Un día después de que haya finalizado el plazo dado por el Gobierno para que los empresarios con trabajadores irregulares normalicen su situación sin tener que hacer frente a sanciones administrativas, la secretaria para la Igualdad de UGT, Almudena Fontecha, "un plan de carácter excepcional debería haberse acompañado de un aumento de recursos humanos y económicos".
"España es el país de la UE con menos efectivos desde el punto de vista de la Inspección de Trabajo", ha explicado, para añadir que se trata de un plan que va dirigido "única y exclusivamente a una parte de la economía irregular", la que tiene que ver con la falta de alta en la Seguridad Social.
Si bien, para el sindicato el trabajo no declarado significa mucho más: una vulneración de los derechos de los trabajadores, porque implica por ejemplo la pérdida de prestaciones; una menor retribución salarial o incumplimientos de convenio en materia de seguridad y salud en el trabajo; y, además, en muchos casos, una vulneración de derechos fundamentales como seres humanos.
Sanciones hasta de 10.000 euros
El Gobierno ha endurecido desde este lunes las sanciones administrativas a las empresas que empleen a trabajadores de forma irregular, con multas que pueden alcanzar hasta 10.000 euros, cuantía superior en cinco veces a las actuales.
El pasado 29 de abril el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley de medidas para la regularización y control del empleo sumergido, que fijaba un periodo de regularización voluntaria de tres meses, hasta el 31 de julio.
El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, siempre ha defendido que el plan persigue recuperar el mayor número de cotizantes posibles, y que no conllevaría ningún tipo de amnistía, puesto que los empresarios sólo podrán acceder a bonificaciones y ayudas una vez que den de alta en la Seguridad Social a los empleados 'sumergidos'.
El plan establece que una empresa que incumpla la obligación de alta de un trabajador en la Seguridad Social tendrá a partir de hoy una sanción mínima de 3.126 euros, cinco veces superior a la actual de 626 euros, y máxima de 10.000 euros, frente a los 6.250 euros actuales.
Cuando el trabajador compatibilice el cobro de la prestación por desempleo con trabajos 'en negro', la empresa verá incrementada la sanción mínima de 6.251 euros a 10.000 euros, mientras que la máxima se mantendrá en los 187.515 euros.
Fuentes del Ministerio de Trabajo que la cartera dirigida por Valeriano Gómez facilitará a partir de septiembre los primeros resultados del plan para luchar contra el empleo ilegal. En cualquier caso, el ministro ya avanzó que una forma de conocer los efectos de las medidas sería ver si la afiliación a la Seguridad Social aumentó de mayo a agosto.
