El objetivo de esta tasa es frenar la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costes de la crisis. El veto de Reino Unido ha hecho imposible un acuerdo a 27 y ha empujado a 11 países (entre los que están también Italia, Portugal, Grecia, Eslovenia, Austria, Bélgica, Estonia y Eslovaquia) a avanzar en solitario mediante una cooperación reforzada.
El Ejecutivo comunitario se ha marcado como objetivo que la tasa comience a aplicarse a principios de 2014. Para ello, se necesita un acuerdo unánime de los 11 participantes. Los Estados miembros que se han excluido del proyecto estarán en la mesa de negociación pero no tendrán voto.
Como ya preveía el plan original de Bruselas, la tasa gravará con un 0,1% las transacciones de todo tipo de instrumentos financieros -excepto los derivados, a los que se les aplicará un 0,01%- en las que esté implicada una institución financiera basada en uno de los 11 países participantes o que actúe en representación de un cliente basado en estos Estados.
Pero además, para evitar que las operaciones se deslocalicen a la City de Londres, el Ejecutivo comunitario propone añadir un segundo criterio, el lugar de emisión, según los borradores filtrados. Ello significa que la tasa se aplicará a los instrumentos financieros emitidos en la zona de cooperación reforzada, independientemente de dónde se negocien.
La propuesta original de Bruselas para el conjunto de la UE preveía una recaudación de 55.000 millones de euros al año. Pero tampoco había acuerdo sobre el uso del dinero. Mientras que el Ejecutivo comunitario defiende que dos tercios vayan a financiar el presupuesto comunitario, la mayoría de Estados miembros quiere que los fondos engrosen las arcas nacionales.
