El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, comparecerá este martes ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados para presentar el informe anual elaborado por el supervisor, ocasión que todos los grupos de la oposición aprovecharán para criticar su gestión al frente del supervisor en la recta final del proceso de reforma del sistema financiero.
El PP quiere que Fernández Ordóñez explique la situación del sector financiero y aclare las medidas que va a llevar a cabo para "reestablecer la reputación" de la institución que preside tras una serie de "anomalías e incidencias" en relación con la reestructuración de las cajas de ahorros, un proceso también cuestionado por las formaciones nacionalistas.
Por su parte, ERC, IU e ICV reprocharán al gobernador lo que han calificado en varias ocasiones de "irresponsable dejación de funciones", al no velar por que se "restablezca el flujo de financiación".
EL PP NO SE FÍA
Respecto a la nueva fase en la que ha entrado el proceso, Fernández Ordóñez sostiene que los requerimientos de capital exigidos por el Real Decreto del pasado mes de febrero son "suficientes" para asegurar la solidez del sistema bancario español, aunque si la banca mostrase mayor necesidad de capital tras las pruebas de resistencia sin que las propias entidades o el mercado puedan cubrirla, el FROB aportaría los fondos adicionales.
No obstante, los 'populares' llaman la atención sobre el hecho de que se trata de la cuarta reforma del sector que el Gobierno plantea "con urgencia" desde el inicio de la crisis, por lo que pretenden centrar el debate en la actuación del Banco de España en materia de supervisión del sistema financiero.
TECHOS DE GASTO Y SANCIONES
Asimismo, Fernández Ordóñez se pronunciará sobre la situación económica de España y reiterará sus posiciones acerca de las reformas más urgentes que precisa la economía española, en especial en la del ajuste presupuestario.
Así, el informe del Banco de España recomienda la aplicación de reglas de gasto en las comunidades autónomas que incorporen mecanismos que obliguen a su cumplimiento, como podría ser el establecimiento de sanciones para aquellos territorios que incumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria, si bien esta propuesta no ha recibido apoyo ni del Gobierno ni del PP.
