La ATC necesitaría aumentar su plantilla en más de 4000 miembros para asumir las competencias de los impuestos estatales
Por mucho que el pasado lunes tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como el vicepresidente económico, Oriol Junqueras, se empeñaran en anunciar a bombo y platillo que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) ya estaría preparada para gestionar todos los tributos, al presentar su despliegue territorial y competencial, lo cierto es que ésta necesitaría aumentar su plantilla en más de 4000 miembros para asumir las competencias de los impuestos estatales bajo el hipotético caso de que se consumara la independencia. Pero hay que tener en cuenta, al margen de que la ruptura ahuyentaría a un buen número de funcionarios sin arraigo catalán y sin ideología independentista, que tal masa de incorporaciones no podría realizarse de la noche a la mañana, ni de un día para otro. Por otra parte, y más allá de la falta de recursos materiales que sufriría, la gestión del IRPF, IVA y Sociedades requiere de una experiencia y de una base de datos de las que, actualmente, carece la ATC. En definitiva, las pretensiones del Govern se antojan como un deseo, más que como una realidad.
Y es que no hay un verdadero aumento de plantilla con los 220 empleados procedentes de los registros de la propiedad que continuarán realizando la gestión que ahora ha recuperado la ATC del impuesto de Transmisiones patrimoniales y del de Sucesiones y Donaciones, como ya lo vienen gestionando directamente las administraciones tributarias de otras comunidades autónomas, como Andalucía, Baleares, Asturias o Canarias. Sin embargo, con el despliegue de 32 oficinas, la Generalitat apuesta claramente por la descentralización, al contrario que la Agencia Estatal. Y esta descentralización, debido a la mayor proximidad al ciudadano y al mejor conocimiento de los hechos imponibles, podría suponer una ventaja a la hora de gestionar con efectividad los tributos.
Finalmente, pese a que desde el Govern aseguren encontrarse listos para gestionar todos los impuestos de manera independiente a partir del próximo 1 de octubre, el Gobierno de España presentará un recurso de inconstitucionalidad frente a cualquier norma que altere el marco vigente, por lo que el Tribunal Constitucional suspenderá la misma.
Por ello, la ‘puesta de largo’ de la Agencia catalana del pasado lunes solo fue eso, una puesta en escena de cara a la galería, pues para ser totalmente competente le quedan muchos pasos que dar. Pasos que no son sencillos y que, además, pueden tener consecuencias judiciales si se llevan adelante en estos convulsos momentos entre las relaciones con el Estado central. Habrá que esperar al 1 de octubre para ver si toda esta polémica se acaba o, por el contrario, se recrudece.
Contesta Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)