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viernes 20/5/22

Caja Madrid cumple un año de conflictos jurídicos y peleas políticas

I.G.C.
A raíz del recurso de Gallardón por el reparto de consejeros cedidos por la Casa Real, la suspensión cautelar del proceso de renovación de los órganos de la entidad ordenada por el juez deja sin margen de maniobra a la Comisión Electoral donde es mayoría el sector aguirrista.
> Aguirre impone a Rajoy el sucesor de Blesa
NUEVATRIBUNA.ES 07.10.2009

Este mes de octubre se cumple un año desde que arrancara el proceso para la renovación de los órganos de dirección de Caja Madrid donde están representados impositores, empleados, Asamblea de Madrid, ayuntamientos y entidades representativas. Doce meses de conflicto legislativo, institucional y jurídico, y de batallas políticas como la que libran Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón.

Iniciado el proceso de elecciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid quiso cambiar las reglas del juego en pleno partido. Así, introdujo en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Regionales (última semana de diciembre de 2008) una serie de modificaciones a la Ley de Cajas de 2003 con el objetivo de adaptar la norma autonómica a la normativa estatal. Esa fue la explicación oficial, pero en la práctica, los cambios aprobados (IU votó en contra y el PSOE se abstuvo) respondían a las intenciones de Aguirre de ganar peso e impedir que Miguel Blesa se presentara a la reelección como presidente de la entidad.

Además, la reforma legal aumentaba el peso de la sociedad civil (Cámara de Comercio y Universidades privadas) frente al sector público y rebajaba la representación de los ayuntamientos, en particular del de Madrid que pasaba de tener del 70% al 30% de representación. La ley primaba asimismo a los grupos políticos con más votos en las corporaciones municipales (donde el PP de Madrid tiene una mayor presencia) vulnerando la asignación mínima que la anterior normativa otorgaba a cada formación política.

Las primeras críticas vinieron de Ruiz-Gallardón, quien mantuvo desde el principio que el proceso había comenzado antes de aprobarse la nueva ley por lo que tendría que regirse por la anterior normativa, en particular todas aquellas etapas del proceso electoral ya cerradas. Este es el caso del reparto de los 64 consejeros cedidos por la Casa Real que se remitió en octubre de 2008 antes de que la ley fuera aprobada en la Asamblea de Madrid, por lo que se tendría que haber respetado –mantiene el ayuntamiento- el anterior reparto. De ser así, la capital (que representa más del 50% de los depósitos de la Caja) pasaría de tener 36 a 45 consejeros.

Mientras se dilucidaba esto, a finales de marzo de 2009, el Gobierno de Rodríguez Zapatero presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Cajas de Aguirre que quedó inmediatamente suspendida. El Ejecutivo socialista sostenía en sus alegaciones que la nueva normativa vulneraba la estatal (LORCA, 2003) en la representación de las corporaciones locales y de impositores en la Asamblea General de Caja Madrid, dando así la razón al Ayuntamiento.

El recurso obligó a Aguirre a abordar una segunda reforma (19 de junio de 2009) que está vez sí contó con el apoyo de IU en la Asamblea de Madrid. Pocos días antes, la presidenta había llegado a un acuerdo con esta formación y Confia, la rama de banca de Comisiones Obreras. En dicho pacto no entraron ni UGT, ni el PSOE, ni CCOO de Madrid. La nueva ley, sin carácter retroactivo dio un nuevo impulso al proceso electoral con la Comisión de Control constituida en Comisión Electoral y aprobado el calendario.

Cuando Aguirre ya estaba acercando posiciones con el PSM de Tomás Gómez y fijada la fecha (el 9 de octubre) para recibir la lista de candidatos a consejeros por todas las partes, el Ayuntamiento impugnó el reparto de los consejeros cedidos por la Casa Real que le restaba 20 con respecto a la ley de 2003 alegando que se había comunicado antes de la aprobación legislativa por lo que tenía que aplicarse la anterior legislación vigente en ese momento.

El pasado viernes se conoció la decisión del juez de suspender cautelarmente el proceso electoral hasta resolver el recurso del Ayuntamiento, un auto que no fue notificado a la Comisión Electoral sino a la propia Caja y a sus servicios jurídicos.

Pues bien, la Comisión Electoral reunida este miércoles durante tres horas no resolvió el conflicto, limitándose a convocar otro encuentro dentro una semana para presentar propuestas. Lo que empiezan a plantear los aguirristas es que la suspensión sólo afecta a las corporaciones municipales y no al resto por lo que podría continuar el proceso electoral. Los contrarios, siguen manteniendo que Aguirre está vulnerando la propia ley que ella misma impulsó y aprobó al no tener ésta carácter retroactivo.

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