nuevatribuna.es
12 de junio de 2010, 13:55
NUEVATRIBUNA.ES/L.M. 11.06.2010
La reforma laboral ha cambiado de carril. Ahora, tras el fracaso de las negociaciones, los agentes sociales comienzan a desplegar sus efectivos por el Congreso de los Diputados donde la próxima semana se decidirá en qué condiciones se trabaja en España los próximos años. En el frente sindical preocupa, y mucho, la posición de CiU. El peso de los nacionalistas catalanes, muy sensibles a las tesis de la patronal, basta para inclinar la balanza del lado empresarial.
El Gobierno tenía previsto entregar en la mañana del viernes el mapa que describe cómo se trabajará en España los próximos años. En algunos aspectos, la reforma laboral sólo afectará a los nuevos contratados. En otros, en cambio, la reforma afecta a los más de 16 millones de asalariados que hoy trabajan en España. En cuestiones como el despido, por ejemplo.
El despido y sus causas ha sido una de las barreras que los sindicatos levantaron en contra de las tesis patronales esta semana y que impidieron el acuerdo. El jueves, a las seis de la mañana, los negociadores se levantaron de la mesa instalada en el Ministerio de Trabajo, sin ningún acuerdo. El Gobierno decidió que la reforma no puede esperar más. Por eso, los cambios en el mercado de trabajo los llevará a cabo por su cuenta el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la reforma que aprobará previsiblemente el próximo miércoles el Consejo de Ministros precisa de algunos apoyos para que logre entrar en vigor. CiU juega un papel clave en este sentido. Sus diez diputados bastan para que la reforma vea la luz, tal vez el próximo 22 de junio.
Los sindicatos temen que la patronal se salga con la suya con el apoyo de CiU en el Congreso. Por eso, el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ultima una serie de entrevistas con los grupos políticos en la Cámara Baja. En esta labor participará también la responsable de relaciones institucionales del sindicato, Laura Piñol, encargada de mantener contacto con las fuerzas políticas.
Los sindicatos temen que el Gobierno ceda a la pretensión de facilitar los despidos, tal y como exigen los empresarios. Un 80 por ciento de los despidos firmados el año pasado –más de un millón en total- se declararon improcedentes, lo que supone un coste al empresario en concepto de indemnización de 45 días por año trabajado. Ahora la patronal pretende variar esta situación. La Confederación empresarial quiere cambiar las normas y abrir así una vía para que gran parte de estos despidos pasen a ser procedentes. Para conseguirlo, intenta que se amplíen las causas que encuadran como procedente un despido. Un ahorro considerable, al reducir en la práctica la indemnización de 45 a 20 días.
PROBLEMAS CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Toxo y Méndez –líder de UGT- intentan además cerrar la puerta a otra exigencia de los patronos. En concreto, y dentro del ámbito de la negociación colectiva, los sindicatos pretenden impedir que las empresas puedan desmarcarse con mayor facilidad del cumplimiento de un convenio, como pretende la patronal. También rechazan dar más atribuciones a los empresarios a la hora de decidir sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE).
La subvención del despido a cargo del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) es otra cuestión que enfrenta a los agentes sociales. El Gobierno ha puesto sobre la mesa de negociación ayudar a los empresarios a pagar los despidos en parte; en concreto, ocho días del total previsto. Para los sindicatos, el despido improcedente nunca debería estar subvencionado por el Estado.
El próximo martes, Comisiones Obreras reunirá a su comisión ejecutiva para analizar la propuesta que el Gobierno les ha trasladado hoy viernes, un día en que Méndez, Toxo y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tenían previsto reunirse por la tarde en la sede del Ministerio. Por su parte, UGT ha reunido en la mañana del viernes a su comisión ejecutiva.
La reforma laboral ha cambiado de carril. Ahora, tras el fracaso de las negociaciones, los agentes sociales comienzan a desplegar sus efectivos por el Congreso de los Diputados donde la próxima semana se decidirá en qué condiciones se trabaja en España los próximos años. En el frente sindical preocupa, y mucho, la posición de CiU. El peso de los nacionalistas catalanes, muy sensibles a las tesis de la patronal, basta para inclinar la balanza del lado empresarial.
El Gobierno tenía previsto entregar en la mañana del viernes el mapa que describe cómo se trabajará en España los próximos años. En algunos aspectos, la reforma laboral sólo afectará a los nuevos contratados. En otros, en cambio, la reforma afecta a los más de 16 millones de asalariados que hoy trabajan en España. En cuestiones como el despido, por ejemplo.
El despido y sus causas ha sido una de las barreras que los sindicatos levantaron en contra de las tesis patronales esta semana y que impidieron el acuerdo. El jueves, a las seis de la mañana, los negociadores se levantaron de la mesa instalada en el Ministerio de Trabajo, sin ningún acuerdo. El Gobierno decidió que la reforma no puede esperar más. Por eso, los cambios en el mercado de trabajo los llevará a cabo por su cuenta el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la reforma que aprobará previsiblemente el próximo miércoles el Consejo de Ministros precisa de algunos apoyos para que logre entrar en vigor. CiU juega un papel clave en este sentido. Sus diez diputados bastan para que la reforma vea la luz, tal vez el próximo 22 de junio.
Los sindicatos temen que la patronal se salga con la suya con el apoyo de CiU en el Congreso. Por eso, el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ultima una serie de entrevistas con los grupos políticos en la Cámara Baja. En esta labor participará también la responsable de relaciones institucionales del sindicato, Laura Piñol, encargada de mantener contacto con las fuerzas políticas.
Los sindicatos temen que el Gobierno ceda a la pretensión de facilitar los despidos, tal y como exigen los empresarios. Un 80 por ciento de los despidos firmados el año pasado –más de un millón en total- se declararon improcedentes, lo que supone un coste al empresario en concepto de indemnización de 45 días por año trabajado. Ahora la patronal pretende variar esta situación. La Confederación empresarial quiere cambiar las normas y abrir así una vía para que gran parte de estos despidos pasen a ser procedentes. Para conseguirlo, intenta que se amplíen las causas que encuadran como procedente un despido. Un ahorro considerable, al reducir en la práctica la indemnización de 45 a 20 días.
PROBLEMAS CON LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Toxo y Méndez –líder de UGT- intentan además cerrar la puerta a otra exigencia de los patronos. En concreto, y dentro del ámbito de la negociación colectiva, los sindicatos pretenden impedir que las empresas puedan desmarcarse con mayor facilidad del cumplimiento de un convenio, como pretende la patronal. También rechazan dar más atribuciones a los empresarios a la hora de decidir sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE).
La subvención del despido a cargo del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) es otra cuestión que enfrenta a los agentes sociales. El Gobierno ha puesto sobre la mesa de negociación ayudar a los empresarios a pagar los despidos en parte; en concreto, ocho días del total previsto. Para los sindicatos, el despido improcedente nunca debería estar subvencionado por el Estado.
El próximo martes, Comisiones Obreras reunirá a su comisión ejecutiva para analizar la propuesta que el Gobierno les ha trasladado hoy viernes, un día en que Méndez, Toxo y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tenían previsto reunirse por la tarde en la sede del Ministerio. Por su parte, UGT ha reunido en la mañana del viernes a su comisión ejecutiva.
