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NUEVATRIBUNA.ES / AGENCIAS - 9.9.2010

El grupo socialista ha tenido que jugar en cada votación con los apoyos de distintos grupos de la oposición para sacar adelante sus propuestas y eliminar aquellas que pasaron el filtro de la Cámara Alta con su voto en contra.

Aunque el debate, que se inició con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, como único representante del Gobierno, se centraba exclusivamente en las enmiendas, todos los portavoces han aprovechado para expresar una posición global sobre la norma. A excepción del PSOE, ha sido unánime el reproche al Gobierno por parte de todas las fuerzas políticas, entre llamamientos a la huelga por parte de ERC, IU e ICV.

Finalmente, la norma respeta el texto pactado por PSOE y PNV que concreta las causas económicas para el despido objetivo, de 20 días de indemnización, que podrá justificarse por pérdidas "actuales o previstas" o la "disminución persistente del nivel de ingresos", suprimiendo un punto y coma introducido por CiU en el Senado que, según el PSOE, "desvirtuaba" y "ampliaba" los supuestos. Además, se justifica el despido por absentismo laboral, fijando un límite del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos, o el 25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año, siempre que la media de la plantilla no supere el 2,5%, después de que el PSOE lograra eliminar una enmienda del PNV que suprimía este umbral mínimo.

El PSOE también ha logrado eliminar otra de las enmiendas introducida por el PNV que obligaba a las empresas a hacer fijos sólo a aquellos trabajadores que hayan encadenado contratos durante tres años desempeñando el mismo puesto de trabajo y con idéntica actividad, mientras que a partir de ahora sólo tiene que estar en la misma empresa durante ese mismo periodo. No obstante, sí se ha aceptado la propuesta del BNG para que la prestación por desempleo parcial se calcule por horas y no por días y que sea equivalente al de la reducción de la jornada autorizada.

Los socialistas sí han logrado que prosperaran la reducción de 100 a 30 días del 'periodo de gracia' del que disponen los parados para rechazar cursos de formación sin ser penalizados, así como modificaciones en el marco de la intermediación laboral de las empresas de trabajo temporal (ETT's) y las nuevas agencias de colocación.

Celestino Corbacho ha augurado larga vida a la reforma: "El tiempo lo dirá, pero probablemente su vigencia será mucho más larga de lo que muchos piensan". El ministro ha destacado el "carácter equilibrado" del texto y ha asegurado que su aprobación coincide con el inicio de la recuperación económica en un escenario de "post crisis", sin poner en cuestión las instituciones básicas como la causalidad de la contratación temporal y la tutela judicial del despido y respetando "íntegramente" los derechos de los trabajadores.

LA IZQUIERDA HACE HINCAPIÉ EN LA HUELGA

El representante de ERC, Joan Tardá, ha señalado que sólo queda salir a la calle contra la reforma, aunque ha explicado que su formación actúa de manera "responsable" votando con el PSOE para eliminar enmiendas que facilitaban el despido por absentismo. "Pero que no se engañen", ha advertido Tardá, quien ha realizado un llamamiento a la huelga desde la tribuna. "Los trabajadores y trabajadoras no nos merecemos este comportamiento del Gobierno", ha insistido.

El diputado de ICV, Joan Herrera, ha asegurado que el Gobierno trata de "arrinconar" a la izquierda social minimizando la huelga general del 29 de septiembre convocada contra una reforma "que no sirve para crear empleo", sino para "precarizar" los derechos laborales, reduciendo salarios y extendiendo el "despido exprés". "Nunca como hoy un Gobierno se merece una huelga general", ha remarcado.

La representante del BNG, Olaia Fernández Dávila, ha calificado de "vergüenza" la ausencia del Gobierno en el debate y ha arremetido contra una reforma laboral que "va en contra de los derechos laborales". La diputada de Coalición Canaria Ana Oramas ha remarcado que la reforma no cuenta con el apoyo de los "nacionalistas" porque no gusta a empresarios, sindicatos, ni a la mayoría del Parlamento.

La diputada de Na Bai, Uxue Barkos, ha asegurado que el texto final se limita a definir el "abaratamientos" del despido que no es el "revulsivo" que requiere el mercado para "salir del túnel", mientras que por parte de UPN, Carlos Salvador, ha lamentado que el Gobierno no ha escuchado ninguna de las propuestas de su formación.

La diputada UPyD, Rosa Díez, ha calificado la reforma como una "tragedia" y un "engaño" para los cuatro millones de parados y todos los trabajadores, criticando que haya sido tramitada sin transparencia para dar lugar a una "chapuza".

De la otra parte, el socialista Jesús Membrado ha expresado el respeto de su formación tanto a las críticas de los sindicatos como a la movilización, provocando los aplausos de la bancada del PSOE, y ha calificado de "coherente" programático el rechazo de las minorías de izquierda, si bien ha arremetido contra el PP que, a su juicio "no ha aportado" nada salvo el voto negativo "sin dar la cara" y con "mensajes apocalípticos".

El 'popular' José Ignacio Echániz ha asegurado que, pese a los "intrascendentes" cambios introducidos por el Senado, el Gobierno sigue "en la más absoluta soledad" sin el apoyo ni de agentes sociales ni grupos políticos. "Es la primera reforma laboral de la historia que un Gobierno impulsa en solitario sin el apoyo de nadie", ha lamentado.

El diputado de CiU Carles Campuzano ha señalado que las últimas cifras de paro confirman que las "injusticias" del mercado laboral español "no se están corrigiendo" con la reforma. Asimismo, ha lamentado que la "penalización" de la contratación laboral no va en la buena dirección, porque fomentará el despido. "Hemos asumido nuestras responsabilidades, pero no es la reforma de CiU", ha remarcado.

Y el diputado del PNV, Emilio Olabarria, ha señalado que la reforma es "fallida" y que no afloran "debidamente los problemas" en materia de encadenamiento de contratos temporadas y en cuanto a la presencia "sobredimensionada y desmesurada" de los sindicatos en las empresas más pequeñas. Son muchos los fracasos, ha asegurado Olabarria, si bien ha celebrado que el parlamentarismo haya permitido resolver los "desgarros" que contenía el texto original.

"Nunca como hoy un Gobierno se había merecido una huelga general"