Así, el Ejecutivo con una conducta en zig-zag, actualiza las pensiones y prorroga la ayuda de 400 euros a las personas en paro que hayan agotado su prestación-decisiones que saludamos-, pero a la vez, evita la recuperación del poder adquisitivo perdido por 6,2 millones de pensionistas en 2011, congela el SMI, congela las retribuciones de los empleados públicos, a los que también, en un gesto impropio de un responsable político por haberlo ocultado esta mañana en la reunión de la Mesa de la Función Pública, prolonga su jornada laboral, elimina la Renta Básica de Emancipación (RBE), y reduce un 20% las subvenciones a partidos y sindicatos. El Gobierno avanza algunos cambios en la política tributaria, muy lejos de la profunda reforma fiscal que necesita el país para alcanzar los recursos públicos necesarios.
En un primer comunicado CCOO valoraba esta mañana alguna de las medidas adoptadas y rechazaba otras. Después de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, CCOO reitera su opinión favorable sobre alguna de las medidas (incremento mínimo de las pensiones en 2012, prórroga de las ayudas de 400 euros, tímidos pasos en la fiscalidad), pero lamenta que el Ejecutivo haya elegido el camino más fácil: reducir gasto a costa de alguno de los colectivos más débiles -perceptores del SMI, jóvenes y empleadas y empleados públicos-. Todo ello, dando continuidad a las políticas de ajuste y austeridad para contener precipitadamente el déficit, ya practicadas por el Gobierno anterior, y cuyos resultados son contundentes: 5 millones de personas en paro, baja tasa de actividad, creciente precariedad, menos costes laborales, pérdida de derechos sociales y entrada inminente en una nueva recesión económica.
CCOO cree un gran error la eliminación de la RBE, cuyo objetivo es contribuir a la emancipación de los jóvenes facilitando el pago del alquiler de la vivienda, en un país como España con una edad de emancipación (30 años), muy alejada de la media europea (21 años), y que retrasará el desarrollo de los jóvenes como personas y como ciudadanos. Igualmente “se nos antoja radicalmente injusta la reducción de la subvención a los sindicatos en un 20%, cuando en realidad los sindicatos siguen sin recibir el reconocimiento institucional que se merecen como organizaciones esenciales de una sociedad democrática, tal y como señala la Constitución Española”.
