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NUEVATRIBUNA.ES - 9.6.2010

Y así se lo ha hecho saber Gerardo Díaz Ferrán a sus vicepresidentes, en una reunión previa a la que ha iniciado después con Gobierno y sindicatos. El jefe de la patronal considera que hoy se deberían terminar las reuniones para pactar la reforma del mercado de trabajo, haya o no acuerdo. Debido a su convencimiento de que este miércoles terminará la negociación, Díaz Ferrán ha convocado para el jueves al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva de la CEOE.

De momento, Díaz Ferrán se ha reunido con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y con los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, con un esquema sobre la mesa que contiene los puntos fundamentales de la posible reforma. Se tratá, según parece, sólo de un esquema y en ningún caso del borrador del decreto que finalmente tendría que elaborar el Gobierno si fracasan las negociaciones.

El principal escollo para avanzar en la negociación sigue siendo la ampliación del uso del contrato de fomento del empleo estable, que cuenta con una indemnización de 33 días por año trabajado frente a los 45 actuales, y que no ha recibido el visto bueno de la CEOE porque no quiere que sustituya al contrato temporal, con un indemenización de 8 días por año. Los sindicatos tampoco ven con buenos ojos la universalización de este tipo de contrato, que actualmente se aplica a todos los colectivos menos a los varones de 30 a 45 años, porque supone un velado abaratamiento del despido.

Los sindicatos ya han advertido de que si la reforma laboral lesiona los derechos de los trabajadores irán a la huelga general y han apuntado al abaratamiento del despido como una de las causas que justificaría la convocatoria de esta movilización. Y, a menos que se produzca una aproximación en la mesa del diálogo social, todo apunta a que el 'decretazo' plantearía que los despidos en empresas en crisis puedan tener una indemnización de 20 días, en lugar de los 45 días que acaban pagando normalmente los empresarios.

En concreto, en virtud de lo que se conoce hasta la fecha, en la nueva reforma se reconocería como procedente un despido en caso de que la empresa alegue estar atravesando una mala situación económica, convirtiendo en ley algunas de las sentencias del Tribunal Supremo sobre esta materia. En estos casos, la indemnización se reduciría de 45 a 20 días.

Lo que argumentan los sindicatos para rechazar esta medida es que el despido de 20 días ya existe y que si no se usa es porque los empresarios prefieren evitarse problemas recurriendo al 'despido exprés', una modalidad de despido implantada durante el Gobierno de José María Aznar que permite, sin preaviso y sin tutela judicial, poner en la calle al trabajador en 48 horas reconociéndole una indemnización por despido de 45 días. Así se producen aproximadamente el 80% de los despidos en España.

LOS MODELOS IMPORTADOS

Frente a este despido con el que los empresarios pretenden ganar rapidez, está el despido por causas objetivas, de 20 días, basado en razones económicas, tecnológicas y organizativas, en el que se exige al empresario que ha despedido al trabajador que acredite dichas causas ante el juez, arriesgándose a que, después del trámite judicial, se estime improcedente el despido y tenga que pagar 45 días de indemnización al trabajador.

El modelo alemán, que permitiría combinar la reducción de jornada con compensaciones externas, y el modelo austriaco, basado en la creación de un fondo nominal, nutrido con aportaciones empresariales, que el trabajador podría cobrar al ser despedido o guardar para más adelante si cambia de empresa, son otros asuntos que podrían formar parte del decreto del Gobierno, al igual que la posibilidad de que el Estado se aviniera a pagar parte de los costes del despido (en un principio se habló de ocho días).

Está por ver también si el Ejecutivo atenderá la demanda empresarial de extender desde los 21 a los 30 años el tope de edad para poder hacer contratos formativos, si tomará una solución intermedia o si no tocará este contrato. A los sindicatos no les gusta nada la idea de que se amplíe la edad tope para este contrato, pues ello supondría precarizar aún más el empleo juvenil.

A la CEOE le fastidia que haya voluntad de seguir negociando la reforma