El pasado 20 de marzo, CCOO se dirigió a la CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía y Competitividad (integrantes a su vez del FROB), instando a estos organismos para que los informes de inspección del Banco de España y cualquier otra información relevante fueran remitidos a la Fiscalía General del Estado para que pudieran determinarse responsabilices civiles o penales de los administradores y gestores de las entidades intervenidas.
Así lo manifiesta el sindicato en un comunicado remitido a los medios donde reclama la creación de una Comisión Mixta de Investigación Congreso-Senado sobre el sector financiero –"la dimensión de los problemas trasciende al caso de Bankia"-, así como una "reestructuración eficiente, transparente y justa del sector, con la determinación de responsabilidades que corresponden en cada caso". Y añade que "CCOO saluda cualquier iniciativa que persiga y permita alcanzar esos fines".
CCOO quiere dejar claro que "asumirá las responsabilidades que correspondan, como deben hacer las instituciones que han nombrado representantes en el Consejo de Administración de Bankia o Banco Financiero y de Ahorros". No obstante, manifiestan su "confianza en la labor desarrollada por quienes a lo largo de los años han sido propuestos por CCOO, y en que esto quedará acreditado en el procedimiento iniciado".
En la depuración de responsabilidades -dice el sindicato- "hay que diferenciar la labor de los gestores y de los administradores, y debe alcanzar también a quienes han tenido un importante papel en el curso de los acontecimientos", como "los auditores que han avalado ante el Consejo de Administración las cuentas, balances y estados de situación de la entidad hasta, al menos, la salida a bolsa de Bankia. Los supervisores y reguladores que han acompañado e incidido directamente en la constitución del Banco Financiero y de Ahorros y en la integración de las siete entidades originarias, así como en la propia salida a bolsa de Bankia".
Se presupone que los gestores de la entidad han elaborado y proporcionado al Consejo de Administración la información utilizada para la adopción de decisiones. No obstante, CCOO advierte de emprenderá las acciones oportunas "en el caso de que se demuestre que las informaciones presentadas al Consejo de Administración no han sido veraces".
Asimismo, el sindicato confía que "el desarrollo del procedimiento judicial abierto aclare toda esta situación, fije, en su caso, las responsabilidades que procedan y facilite la resolución de los perjuicios causados por esta situación, tanto para los trabajadores de la entidad, como para los clientes de la misma que han visto negativamente afectados sus ahorros".
"Esperamos también que este procedimiento sea compatible con el curso de las reclamaciones civiles que se están poniendo en marcha por asociaciones de afectados para compensar económicamente a las personas que han podido verse sorprendidas en su buena fe y perjudicadas económicamente.
