martes. 19.03.2024
AGRAVAN LA CRISIS SOCIAL, ECONÓMICA E INSTITUCIONAL

Amaiur rechaza unas cuentas que no contribuyen a la resolución del "conflicto político" del País Vasco

El portavoz de la formación abertzale Rafael Larreina subraya que el origen de la crisis está tanto en la burbuja inmobiliaria como en la "burbuja institucional".

Amaiur ha justificado este miércoles su enmienda de totalidad contra el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2012 alegando que no contribuyen a la resolución del "conflicto político" del País Vasco y además argumentando que son unas cuentas que agravarán las crisis social, económica e institucional.

En la segunda jornada de debate de los presupuestos en el Congreso, el portavoz económico de Amaiur, Rafael Larreina, ha subrayado que el origen de la crisis está tanto en la burbuja inmobiliaria como en la "burbuja institucional, fruto de una Transición inacabada que no ha sabido dar una respuesta democrática, respetuosa de la voluntad de la ciudadanía, a la realidad de las naciones sin estado que se encuentran dentro del actual estado español".

Sin embargo, en los presupuestos el Gobierno no propicia "acomodo" para los problemas del País Vasco, que "ha demostrado una mayor eficiencia económica y social" frente a un modelo institucional que "no funciona, que es generador de gasto inútil de ineficacia económica y social y, en demasiados casos, de corrupción".

Tampoco se recogen en estas cuentas "compromisos explícitos de contribución a la nueva etapa política de resolución del conflicto político" y para "avanzar en la reconciliación, reconocer, compensar y asistir a todas las víctimas; reconocer el dolor causado y ayudar a sanar las heridas personales y sociales", según se recogía en la declaración de Aiete.

Ha defendido el derecho a decidir de los vascos para transformar el actual modelo socioeconómico con el que, dice, no se sienten identificados

Por eso, ha defendido el "derecho a decidir" de los vascos para "transformar el actual modelo socioeconómico" con el que, dice, no se sienten "identificados". "Nos reafirmamos en la necesidad de que Euskal Herria ejerza su plena soberanía, tenga en sus manos todos los instrumentos de autogobierno necesarios para dar respuesta eficaz en clave social a los problemas y necesidades de la ciudadanía vasca y, también, para impulsar un nuevo modelo socioeconómico que nos permita construir una sociedad justa", ha insistido.

PROFUNDIZA LA CRISIS

A renglón seguido, el diputado vasco ha continuado criticando que la propuesta del Gobierno "no da respuesta a la crisis económica sino que profundiza en ella y tiene una dirección ideológica clara: desmantelar el estado de bienestar e impulsar un modelo liberal ultraconservador".

Así, ha criticado que con estas cuentas "no se apoya la economía productiva sino la especulativa" y que protege a la banca o las finanzas, que "han tenido una gran responsabilidad en el origen y el desarrollo de la crisis", antes que a las personas. Además, "imposibilitan la puesta en marcha de otro modelo económico y social alternativo", ha dicho Larreina.

AUSTERIDAD SÍ, PERO MÁS DESPACIO

"Ayer nos preguntaba si estábamos de acuerdo en que hay que reducir el déficit y hacer recortes. Nosotros lo estamos, es una variable que ha estado totalmente desmadrada. El problema es a qué ritmo y a cuenta de quién. También estamos de acuerdo con los recortes y la austeridad, pero lo importante es qué se va a recortar y quién sufre la austeridad. Y ahí es donde planteamos la total discrepancia con el planteamiento del Gobierno", ha dicho el diputado al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Larreina ha advertido en este punto de que "cuando se habla de reducir el déficit del 8,5% al 3% se oculta que reducir en esos datos porcentuales supone un recorte real del 12% ya que, por cada cien euros que se disminuye el gasto, bajan en 60 euros los ingresos fiscales, con lo que el recorte real puede equivaler a 120.000 millones de euros, que es una cifra económica y socialmente inasumible", provocando que el paro escale hasta los siete millones.

También ha reprochado que estos presupuestos "impulsan el desmantelamiento del sector público en favor de la privatización", acercando la posibilidad de "convertir al estado español en un estado económica y socialmente fallido", mientras se aprueban reformas que "debilitan el carácter de estado social de derecho" del país y se propone medidas fiscales que "constituyen una apología del fraude al establecer una especie de amnistía fiscal disfrazada de regularización".

Amaiur rechaza unas cuentas que no contribuyen a la resolución del "conflicto político"...