"España tiene margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal desplazando los ingresos hacia los impuestos que crean menos distorsiones, como los que gravan el consumo (en particular el IVA)"
La Comisión Europea ha recomendado a España que rebaje las cotizaciones sociales y compense la pérdida de ingresos con un aumento del IVA y que acelere el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.
"España tiene margen de maniobra para mejorar la eficacia del sistema fiscal desplazando los ingresos hacia los impuestos que crean menos distorsiones, como los que gravan el consumo (en particular el IVA)", señala el informe elaborado por el Ejecutivo comunitario.
El aumento del IVA, sugiere Bruselas, podría lograrse suprimiendo gran parte de los tipos reducidos (8%) y superreducidos (4%) que se aplican a algunos productos. Los ingresos por IVA de España ascendieron al 5,5% del PIB en 2010, el porcentaje más bajo de toda la UE. Y el tipo normal del impuesto (18%) está entre los más bajos de los Estados miembros, según destaca la Comisión.
"Debido a la amplia aplicación del tipo reducido y el superreducido y a la cantidad de exenciones, el ingreso real por IVA alcanzó únicamente el 42% del nivel teóricamente posible", denuncia el Ejecutivo comunitario, que también lamenta la "falta de eficacia de las medidas para reducir el nivel de evasión del IVA".
Por lo que se refiere a las pensiones, la Comisión cree que la reforma aprobada en 2011 que retrasa la edad de jubilación a los 67 años y amplía en 10 años el periodo para calcular el importe de la pensión, y que se aplica progresivamente hasta 2027, es un "paso importante" pero no suficiente.
"Para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, el Gobierno debe garantizar suficientes superávits primarios a medio plazo, acelerar el incremento gradual previsto en la edad de jubilación y llevar a cabo una actualización anticipada del factor de sostenibilidad previsto en el sistema de pensiones reformado" para ajustarlo a los cambios en la esperanza de vida, reclama Bruselas.
Bruselas considera insuficiente la reforma laboral
La Comisión Europea ha tachado de insuficiente la reforma laboral aprobada en febrero por el Gobierno por considerar que el coste del despido en los contratos fijos sigue siendo demasiado alto en comparación con los temporales, lo que mantiene la segmentación del mercado de trabajo. El Ejecutivo comunitario ha pedido además que se suprima la cláusula de revisión salarial automática en los convenios colectivos.
"La reforma de la negociación colectiva aprobada por el Gobierno en febrero de 2012 es un paso en la dirección reclamada" por la UE. "No obstante, no está claro si es bastante suficiente para afrontar los desafíos", señala el análisis de Bruselas sobre las reformas españolas.
El Ejecutivo comunitario pide al Gobierno español vigilar la aplicación de la reforma para verificar si los interlocutores sociales aprovechan las oportunidades de ajustar salarios y condiciones de trabajo. También reclama "revisitar las cláusulas automáticas 'ex post' de revisión salarial en los convenios colectivos, que el reciente acuerdo entre los interlocutores sociales se limita a congelar para el periodo 2012-2014". Bruselas ve "excesivo" el periodo de dos años de ultraactividad para los convenios y expresa sus dudas por el sistema de arbitraje previsto en la reforma en caso de desacuerdo.
En cuanto al resto de la reforma laboral, la Comisión cree que existe el "riesgo" de que las empresas usen el nuevo contrato con un periodo de prueba de un año como un "contrato temporal de facto con cero coste de despido", lo que socavaría los objetivos de la reforma.
"Finalmente, el coste de despedir a un trabajador con contrato fijo sigue siendo alto en comparación con el de un contrato temporal", lamenta el Ejecutivo comunitario. Asimismo, la reforma "confía demasiado en incentivos fiscales para la creación de empleo que demostraron ser ineficaces en el pasado".
Por lo que se refiere al sistema formativo, la Comisión denuncia que "España todavía carece de una estrategia global de educación y formación, incluyendo un plan completo de formación continua" adaptado a las necesidades de los sectores económicos emergentes.
Mayor control del gasto de las comunidades autónomas
La Comisión Europea también ha dicho que la ley de estabilidad presupuestaria presentada por el Gobierno es un "paso positivo" pero insuficiente para controlar el gasto de las comunidades autónomas, a las que atribuye la responsabilidad de los desvíos en materia de déficit público de España en 2011. "La ley es un paso positivo, ya que obliga no sólo al parlamento nacional, pero también a los parlamentos regionales, a respetar la estabilidad presupuestaria", explica.
"No obstante, la ley prevé un periodo de transición muy largo, hasta 2020. Es más, las partes preventiva, correctiva y coercitiva del nuevo marco presupuestario incluyen plazos relativamente largos y podrían ser insuficientes para garantizar una corrección a tiempo de desviaciones presupuestarias", resalta el Ejecutivo comunitario. Bruselas también critica que la ley no prevé la creación de una oficina presupuestaria "independiente".
Critica la subida del IRPF y pide eliminar deducción por vivienda
La Comisión critica asimismo la subida del IRPF por considerar que va "en la dirección contraria" a las recomendaciones de la UE y ha reclamado la supresión de la deducción por vivienda que ha reintroducido el PP, recordando que contribuyó a crear la burbuja inmobiliaria.
Hacienda analizará cualquier propuesta de Bruselas sobre déficit
La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha asegurado que analizará cualquier propuesta que realice la Comisión Europea sobre los objetivos de déficit y cumplirá el objetivo que le marquen.
"Tenemos un compromiso absoluto", ha señalado Currás en declaraciones a los medios tras su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Senado, donde ha recordado que España está en la UE porque quiere y porque le conviene.
Además, cree que el Estado no tendría ninguna legitimidad para exigir a las comunidades que cumplan si se convierte en el primer incumplidor. "Con esa perspectiva reaccionaremos y analizaremos las recomendaciones de la UE", ha dicho.
Sin embargo, la secretaria de Estado no ha querido decir si el Gobierno estaría dispuesto a paralizar alguna de las medidas puestas ya en marcha o a relajar los objetivos marcados a las comunidades en el caso en el que Bruselas relajara el objetivo global de déficit. "Sería una irresponsabilidad (decirlo)", ha argumentado.
