El Gobierno ha dejado caer recientemente su intención de reducir en unos 10.000 millones de euros el gasto anual en Sanidad y Educación. Aunque por el momento no se ha especificado el modo en que se llevará a cabo esa "racionalización", el ministro De Guindos lanzó a modo de globo sonda la posibilidad de comenzar a cobrar a las rentas de más de 100.000 euros por el uso del sistema público sanitario.
El hecho de que el resto de su partido se diera prisa en corregir sus declaraciones y atribuirlas a una reflexión personal no resta un ápice de gravedad al asunto. No en vano, en nuestro país son unos 250.000 los contribuyentes que superan ese límite de renta. Puede que sean pocos en cuánto a número (el 0,8% del total), pero en materia de aportación declaran un importe de más de 50.800 millones de euros, cerca del 10% del total en el IRPF.
Se supone que el Estado del Bienestar se asienta sobre una Sanidad universal, pública y gratuita si bien todos contribuimos a ella a través de nuestros impuestos. Entonces, ¿cómo se justifica siquiera plantear el eliminar dicha gratuidad a un segmento de la población? La idea es aún más perversa si se tiene en cuenta que este colectivo es precisamente, en términos relativos, el que mayores fondos aporta para sostener el sistema.
En lugar de especular peligrosamente con este tipo de medidas restrictivas de los servicios públicos, la Administración debería apostar por incrementar los ingresos con los que estos se financian. Algo que no implica necesariamente aumentar los impuestos, sería más de lo mismo, sino mejorar la eficacia en su recaudación y gestión, controlar el gasto con auditorías internas e impulsar la lucha contra el fraude, verdadero enemigo de nuestro Estado del Bienestar.
Carlos Cruzado
Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA)
