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8 de mayo de 2009, 14:47
NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 7.5.2009
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó hoy un nuevo anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros, que será tramitado por vía de urgencia, en el que se modifican algunos de los puntos más polémicos de la ley autonómica anterior, como es el límite previsto a la representación del Ayuntamiento de Madrid en la asamblea de Caja Madrid, y despeja, a juicio del Ejecutivo regional, las dudas de inconstitucionalidad.
"Todos los aspectos controvertidos se derogan y se sustituyen estrictamente por la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA)", indica el Gobierno autonómico.
Así, según informó hoy en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Ignacio González, el nuevo texto legal anula la limitación al 30 por ciento de la representatividad de los ayuntamientos, cancela las dos circunscripciones en las que se dividía la región (capital y resto) y simplifica los requisitos para ser consejero general por el sector de los impositores y las corporaciones municipales.
ZAPATERO RECURRIÓ LA LEY
Ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central el pasado 30 de marzo, y pese a que el equipo de Esperanza Aguirre sigue pensando que la anterior legislación aprobada en la Asamblea de Madrid "es plenamente constitucional", ahora se presenta este nuevo anteproyecto que suprime los principales puntos que causaron polémica con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; es decir, el relativo a la limitación al 30 por ciento de los representantes que el Ayuntamiento podía tener en la Asamblea de la entidad.
Ahora, "se quita la limitación a la representatividad de los ayuntamientos, que será directamente en relación a los depósitos y sin corrección de la proporcionalidad, por lo que los consistorios y las comunidades autónomas tendrán la representación que les corresponda en función de los depósitos que tengan donde la caja tenga sucursales".
Asimismo, no se establecerán límites para el número de representantes de las corporaciones municipales, y se sustituirán las dos circunscripciones -Madrid y el resto de comunidades autónomas- por tantas circunscripciones como comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía en las que tenga implantación la Caja.
Además, González añadió que "se simplificarán los requisitos para ser consejero general por los impositores, limitando a 180 euros el saldo medio y a diez los movimientos semestrales, frente a los 600 euros y los 50 movimientos de antes, y se simplifican todos los requisitos establecidos en la anterior Ley".
PROCESO ELECTORAL
Por otra parte, el nuevo texto aclara que la normativa será aplicable al actual proceso electoral, en el que los "gallardonistas" pugnan por renovar al actual presidente, Miguel Blesa, aunque el tiempo máximo de su mandato ha sido agotado. Así, se incorpora la regulación de un calendario electoral que mantiene en su integridad la designación y el número de representantes por Entidades Representativas para las elecciones de 2009.
Y es que este año finaliza el mandato de los actuales consejeros generales por los sectores de las corporaciones municipales, entidades representativas y Asamblea de Madrid, lo que generó grandes tensiones en las últimas sesiones de la Asamblea general y de otros órganos de gobierno de la cuarta entidad financiera del país, como en la Comisión de Control.
"Este anteproyecto de ley se adapta directamente a la LORCA y, con esto, pretendemos que se garantice la aplicación cuanto antes de la Ley de Cajas, que se proceda a llevar adelante el proceso electoral en los plazos que establece la LORCA y que se actúe con toda la legitimidad de acuerdo a previsiones de la legislación básica de cajas y a la nueva ley", justificó González.
Es decir, que pese a que el Ejecutivo autonómico cree que su anterior legislación es "plenamente constitucional porque prácticamente la totalidad de las cosas que recoge son exactamente iguales a las de otras muchas leyes de cajas de otras comunidades autónomas, se pretende evitar la conflictividad para que se pueda generar un marco legal de tranquilidad en el que se proceda a cumplir con los plazos establecidos en la legislación a efectos de la renovación de los órganos de gobierno de la caja, que es lo que toca".
"A partir de ahí, se podrá proceder a renovar los sectores que corresponda que, una vez tengan sus representantes, elegirán a los órganos de gobierno de la caja, en un proceso normal de tranquilidad y cumpliendo las especificaciones y los plazos que marca la ley: que cada seis años se renuevan los sectores, que doce años es el tiempo máximo para ser consejero y que a partir de ahí sólo puede haber mandatos extraordinarios", apostilló el vicepresidente.
FUTURO DEL PROYECTO
Ahora, el anteproyecto de ley se tramitará por la vía de urgencia para ajustarse "a los plazos previstos por la legislación básica, de cara a poner en marcha el proceso de renovación electoral", por lo que primero será remitido al Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, ya como proyecto, se elevará a la Asamblea de Madrid para su debate, donde será tramitado por vía de urgencia.
Una vez finalizado este proceso, la propia Caja Madrid deberá adaptar sus Estatutos y Reglamento Electoral a la nueva legislación regional para renovar sus órganos de gobierno.
Según González, el anteproyecto "despeja cualquier duda sobre la inconstitucionalidad puesto que todos los aspectos controvertidos se derogan y se sustituyen estrictamente por la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA)", en concreto los dos que fueron cuestionados por el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado en un informe que llevó al Gobierno de la Nación a recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
"Hemos considerado que es necesario evitar cualquier tipo de litigio en este sentido, por lo que hemos decidido aceptar en todos sus términos las razones que motivaron la interposición del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, por lo que el texto aprobado hoy recoge todas y cada una de las argumentaciones que se contenían en ese recurso y adapta la LORCA a nuestra comunidad, prácticamente reproduciéndola en todos sus términos", puntualizó.
El objetivo de promover esta reforma es "reforzar el principio de seguridad jurídica en un contexto económico que exige de los poderes públicos actuar con la máxima responsabilidad en la salvaguarda de los intereses generales".
