La intención del Generalitat de Catalunya de sellar un pacto fiscal con el Gobierno central ha suscitado dudas sobre en qué estado se encuentran actualmente las competencias del Gobierno catalán respecto a la gestión tributaria. Intentaremos arrojar un poco de luz sobre este tema.
Cataluña, tal y como reconoce su Estatuto de Autonomía en el artículo 202, dispone de “recursos financieros suficientes” para el “adecuado ejercicio de su autogobierno”, aunque no todos los recursos los obtiene por la misma vía ni tiene la misma autonomía sobre ellos. Existen dos grandes bloques: los impuestos, tasas y contribuciones propios de la comunidad y aquellos tributos estatales cedidos total o parcialmente a Cataluña.
En el caso de los impuestos sobre los que Cataluña tiene competencias plenas, la Generalitat canaliza su gestión, recaudación, liquidación e inspección a través de la Agencia Tributaria de Cataluña, creada en 2008, un modelo que también se ha implantado en Galicia y Andalucía. Esta Agencia gestiona, por tanto, los impuestos propios de la comunidad, pero el Estado sigue gestionando los tributos estatales recaudados en Cataluña, aunque sin perjuicio de que Hacienda delegue en la Generalitat la gestión de ciertos impuestos.
En el Estatuto también está contemplada la creación de un Consorcio Tributario Catalán, que permitiría trabajar conjuntamente al Estado y la Generalitat en la gestión de impuestos pero sin modificar las competencias que ambas administraciones tienen atribuidas en la actualidad. Lo que busca el pacto fiscal reclamado por el Ejecutivo de Artur Mas es lograr un modelo tributario similar al de País Vasco y Navarra, conocido como concierto, y que consiste en un sistema en el que es la propia comunidad autónoma la que recauda y gestiona todos los tributos de su ámbito territorial.
El choque entre Gobierno central y catalán se produce porque la Constitución Española solo reconoce, a través del respeto a los derechos históricos de los territorios forales, un modelo de concierto económico y fiscal para País Vasco y Navarra, pero no para el resto de comunidades, entre las que no se puede producir ningún tipo de discriminación en la gestión de los recursos económicos. La reivindicación catalana llega, además, en un momento en el que Cataluña tiene que afrontar un alto déficit, lastrado por su elevado endeudamiento.
Contesta Carlos Cruzado,
Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)
