentar el mínimo exento, esos 2.000 euros por año, pero no nos han dicho cifra". Méndez señaló que el Gobierno también ha previsto analizar una ponderación por edad, pero no la ha concretado.

Fernández Toxo reiteró el ministro la propuesta de reforma fiscal que ya hace unos meses presentó el sindicato, radicalmente distinta a la del Gobierno que, en su opinión, “no responde a ninguna de las deficiencias de la economía española”, señalando que “la mera corrección de sus elementos más regresivos supondría aumentar los ingresos fiscales en 6.000 millones de euros, que podrían financiar las políticas que necesitamos, orientadas a la creación de empleo y el incremento de la protección social”.

Toxo planteó al Ministro de Hacienda una batería de medidas con objeto de hacer frente a dos retos fundamentales: aumentar el empleo y la protección a las personas. “Es necesario mejorar la situación de las familias y estimular la demanda interna, reduciendo la factura de alimentos y energía, aumentar la cobertura de desempleo, que apenas alcanza a la mitad de los parados, y financiar una Renta Mínima garantizada para las 800.000 familias que no tienen ningún tipo de ingresos”, ha afirmado.

La reforma fiscal del Gobierno supondrá una reducción de ingresos públicos de entre 9.000 y 12.000 millones de euros entre 2015 y 2017, que necesariamente supondrán una mayor dificultad para financiar los servicios públicos más básicos (educación, sanidad, desempleo, inversión pública, etc.); y, adicionalmente, supondrán un importante obstáculo de cara a cumplir con los compromisos de déficit público, con lo que son previsibles nuevos recortes.

Esta reforma está orientada, asimismo, a disminuir los ingresos fiscales a todas las rentas, trabajo y capital -en mayor proporción a estas últimas- y afectar especialmente a los impuestos directos, precisamente los que gravan de forma progresiva la renta de sociedades y personas. Pretende justificar el gobierno todo ello con la idea de que la inyección monetaria que se derivará de esta reducción de tributación fiscal ayudará al incremento del consumo y a la recuperación económica.

Sin embargo, la propuesta de CCOO, aunque comparte el objetivo de inyectar mayor liquidez en la rentas de trabajadores y familias, lo hace de una forma muy diferente. Mientras el Gobierno materializa la inyección de liquidez, principalmente mediante el IRPF de modo que sólo beneficia a quien presenta declaración y en términos absolutos la mayor cuantía será para las rentas más altas, CCOO propone reducir el IVA en los productos de primera necesidad de las familias (alimentos, electricidad, gas, etc.) de forma que también se beneficien los trabajadores desempleados y las personas sin ingresos. Esta reducción fiscal dirigida a reducir el gasto de los hogares, se compensa con creces con los mayores ingresos derivados de la reducción de medidas legales de elusión fiscal hoy existentes, con la ampliación del número de personas que deben contribuir y una actuación decidida de lucha contra el fraude fiscal.

En cualquier caso, CCOO denuncia que el argumento de reducir el IRPF tiene un fin estrictamente electoralista y esconde en realidad una propuesta que incrementará la desigualdad en la obligación del pago de los impuestos, ya que el conjunto de medidas concentran la rebaja fiscal sobre todo en las rentas más altas y en las grandes empresas.

Toxo defendió ante el Gobierno del PP una reorientación profunda de la reforma fiscal proyectada, de modo que sirva como instrumento para avanzar en la resolución de los problemas reales de las personas y de la economía española: el desempleo, el aumento de la desigualdad, la falta de protección, y el reparto justo de las cargas de la crisis, junto a una política de estímulo a la economía y a la creación de empleo, son las prioridades. Entre ellas aumentar la cobertura del sistema de protección de desempleo, que durante la crisis se ha reducido en 23 puntos porcentuales, pasando del 80,8% en 2010 al actual 57,7%. Y, del mismo modo, se ha convertido en una situación de emergencia social los cerca de 800.000 hogares, donde viven 1,5 millones de personas, que no tienen ningún tipo de ingresos y para los que es urgente la puesta en marcha de un sistema de Rentas Mínimas Garantizadas.

Sindicatos exigen a Montoro cambios en el tratamiento de las indemnizaciones por despido
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