nuevatribuna.es
16 de marzo de 2009, 18:29
NUEVATRIBUNA.ES / I.G.C. - 16.03.2009
Esperanza Aguirre se está metiendo en un barrizal de consecuencias insospechadas. La presidenta de la Comunidad infravaloró en extremo la correlación de fuerzas en Caja Madrid y puede que los acontecimientos le obliguen a hacer una rectificación en toda regla.
El detonante de la guerra desatada en el seno de la entidad financiera cuyo escenario más mediático sigue siendo el enfrentamiento entre la lideresa y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón ha sido la nueva ley de cajas aprobada por el Ejecutivo del PP. Dicha reforma legal resta peso al ayuntamiento de Madrid e incrementa la participación de las entidades privadas (universidades y Cámara de Comercio de Madrid) en detrimento de otros sectores. En definitiva, es una ley hecha ad hoc para impedir la reelección de Miguel Blesa pero también, y más importante aún, para incrementar el peso de la comunidad y de la potencial base social que nutre al PP de Madrid.
Gallardón anunció la semana pasada que llevará al Gobierno regional a los tribunales por esta ley que reduce significativamente la representación del ayuntamiento de la capital en los órganos de la Caja. El Tribunal Superior de Justicia anunciaba este mismo lunes la suspensión cautelar de las enmiendas hechas por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, a los Estatutos. Si así fuera, el documento no podrá ser votado en la Asamblea General convocada para el próximo lunes.
Además, los Estatutos también han sido rechazados en el Consejo de Administración convocado por Miguel Blesa. Con 13 votos en contra, otros cuatro que no han participado en la votación y los únicos 4 votos a favor de los aguirristas, que han vuelto a quedarse solos en la defensa de sus tesis que no son otras que aplicar la nueva legislación al proceso electoral en curso que arrancó mucho antes de ser aprobada la ley en la Asamblea General.
La torpeza de Pablo Abejas al tener que desconvocar en cuestión de horas a la Comisión de Control, de la que aún se siente presidente apoyado como está por el Gobierno de Aguirre y sin aceptar que Fernando Serrano fue elegido para sustituirle, cargo que está inscrito tanto en el Banco de España como el Registro Mercantil, ha sido otro de los varapalos sufridos en un solo día por el Gobierno de Madrid.
Por si esto fuera poco, el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se ha comprometido �tras un
encuentro con representantes de CCOO- a estudiar la convulsa situación por la que pasa Caja Madrid.
Esperanza Aguirre se está metiendo en un barrizal de consecuencias insospechadas. La presidenta de la Comunidad infravaloró en extremo la correlación de fuerzas en Caja Madrid y puede que los acontecimientos le obliguen a hacer una rectificación en toda regla.
El detonante de la guerra desatada en el seno de la entidad financiera cuyo escenario más mediático sigue siendo el enfrentamiento entre la lideresa y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón ha sido la nueva ley de cajas aprobada por el Ejecutivo del PP. Dicha reforma legal resta peso al ayuntamiento de Madrid e incrementa la participación de las entidades privadas (universidades y Cámara de Comercio de Madrid) en detrimento de otros sectores. En definitiva, es una ley hecha ad hoc para impedir la reelección de Miguel Blesa pero también, y más importante aún, para incrementar el peso de la comunidad y de la potencial base social que nutre al PP de Madrid.
Gallardón anunció la semana pasada que llevará al Gobierno regional a los tribunales por esta ley que reduce significativamente la representación del ayuntamiento de la capital en los órganos de la Caja. El Tribunal Superior de Justicia anunciaba este mismo lunes la suspensión cautelar de las enmiendas hechas por el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, a los Estatutos. Si así fuera, el documento no podrá ser votado en la Asamblea General convocada para el próximo lunes.
Además, los Estatutos también han sido rechazados en el Consejo de Administración convocado por Miguel Blesa. Con 13 votos en contra, otros cuatro que no han participado en la votación y los únicos 4 votos a favor de los aguirristas, que han vuelto a quedarse solos en la defensa de sus tesis que no son otras que aplicar la nueva legislación al proceso electoral en curso que arrancó mucho antes de ser aprobada la ley en la Asamblea General.
La torpeza de Pablo Abejas al tener que desconvocar en cuestión de horas a la Comisión de Control, de la que aún se siente presidente apoyado como está por el Gobierno de Aguirre y sin aceptar que Fernando Serrano fue elegido para sustituirle, cargo que está inscrito tanto en el Banco de España como el Registro Mercantil, ha sido otro de los varapalos sufridos en un solo día por el Gobierno de Madrid.
Por si esto fuera poco, el defensor del Pueblo, Enrique Múgica, se ha comprometido �tras un
encuentro con representantes de CCOO- a estudiar la convulsa situación por la que pasa Caja Madrid.
