martes 19.11.2019

¿Se debería permitir por ley la denuncia a los defraudadores a cambio de un incentivo?

Gestha
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En septiembre de 2012 conocimos por la prensa que el Tesoro de Estados Unidos había decidido pagar más de 80 millones de euros a un ciudadano por denunciar cómo el banco para el que trabajaba, el suizo UBS, había ayudado a más de 17.000 clientes a evadir fondos hacia cuentas secretas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos.

Esta recompensa se convirtió en la mayor retribución concedida bajo la False Claims Act, una ley de 1863 actualizada recientemente que premia a los empleados de entidades financieras que denuncian a sus propias empresas cuando sospechan que incumplen con Hacienda. Y, según Estados Unidos, el premio está totalmente justificado, ya que la denuncia permitió al gobierno federal recaudar la friolera de casi 4.000 millones de euros adicionales, una cantidad que en España serviría, por poner un ejemplo, para no haber recortado el salario de los funcionarios; o, por ser más gráficos, el equivalente al 40% de todo lo recaudado en 2012 por la lucha contra el fraude.

Precisamente por el efecto que este tipo de denuncias pueden tener sobre las arcas públicas, el gobierno de Canarias estudia dar incentivos a aquellos contribuyentes que delaten posibles fraudes fiscales, ya sea a través de algún tipo de exención o bonificación. Pero esta posibilidad, aunque hoy en día no se aplica, recordemos que sí estuvo en vigor entre 1964 y 1987, a través del artículo 103 de la antigua Ley General Tributaria.

De hecho, el premio al delator oscilaba entre el 20% y 30% del importe de la sanción impuesta al denunciado. Sin embargo, esta medida desapareció a partir del 1 de enero de 1987 porque se identificaron situaciones anómalas de empresas o personas dedicadas profesionalmente a detectar fraudes y que querían intervenir en los procedimientos de la Agencia Tributaria (AEAT). Todos sabemos que la ‘picaresca’ es bien común en nuestro país.  

Por aquel entonces, la AEAT tenía poca capacidad para atender todas la denuncias, por lo que hubo contribuyentes que se dedicaron a pedir directamente dinero a los empresarios o particulares que iban a denunciar por supuesto fraude, en una especie de extorsión o chantaje con el que conseguían dinero fresco a cambio de no poner la denuncia. Y fue este uno de los motivos que llevó al Gobierno a derogar la ley.

Por tanto, aunque este tipo de medidas puede parecer a bote pronto un buen estímulo para la lucha contra el fraude, los Técnicos de Hacienda creemos que no es una solución adecuada, ya que si el denunciante se mueve por un interés legítimo, debería hacerlo sin esperar ninguna compensación económica. Además, en contextos económicos adversos como el actual, muchas empresas suelen denunciar a otras por supuestos fraudes fiscales cometidos contra Hacienda, aunque en el fondo lo único que buscan es deshacerse de su competencia a través de denuncias falsas o con poco fundamento.

Contesta Carlos Cruzado

Presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA)

¿Se debería permitir por ley la denuncia a los defraudadores a cambio de un incentivo?
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