nuevatribuna.es
17 de septiembre de 2009, 10:05
NUEVATRIBUNA.ES - 15.09.2009
Activa, la asociación de afectados por el llamado ‘corralito de Botín, la operación que mantiene ‘congelados’ desde marzo los ahorros de 42.000 partícipes, acusó hoy al Santander de tramar una operación por la cual “el banco ocultó durante más de dos años” su decisión de “cerrar y liquidar” el fondo Banif Inmobiliario. Según los partícipes, el banco que preside Emilio Botín inició en 2007 una labor para extender “discretamente” el certificado de defunción del que llegó a ser el mayor fondo español de inversión inmobiliaria. Dos años después --“como todos los negocios, en cierto modo, piramidales”, añaden-- el fondo acabó sin liquidez.
Por otro lado, el presidente de la asociación, el abogado madrileño Juan Manuel Moreno-Luque, anunció hoy que emprenderá medidas legales contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, por su “complicidad” al aprobar el expediente que permitió a Santander congelar en marzo el fondo.
Moreno-Luque acusa al presidente de la CNMV de “mirar para otro lado” y de resover “de un plumazo” el expediente administrativo que posibilitó el “cierre” del fondo.
UN NEGOCIO, EN PARTE, PIRAMIDAL
Activa, la asociación que celebró esta semana su primera Asamblea, acusó asimismo al Banco de Santander de “confundir a la opinión pública” respecto a las causas que llevaron al “cierre” del fondo.
En febrero, el Banco de Santander anunció la suspensión del fondo por no poder atender las solicitudes de reembolso de miles de partícipes, que intentaron sin éxito retirar un 80 por ciento del patrimonio del fondo, en torno a 3.400 millones de euros en ese momento.
Sin embargo, pocos meses antes, el Banco de Santander dio salida a “sus clientes preferenciales”, dijo hoy Activa, en referencia a los clientes que abandonaron en octubre el fondo y sobre los que pesa la sospecha de que manejaron “información privilegiada”, según sostiene otra asociación de afectados, Adicae.
Entre la salida de estos “clientes preferenciales” y la estampida posterior, media la polémica retasación de inmuebles que solicitó en diciembre el Santander.
En diciembre de 2008, la CNMV dio permiso a la gestora del Santander para llevar a cabo una retasación que pretendría “adecuar” el valor de sus inmuebles, afectados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
A consecuencia de la retasación, el valor patrimonial del fondo cayó de golpe un 7,5 por ciento, hasta los 3.150 millones de euros.
Cuando se publicó la magnitud de la caída, miles de personas intentaron abandonar sin éxito la inversión. Entonces, Santander abortó la salida masiva y pidió la suspensión de reembolsos, alegando que carecía de tesorería para atender la fuga de un 80 por ciento del total de su patrimonio.
Activa, la asociación de afectados por el llamado ‘corralito de Botín’, comunicó hoy que emprenderá medidas legales contra el presidente de la CNMV, Julio Segura, y cargó contra el papel jugado por el supervisor financiero en la suspensión de reembolsos.
Según el presidente de la asociación, Juan Manuel Moreno-Luque, la CNMV “batió el record Guinness” en la resolución del expediente administrativo que implicó la suspensión de los reembolsos. “En un único día, se presenta la solicitud de suspensión, se estudia, se subsana, se vuelve a analizar, y una vez rectificada, se despacha por el presidente de la CNMV, Julio Segura”, añade.
UN PLAN OCULTO DOS AÑOS
Asimismo, la asociación de afectados explicó hoy que “el Banco de Santander ocultó más de dos años su decisión de cerrar y liquidar el fondo”. A su juicio, “en enero de 2007 cesó la comercialización activa del fondo y se empezó a escribir, más que discretamente, su certificado de defunción”.
Según un informe elaborado por expertos y encargado por esta asociación, “la realidad fue que el Santander ejecutó el cierre y liquidación del fondo porque no podía mantener por más tiempo el artificio de un fondo exitoso y a pleno rendimiento, una vez que puso a salvo sus ingentes comisiones, 843 millones de euros, a sus clientes preferenciales y al presidente de la gestora, el señor Matías Rodríguez Inciarte, máximo responsable de tal estrategia.”
Finalmente, añaden que “el Santander sabía a finales de 2006 que es imposible mantener un modelo de negocio en el que la gestora y el depositario se apropian de todos los ingresos reales (ingresos por alquileres e ingresos financieros), y deja a los partícipes los ingresos virtuales (plusvalías latentes)”. Según Activa, este modelo “sólo se puede mantener en el escenario de una burbuja especulativa y, antes o después, se produce el colapso.”
