jueves 21/10/21

420 torpezas

En medio de las críticas de los sindicatos y de la izquierda parlamentaria a la ayuda de 420 euros a los parados sin cobertura, que según todos ellos "se queda muy corta", el Gobierno se defiende argumentando que aún tiene margen para negociar y sacarla adelante con el máximo consenso posible. El debate y votación del decreto ley se celebrará el día 17.
NUEVATRIBUNA.ES - 01.09.2009

La confusión montada en torno a la nueva renta de 420 euros supone un misterio más dentro de la política informativa del gobierno y,por extensión, del conjunto de su política. Además, el ‘guirigay’ informativo sobre la nueva renta ligada a la formación aparece en el peor momento posible, en un momento en que debería imperar una claridad máxima y una limpieza de formas que hoy se antojan muy lejanas a la ejecución de su política.

Tras la lluvia de millones otorgada a la banca y otros sectores, resulta muy difícil entender que ahora se nieguen los recursos necesarios para atender a las 600.000 personas que quedarán fuera de los planes del Ejecutivo y, por tanto, carentes de la más mínima protección.

En este sentido, los sindicatos y los partidos políticos de la izquierda parlamentaria tildaron este martes la medida de “muy insuficiente” y pidieron al gobierno que amplíe los recursos para atender a estas personas. Comisiones Obreras alegó que “si hay dinero para otras cosas, tiene que haber dinero para las personas“, en palabras de la responsable de empleo Paloma López que el lunes asistió a la reunión donde, a horas tan intempestivas, el ministro Corbacho explicó la falta de recursos del Estado para ayudar a los parados que agotaron el subsidio y la prestación. Después de la cita, en la que el Gobierno ofreció ampliar la ayuda a las personas que perdieron las citadas rentas públicas a partir del 1 de junio, López insistió en demandar al Gobierno que la ayuda beneficie a más personas y durante más tiempo, el necesario mientras dure la crisis.

Por otra parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, advirtió unas horas después de que muchos parados que tenían contrato temporal y que han agotado las prestaciones se quedarán fuera de la ayuda de 420 euros mensuales si el Gobierno sólo decide ampliar el plazo hasta el 1 de junio.

El coste total de la ayuda, si incluyera a todas las personas con la prestación y el subsidio agotados, rondaría los 1.000 millones de euros, una cifra muy alejada de los 340 millones que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para aliviar las dificultades de sólo 340.000 personas, todos aquellos que perdieron esas ayudas tras el pasado 1 de agosto. Si finalmente la fecha elegida para determinar quién puede reclamar los 420 euros es el 1 de junio, habría 100.000 beneficiarios más. Sin embargo, esos 1.000 millones permitirían, tras los rescates millonarios de la banca y otros sectores, solventar, al menos parcialmente, la situación de emergencia en que se encuentran cerca de 950.000 personas.

“INACEPTABLE” PARA LA IZQUIERDA

La lucha por ampliar el subsidio a los desempleados no sólo se libra en la mesa de negociación sindical. El Congreso de los Diputados constituye el otro escenario donde el Gobierno deberá lograr el apoyo de los grupos políticos para sacar adelante el real decreto-ley aprobado en agosto en un Consejo de Ministros extraordinario. En este ámbito, la izquierda parlamentaria, Izquierda Unida (IU) y Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), rechazó respaldar la “inaceptable” medida de apoyo a los parados en el trámite de convalidación del decreto ley, que tendrá lugar el próximo día 17 según ha acordado la Junta de Portavoces del Congreso.

"La cobertura debe ser la inmensa mayoría, no el 40 por ciento; calculamos que, fijando el 1 de enero como el punto de partida, se alcanzaría el 85 por ciento" de la población afectada, dijo este martes el diputado de IU, Gaspar Llamazares, tras plantear al Gobierno sus reivindicaciones de lo que, en su opinión, debería ser una "verdadera norma" de protección y no una muestra más de la "actitud limosnera" que, a su juicio, sostiene el Ejecutivo.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, planteó también su veto a la medida. “No dudamos de la bondad de las propuesta, pero nuestra posición no ha variado”, dijo. “El que tiene que mover ficha es el Gobierno", añadió el dirigente republicano que además recordó al Ejecutivo que no cuenta con "apoyos claros" en las Cortes.

Fuentes sindicales confiaron hoy en que la presión sobre el Gobierno dé sus frutos, considerando que los grupos políticos tendrán muy en cuenta el rechazo sindical a la medida. De momento, fuentes socialistas han apuntado que la cobertura de las ayudas será superior al umbral del 1 de junio, fecha propuesta por Corbacho, aunque está por ver que se extienda hasta el 1 de enero reclamado por la izquierda parlamentaria.

Por otra parte, la presente sería una buena ocasión para que el Gobierno rectificara su política de ‘globos sonda’ que hoy también criticaron los grupos de la izquierda. El menudeo informativo, que el Gobierno ha utilizado en asuntos tan sensibles como el de los impuestos, choca frontalmente con la ansiada vuelta de la confianza a la economía española, en un momento crucial, cuando se inicia el curso político y el otoño amenaza con engrosar con aún más gente las listas del desempleo.

Sólo en caso de que el Gobierno logre instaurar un discurso nítido y coherente, y se decida de una vez a clarificar sus políticas sociales y económicas, logrará que germinen al fin los manidos y no natos ‘brotes verdes’, que, en caso contrario, amenazan con pasar de largo y dejar a la economía española sumida en una permanente situación de debilidad que se prolongará tanto cuanto tarde en desinflarse la burbuja inmobiliaria. Salvando las distancias, en Japón llevan así ya más de diez años. Y, con un 6 por ciento de paro, los electores enviaron el domingo a paseo al Gobierno.

420 torpezas
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