jueves. 28.03.2024

Uno de los mayores problemas que tienen las pequeñas y medianas empresas españolas (que representan más del 80%  del empleo de nuestro país) y los trabajadores autónomos es que las administraciones públicas le deben una gran cantidad de dinero: 35.000 millones de euros a las pymes y unos 15.000 millones a los autónomos.

El fraude de las grandes fortunas y grandes empresas es el 75% del total mientras que el de las pymes representa el 17% y el de los trabajadores autónomos el 8,6%

Esa deuda es una losa gigantesca con la que es muy difícil por no decir imposible que levanten cabeza estos empresarios. Algo que sería muy necesario puesto que crean casi el 90% del empleo nuevo que se genera en España.

La mayoría de los empresarios y empresarias que conozco echan la culpa de esa deuda al Estado, como si éste no les pagara por capricho, creen que su enemigo es el gasto excesivo que hacen las administraciones públicas y reclaman en compensación no pagar IVA mientras no cobren dichas cantidades. Esto último me parece justo como solución transitoria pero no creo que esa sea la mejor a medio y largo plazo ni la que más convenga a estos empresarios. Y lo que me extraña es que, estando acostumbrados a hacer números, no se hayan dado cuenta de que hay otra fórmula más justa y eficaz para que sus empresas y el conjunto de la economía salgan adelante mucho más satisfactoriamente.

Como he dicho, la deuda total con autónomos y pymes es de unos 50.000 millones de euros. Pues bien, según los técnicos del Ministerio de Hacienda que de esto son los que más saben, la evasión fiscal de las grandes empresas y grandes fortunas españolas fue de unos 42.711 en 2010. Es decir, que simplemente logrando que los más ricos de España pagaran como los demás podría saldarse la deuda que atenaza a estos empresarios en un solo año y evitar que volviera a repetirse en el futuro.

Claro que la cosa no puede terminar aquí. El fraude de las grandes fortunas y grandes empresas es el 75% del total mientras que el de las pymes (que constituyen el 97% del tejido empresarial español) representa el 17% y el de los trabajadores autónomos el 8,6%. Es mucho menos que el de los más ricos pero también hay que acabar con él porque no es justo que prácticamente solo los asalariados de menor renta sean los que estén libres de pecado fiscal.

Es una prueba más de que la solución ante la deuda que proponen los neoliberales, recortar gasto público y especialmente el de carácter social, no es la única ni la mejor. Cuanto menor sea este gasto, menos demanda tendrán las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores autónomos y peor será su situación. Por el contrario, acabar con la evasión fiscal es mucho más expedito, más eficaz y menos oneroso para las propias empresas y para el conjunto de la sociedad.

Si no se hace asi, porque siga predominando la estrategia de reducir la inversión pública y el gasto social (para que los ricos tengan que pagar menos impuestos y no haya dinero suficiente para financiar los servicios públicos y se privaticen más fácilmente) las consecuencias serán nefastas para todos: las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que viven de este gasto perderán actividad y terminarán cerrando y destruyendo empleo.

Así que estos empresarios que se quejan con mucha razón de esta deuda no deben llevarse a engaño. Su enemigo no es la actividad pública (que es la que les proporciona el capital y las infraestructuras que necesitan y que ellos no podrían fiananciar por sí mismos) sino las grandes empresas y grandes fortunas que evaden sus obligaciones con el fisco.

¿Quién arruina a las pequeñas y medianas empresas que crean empleo?