Activa, la asociación de afectados por el llamado ‘corralito de Botín, la operación que mantiene ‘congelados’ desde marzo los ahorros de 42.000 partícipes, acusó hoy al Santander de tramar una operación por la cual “el banco ocultó durante más de dos años” su decisión de “cerrar y liquidar” el fondo Banif Inmobiliario. Según los partícipes, el banco que preside Emilio Botín inició en 2007 una labor para extender “discretamente” el certificado de defunción del que llegó a ser el mayor fondo español de inversión inmobiliaria. Dos años después --“como todos los negocios, en cierto modo, piramidales”, añaden-- el fondo acabó sin liquidez.
Por otro lado, el presidente de la asociación, el abogado madrileño Juan Manuel Moreno-Luque, anunció hoy que emprenderá medidas legales contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, por su “complicidad” al aprobar el expediente que permitió a Santander congelar en marzo el fondo.
Moreno-Luque acusa al presidente de la CNMV de “mirar para otro lado” y de resover “de un plumazo” el expediente administrativo que posibilitó el “cierre” del fondo.
UN NEGOCIO, EN PARTE, PIRAMIDAL
Activa, la asociación que celebró esta semana su primera Asamblea, acusó asimismo al Banco de Santander de “confundir a la opinión pública” respecto a las causas que llevaron al “cierre” del fondo.
En febrero, el Banco de Santander anunció la suspensión del fondo por no poder atender las solicitudes de reembolso de miles de partícipes, que intentaron sin éxito retirar un 80 por ciento del patrimonio del fondo, en torno a 3.400 millones de euros en ese momento.
Sin embargo, pocos meses antes, el Banco de Santander dio salida a “sus clientes preferenciales”, dijo hoy Activa, en referencia a los clientes que abandonaron en octubre el fondo y sobre los que pesa la sospecha de que manejaron “información privilegiada”, según sostiene otra asociación de afectados, Adicae.
Entre la salida de estos “clientes preferenciales” y la estampida posterior, media la polémica retasación de inmuebles que solicitó en diciembre el Santander.
En diciembre de 2008, la CNMV dio permiso a la gestora del Santander para llevar a cabo una retasación que pretendría “adecuar” el valor de sus inmuebles, afectados por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
A consecuencia de la retasación, el valor patrimonial del fondo cayó de golpe un 7,5 por ciento, hasta los 3.150 millones de euros.
Cuando se publicó la magnitud de la caída, miles de personas intentaron abandonar sin éxito la inversión. Entonces, Santander abortó la salida masiva y pidió la suspensión de reembolsos, alegando que carecía de tesorería para atender la fuga de un 80 por ciento del total de su patrimonio.
Activa, la asociación de afectados por el llamado ‘corralito de Botín’, comunicó hoy que emprenderá medidas legales contra el presidente de la CNMV, Julio Segura, y cargó contra el papel jugado por el supervisor financiero en la suspensión de reembolsos.
Según el presidente de la asociación, Juan Manuel Moreno-Luque, la CNMV “batió el record Guinness” en la resolución del expediente administrativo que implicó la suspensión de los reembolsos. “En un único día, se presenta la solicitud de suspensión, se estudia, se subsana, se vuelve a analizar, y una vez rectificada, se despacha por el presidente de la CNMV, Julio Segura”, añade.
UN PLAN OCULTO DOS AÑOS
Asimismo, la asociación de afectados explicó hoy que “el Banco de Santander ocultó más de dos años su decisión de cerrar y liquidar el fondo”. A su juicio, “en enero de 2007 cesó la comercialización activa del fondo y se empezó a escribir, más que discretamente, su certificado de defunción”.
Según un informe elaborado por expertos y encargado por esta asociación, “la realidad fue que el Santander ejecutó el cierre y liquidación del fondo porque no podía mantener por más tiempo el artificio de un fondo exitoso y a pleno rendimiento, una vez que puso a salvo sus ingentes comisiones, 843 millones de euros, a sus clientes preferenciales y al presidente de la gestora, el señor Matías Rodríguez Inciarte, máximo responsable de tal estrategia.”
Finalmente, añaden que “el Santander sabía a finales de 2006 que es imposible mantener un modelo de negocio en el que la gestora y el depositario se apropian de todos los ingresos reales (ingresos por alquileres e ingresos financieros), y deja a los partícipes los ingresos virtuales (plusvalías latentes)”. Según Activa, este modelo “sólo se puede mantener en el escenario de una burbuja especulativa y, antes o después, se produce el colapso.”