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó hoy un nuevo anteproyecto de Ley de Cajas de Ahorros, que será tramitado por vía de urgencia, en el que se modifican algunos de los puntos más polémicos de la ley autonómica anterior, como es el límite previsto a la representación del Ayuntamiento de Madrid en la asamblea de Caja Madrid, y despeja, a juicio del Ejecutivo regional, las dudas de inconstitucionalidad.
"Todos los aspectos controvertidos se derogan y se sustituyen estrictamente por la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA)", indica el Gobierno autonómico.
Así, según informó hoy en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Ignacio González, el nuevo texto legal anula la limitación al 30 por ciento de la representatividad de los ayuntamientos, cancela las dos circunscripciones en las que se dividía la región (capital y resto) y simplifica los requisitos para ser consejero general por el sector de los impositores y las corporaciones municipales.
ZAPATERO RECURRIÓ LA LEY
Ante el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central el pasado 30 de marzo, y pese a que el equipo de Esperanza Aguirre sigue pensando que la anterior legislación aprobada en la Asamblea de Madrid "es plenamente constitucional", ahora se presenta este nuevo anteproyecto que suprime los principales puntos que causaron polémica con el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; es decir, el relativo a la limitación al 30 por ciento de los representantes que el Ayuntamiento podía tener en la Asamblea de la entidad.
Ahora, "se quita la limitación a la representatividad de los ayuntamientos, que será directamente en relación a los depósitos y sin corrección de la proporcionalidad, por lo que los consistorios y las comunidades autónomas tendrán la representación que les corresponda en función de los depósitos que tengan donde la caja tenga sucursales".
Asimismo, no se establecerán límites para el número de representantes de las corporaciones municipales, y se sustituirán las dos circunscripciones -Madrid y el resto de comunidades autónomas- por tantas circunscripciones como comunidades autónomas o ciudades con Estatuto de Autonomía en las que tenga implantación la Caja.
Además, González añadió que "se simplificarán los requisitos para ser consejero general por los impositores, limitando a 180 euros el saldo medio y a diez los movimientos semestrales, frente a los 600 euros y los 50 movimientos de antes, y se simplifican todos los requisitos establecidos en la anterior Ley".
PROCESO ELECTORAL
Por otra parte, el nuevo texto aclara que la normativa será aplicable al actual proceso electoral, en el que los "gallardonistas" pugnan por renovar al actual presidente, Miguel Blesa, aunque el tiempo máximo de su mandato ha sido agotado. Así, se incorpora la regulación de un calendario electoral que mantiene en su integridad la designación y el número de representantes por Entidades Representativas para las elecciones de 2009.
Y es que este año finaliza el mandato de los actuales consejeros generales por los sectores de las corporaciones municipales, entidades representativas y Asamblea de Madrid, lo que generó grandes tensiones en las últimas sesiones de la Asamblea general y de otros órganos de gobierno de la cuarta entidad financiera del país, como en la Comisión de Control.
"Este anteproyecto de ley se adapta directamente a la LORCA y, con esto, pretendemos que se garantice la aplicación cuanto antes de la Ley de Cajas, que se proceda a llevar adelante el proceso electoral en los plazos que establece la LORCA y que se actúe con toda la legitimidad de acuerdo a previsiones de la legislación básica de cajas y a la nueva ley", justificó González.
Es decir, que pese a que el Ejecutivo autonómico cree que su anterior legislación es "plenamente constitucional porque prácticamente la totalidad de las cosas que recoge son exactamente iguales a las de otras muchas leyes de cajas de otras comunidades autónomas, se pretende evitar la conflictividad para que se pueda generar un marco legal de tranquilidad en el que se proceda a cumplir con los plazos establecidos en la legislación a efectos de la renovación de los órganos de gobierno de la caja, que es lo que toca".
"A partir de ahí, se podrá proceder a renovar los sectores que corresponda que, una vez tengan sus representantes, elegirán a los órganos de gobierno de la caja, en un proceso normal de tranquilidad y cumpliendo las especificaciones y los plazos que marca la ley: que cada seis años se renuevan los sectores, que doce años es el tiempo máximo para ser consejero y que a partir de ahí sólo puede haber mandatos extraordinarios", apostilló el vicepresidente.
FUTURO DEL PROYECTO
Ahora, el anteproyecto de ley se tramitará por la vía de urgencia para ajustarse "a los plazos previstos por la legislación básica, de cara a poner en marcha el proceso de renovación electoral", por lo que primero será remitido al Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid y, posteriormente, ya como proyecto, se elevará a la Asamblea de Madrid para su debate, donde será tramitado por vía de urgencia.
Una vez finalizado este proceso, la propia Caja Madrid deberá adaptar sus Estatutos y Reglamento Electoral a la nueva legislación regional para renovar sus órganos de gobierno.
Según González, el anteproyecto "despeja cualquier duda sobre la inconstitucionalidad puesto que todos los aspectos controvertidos se derogan y se sustituyen estrictamente por la Ley de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA)", en concreto los dos que fueron cuestionados por el Consejo de Estado y la Abogacía del Estado en un informe que llevó al Gobierno de la Nación a recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
"Hemos considerado que es necesario evitar cualquier tipo de litigio en este sentido, por lo que hemos decidido aceptar en todos sus términos las razones que motivaron la interposición del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno, por lo que el texto aprobado hoy recoge todas y cada una de las argumentaciones que se contenían en ese recurso y adapta la LORCA a nuestra comunidad, prácticamente reproduciéndola en todos sus términos", puntualizó.
El objetivo de promover esta reforma es "reforzar el principio de seguridad jurídica en un contexto económico que exige de los poderes públicos actuar con la máxima responsabilidad en la salvaguarda de los intereses generales".
